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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tras encontrar que, al 31 de diciembre de 2017, tenía seis demandas civiles por 193.7 millones de dólares pendientes de resolución en los tribunales.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe señaló que la pagadora especial realizaba funciones conflictivas ya que, además de tramitar los cheques emitidos, tramitaba los cheques devueltos. Para el período auditado, se emitieron 169,030 cheques y transferencias por 245.1 millones de dólares.
Además, la pagadora no preparaba, certificaba ni remitía la lista de cheques emitidos del mes anterior a la directora de Finanzas y Presupuesto, según dispone el Reglamento de Normas Básicas. Estas situaciones impiden tener un control adecuado en las operaciones de pagaduría y propicia que se cometan errores sin que se puedan detectar a tiempo.
FUENTE: elvocero.com
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