Contratista de Hacienda confirma fraude millonario

“Sí podemos confirmar que existe un fraude millonario en la venta y tramitación de sellos y comprobantes, pero que el mismo es identificado, localizado y documentado por nuestro sistema y no como se ha dado a entender de que el fraude es producto de nuestro contrato con Hacienda o promovido o generado por nosotros, sino todo lo contrario”, sostuvo Goble.

Sin presentar evidencia, Goble afirmó, además, que el sistema de su empresa para la venta, cobro y suministro de las máquinas de impresión de sellos y comprobantes de Hacienda “ha sido clave” en una investigación del 2016, que desembocó en el allanamiento de una armería.

En el 2016, la División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico junto al Servicio Secreto de Estados Unidos allanaron una armería en San Juan como parte de una pesquisa sobre falsificación de sellos de rentas internas del Departamento de Hacienda.

Los sellos y comprobantes de Hacienda son vitales prácticamente para cualquier gestión en la isla. Se usan para la emisión de certificados de nacimiento, toda transacción con autos (venta, compra y traspaso), documentos legales -como las escrituras de compra y venta de propiedad inmueble- y para múltiples trámites gubernamentales.

El fraude con los sellos y comprobantes al que aludió el presidente de OPG Technology es investigado por las autoridades federales, confirmaron fuentes de este medio.

Anualmente, la venta de sellos y comprobantes le deja aproximadamente más de $500 millones anuales de ingresos al gobierno.

Este diario supo que la exsecretaria de Hacienda Teresita Fuentes buscaba fiscalizar la operación de OPG Tecnhnology en torno a la venta de los sellos y marbetes.

Para realizar esa gestión, Fuentes ordenó evaluar el contrato de la empresa y una auditoría forense, dijeron tres fuentes. Con su salida de la agencia la semana pasada, la auditoría quedó inconclusa.

A Fuentes, le preocupaba la posible reproducciónilegal de sellos y comprobantes y si el sistema de OPG Technology tenía salvaguardas para evitarlo, dijeron las fuentes.

Ayer, la extitular de Hacienda rechazó nuevamente hacer expresiones públicas al respecto.

Goble proveyó a este diario dos cartas circulares que describen los elementos de seguridad de los sellos y los comprobantes.

El contrato, verificó este diario, establece un lenguaje vago para indicar que se le deben proveer al secretario de Hacienda o un representante autorizado “inspecciones periódicas” de las ventas y el sistema computadorizado de la empresa.

La exsecretaria no estaba recibiendo informes sobre las ventas de los sellos y comprobantes, lo que le permitiría saber con precisión cuánto dinero debía recibir Hacienda, dijeron, al menos, tres fuentes.

Advertida la Controlara

La contralora Yesmín Valdivieso afirmó ayer que concurre con las preocupaciones que la exsecretaria de Hacienda le expresó durante un encuentro que tuvieron antes de su dimisión sobre la administración del contrato de OPG Technology.

La contralora dijo que, más que una preocupación sobre la legalidad de la contratación o del servicio prestado, la inquietud de Fuentes -y la de ella- gira en torno a ciertas cláusulas del contrato que limitan los controles que el Departamento de Hacienda puede ejercer sobre el servicio prestado por el contratista.

“Cuando Teresita viene, y nos trae todos estos ‘issues’ de que el contrato no requiere informes, pues mira eso es algo básico”, dijo la contralora.

“No quiere decir que necesariamente haya una ilegalidad, lo que hay es una falta de control”, agregó la contralora, quien advirtió, sin embargo, que se trata de transacciones de mucho dinero.

Preocupación confirmada

Valdivieso explicó que Fuentes le hizo saber que OPG Technology no emitía informes periódicos sobre las ventas realizadas y el dinero cobrado, de manera que cuando la empresa retiene el porcentaje que le corresponde por las transacciones realizadas, Hacienda no tiene manera de corroborar el monto de las ventas generadas.

“Que yo te diga: esta semana hubo mil transacciones, mil compras de sellos, tantos de $5, tantos de $10, se generaron $10,000 y, de esto, yo me quedó con X”, ejemplificó la contralora sobre el detalle que debería exponer el contratista al Departamento de Hacienda. “¿Cómo sé yo lo que tú te pagaste si no tengo un informe semanal, mínimo mensual?”, cuestionó.

La funcionaria explicó que, cuando su oficina evalúa los contratos en sus auditorías, además de los controles en su implementación, también analiza el beneficio que rinde.

Valdivieso dijo que no ha analizado al detalle este contrato, pero que tiene la impresión de que el servicio que ofrece OPG Technology puede ser conveniente y necesario tanto para la agencia, como para el público y los abogados que usan ese servicio.

“Aunque yo le pague a un contratista, si yo hago bien mi contrato, esa tecnología puede ser mía, y entonces yo puedo tener el control de ella”, sostuvo.

Respecto a sus controles de seguridad, Goble proveyó una carta del 23 de abril de 2015 del Departamento de Seguridad Nacional federal en la que solicitan acceso a la plataforma de venta de sellos y comprobantes

También entregó una carta, sin firmar, del 26 de noviembre de 2018 en la que piden a un ayudante especial de Hacienda que coordinen una reunión “a la mayor brevedad” con el fiscal Gilberto Gierbolini, director de Sistemas de Información de Justicia, para discutir hallazgos de modalidades de fraude en aranceles digitales en el Registro de la Propiedad.

Ni el Departamento de Hacienda ni el Registro Demográfico dieron entrevista o reaccionaron a este diario.

Goble indicó en sus declaraciones que tras el allanamiento, “se implementaron una serie de proyectos estratégicos con el propósito principal de lograr mayor fiscalización y transparencia”.

Sin embargo, aunque se le solicitó, no precisó en qué consistieron esos proyectos.

Goble aclaró que el contrato no fue cancelado bajo la administración de Alejandro García Padilla cuando Juan Zaragoza era secretario de Hacienda.

“Usé el término incorrecto. No se le canceló, pero tampoco se le renovó. La ventaja que yo tuve es que ese contrato expiraba mientras yo estaba en Hacienda”, dijo el exfuncionario.

Zaragoza recordó la opinión legal de Justicia, emitida el 10 de enero de 2014, sobre la legalidad del contrato de OPG Technology, que sostiene que el pacto tenía cláusulas que lo hacían “ilegal e inválido”.

El contrato fue objeto de un litigio en el Tribunal Federal que terminó con un acuerdo ratificado el 22 de marzo de 2017. La transacción es sellada, según indica el registro del tribunal. Pero el mismo contrato establece que existió el pleito y el acuerdo firmado en marzo de 2017.

El registro del Tribunal Federal da cuenta que, desde el 11 de enero de 2017, se informa que hay una nueva administración y que están en ánimo de llegar a una negociación.

En esta historia colaboró Wilma Maldonado.

FUENTE: elnuevodia.com