Puerto Rico 03 julio 2017

Convictos por corrupción testificarán contra Perelló

Anaudi Hernández también ha servido como testigo de los cargos presentados contra la exsenadora popular Mari Tere González.

No habrá foto en el bote, ni sonrisas. Quizás ni se crucen en el camino.

Pero el exrecaudador de la Pava, Anaudi Hernández y el otrora contador público Lutgardo Acevedo volverán a juntarse en la misma orilla. Ambos serán testigos de cargo contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.

La semana pasada, durante la vista en que se encontró causa para el arresto del exlíder cameral, el juez Edgar Figueroa del Tribunal de San Juan leyó la lista de testigos del caso.

Al final del listado, resonaron los nombres de Hernández y de Acevedo. La última vez que coincidieron -en papel- estaban en bordes distintos: Acevedo encabezaba el epígrafe de la acusación federal y Hernández era identificado como la “Persona D”, un empresario del área de Aguadilla y testigo en su contra.

Ahora, los amigos de la infancia se reencontrarán como testigos para tratar de probar dos de las nueve denuncias que encara Perelló relacionadas a un donativo de $10,000 que el contador público hizo a su campaña política.

Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Leticia Pabón imputan al exlíder cameral omitir el donativo en el informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental. Por esa omisión, lo acusaron de perjurio, falsificación ideológica y de posesión y traspaso de documentos falsos.

En los cargos de falsificación ideológica y de posesión y traspaso de documentos falsos, Hernández y Acevedo figuran como testigos.

Actualmente, Acevedo extingue una pena federal de nueve años por conspirar para sobornar al entonces juez Manuel Acevedo Hernández para que lo absolviera del homicidio negligente del guardia de seguridad Félix Babilonia.

Los fiscales especiales independientes también imputan a Perelló una violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y otra a la Ley de Ética Gubernamental; así como cargos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y malversación de fondos públicos.

Los cargos están relacionados a los supuestos actos indebidos o ilegales que cometió Perelló al otorgar un contrato a la compañía 3Comm Global, de Hernández y de su exsocio Héctor Vargas, para instalar un cuadro telefónico y ofrecer servicio de telefonía en la Cámara de Representantes. El dúo formaba parte del comité de finanzas de exlíder cameral.

Hernández y Vargas se declararon culpables a nivel federal tras lograr acuerdos de colaboración con la fiscalía. En el foro estatal, tienen acuerdos de inmunidad con la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

El exayudante de la Cámara, Glenn Rivera, también encara cuatro denuncias. Pero queda pendiente una decisión del juez Figueroa en los casos del abogado Ángel Muñoz Noya y José Carrión, quienes colaboraron en la campaña de Perelló.

Según los abogados Ricardo Prieto y Germán Rieckehoff, los fiscales especiales independientes carecen de jurisdicción para acusar a sus representados.

La vista preliminar de Perelló y Rivera está pautada para el 15 de agosto.

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