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EL CAPITOLIO (CyberNews)- La Asamblea Legislativa, en conjunto con el Ejecutivo, el poder judicial y las entidades que atienden a los menores participaron el jueves de la Cumbre contra la violencia sexual infantil, para trabajar en dos proyectos de ley sobre el tema.
El Proyecto de la Cámara 1932 pretende instituir una pena agregada para los delitos contra la indemnidad sexual de un menor, con el propósito de extender la supervisión del Estado, en la modalidad de libertad supervisada, para monitorear el proceso de adaptación y rehabilitación de la persona convicta por los delitos de agresión sexual, incesto, actos lascivos, trata humana con fines de explotación sexual, pornografía infantil y la seducción, persuasión, atracción y coacción de menores a través de la internet y medios electrónicos o sus tentativas, luego de completar la pena original dispuesta en cárcel; y para otros fines relacionados.
De otra parte, el Proyecto de la Cámara 1933 enmienda los “Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual” (CIMVAS) para convertirlos en los “Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención”, que se conocerán como los Centros PITI, en memoria de la expriemra dama y representante Luisa “Piti” Gándara Menéndez.
Gándara Menéndez fue la autora en el 2013 de los Centros CIMVAS.
Las medidas, que cuentan con el respaldo de todos los representantes, surgen de los esfuerzos de la exsenadora, Zoé Laboy Alvarado y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.
“La capacitación y sensibilización de los funcionarios del Poder Judicial en el tema de maltrato a la niñez es un eje central de nuestra agenda de trabajo y parte integral del plan estratégico del Poder Judicial. Nuestra integración a esta alianza multisectorial es evidencia de ello. La colaboración, de las 3 ramas de gobierno en la formulación de una política pública en contra de la violencia sexual contra la niñez, nos brinda una oportunidad única para proteger e invertir en nuestros recursos más preciados los niños y niñas que en un futuro cercano tomarán las riendas de nuestro país”, sostuvo Oronoz Rodríguez.
Por su parte, la secretaria designada del Departamento de la Familia, Ciení Rodriguez Troche, expuso que las estadísticas de abuso sexual exponen que en el 2021, hubo 546 referidos, de los cuales 160 fueron identificados con fundamento. En el 2022, 599, de los cuales 169 fueron encontrados con fundamento. En el 2023, hasta el momento hay 482 y 100 con fundamento.
“Y eso no quiere decir, que esos son todos los casos. Nosotros estamos bien claros en el departamento, que esto es sencillamente la punta del ‘iceberg’. Y, que todavía luchamos con situaciones que impiden que lo que es el abuso sexual, la trata humana y temas que se relacionan con el bienestar de nuestra sociedad sean tratados como un tabú. Son tratados de una manera que ha sido prácticamente aceptada a nivel social y tenemos que empezar a hacer muchos más enfáticos en decir que esto no puede seguir pasando. El sistema y lo reconocemos, está lejos de ser perfecto. La ley de los CIMVAS que se estableció en el 2013, fue una ley de avanzada. Queremos reconocer que fue una ley propulsada por la entonces representante Piti Gándara, fue una ley de avanzada. Ahora, las realidades. Que como han ido evolucionando los casos. Las situaciones que estamos viendo, la complejidad, inclusive de estos organizaciones que trabajan día a día con estas situaciones merece que revisitemos nuevamente el tema y que hagamos grandes ajustes. No es alternativa revictimizar a nuestros menores Y está pasando. No es alternativa duplicar esfuerzos, porque los recursos son limitados”, sostuvo la secretaria.
FUENTE: cybernews
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