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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó a seis agencias fiscalizadoras información específica de sus empleados para determinar cómo distribuir $3.5 millones, separados en el presupuesto vigente y que están incluidos en el plan fiscal certificado del 2022, para la creación de plazas.
Sin embargo, los esfuerzos de reclutamiento en estas dependencias gubernamentales pueden verse impactados por el Plan de Clasificación y Retribución que el gobierno central implementará de manera retroactiva al 1 de enero de este año porque podría contener clasificaciones con escalas salariales más altas en otras agencias que motiven a empleados a moverse.
Ese escenario podría afectar, por ejemplo, a la Oficina del Contralor Electoral (OCE). “En la reforma del sistema público, de la cual nosotros estamos excluidos, establecieron unas tablas de plan de clasificación y retribución. Si esas tablas, si esos empleados, exceden o hay una diferencia salarial marcada o excesivamente marcada con empleados de las agencias fiscalizadoras, a mi juicio, eso va a redundar en renuncias o en una fuga de talento de personas de las agencias fiscalizadoras que ya están adiestradas para realizar un trabajo técnico o están certificadas como examinadores de fraude o están capacitadas para hacer ese trabajo”, precisó el contralor electoral, Walter Vélez.
“¿Por qué? Porque es más tentador tener un mejor salario que quizás nosotros no se lo podamos ofrecer porque no fuimos incluidos en el plan de clasificación y retribución”, explicó Vélez.
La JSF solicitó a las agencias fiscalizadoras copia del manual del empleado y copia de su sistema de evaluación, los resultados de las últimas evaluaciones y la capacidad del análisis.
El plan de clasificación y retribución incluye a todas las agencias del gobierno central cobijadas por la Ley 8 para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico de 2017. El estatuto excluye al Departamento de Educación, al Instituto de Ciencias Forenses y a las agencias fiscalizadoras.
“En cuestión de necesidades adicionales que tengan estas agencias, una vez entren en efecto las nuevas escalas de la reforma, la Junta de Supervisión trabajará con cada una de estas agencias para asegurar que no hayan grandes brechas con salarios de los empleados que son parte de la reforma del servicio público”, indicó la portavoz de la JSF, Sylvette Santiago.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina, dijo que persiguen una “transformación del servicio público” en el que estén incluidas todas las agencias de gobierno.
“El retener, atraer y mantener motivado el talento humano es precisamente lo que buscamos con la implementación de la reforma de servicio público. La nueva estructura salarial, utilizando las mejores prácticas en el mercado, nos llevará a convertirnos en un patrono más competitivo”, indicó en declaraciones escritas.
“Lo que inicialmente comienza en las entidades gubernamentales cobijadas a la Ley 8-2017 se replicará en las demás dependencias una vez culminen su proceso de revisión y actualización de sus respectivos planes de clasificación y retribución para empleados en el servicio de carrera. La transformación del servicio público es parte de los pilares de la administración del gobernador (Pedro) Pierluisi y todas las dependencias del gobierno deberán tener planes compatibles a los planes del gobierno central”, agregó.
Vélez dijo que solicitó cinco nuevas plazas de auditores para la OCE. Actualmente, la agencia cuenta 15 auditores, pero llegó a tener 27 auditores y 41 empleados en total. Hoy, la OCE tiene 41 empleados debido a las reducciones en presupuesto de los pasados años y la congelación de plazas una vez un empleado renuncia, indicó Vélez.
Aseguró que si le dan más auditores podrá cumplir a cabalidad con la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, Ley 222-2011.
“Va a abonar en poder llevar a cabo la labor que nos requiere la ley: más revisión de informes. Si bien es cierto que cumplimos el 100% de las auditorías, eso no significa que se está cumpliendo cabalmente con la ley y yo lo tengo que aceptar. Por falta de personal. Nosotros quisiéramos que una vez se radiquen los informes de ingresos y gastos, se haga su evaluación o análisis al día siguiente. En procesos democráticos, qué uno busca. Rapidez, transparencia y la rapidez en la evaluación de los informes redunda en transparencia”, indicó el funcionario.
Además, reconoció que aún le faltaría a la OCE un brazo investigador para fiscalizar con mayores herramientas necesarias las campañas políticas. Pero destacó que eso requiere de enmiendas a la Ley 222-2011.
Por su parte, el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, dijo que solicitó a la JSF 16 nuevas plazas para abogados y auditores, así como dos empleados de mantenimiento. “Mientras más auditores tenga, pues más rápido puedo hacer el trabajo. Mientras más consultas, pues más investigaciones y casos puedo resolver”, apuntó Pérez Vargas.
Precisó que la OEG llegó a tener 150 empleados y, ahora, cuenta con 127. En el pasado, su presupuesto sobrepasó los $10 millones, pero hoy día es de $9 millones.
“Aspiramos a regresar a ese presupuesto de $10 millones en algún momento. No estamos pidiendo nada que no tuviéramos en algún momento”, dijo Pérez Vargas.
Aseguró que las nuevas 16 plazas le permitirán a la OEG tener “mayor agilidad en el proceso porque en la medida que aquí se reciban planteamientos anónimos o con nombre y apellidos, pues claro... En la medida que uno tenga más recursos, pues más se agiliza el trabajo”.
FUENTE: elnuevodia.com
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