Tal y como había adelantado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y personal de la Comisión de Hacienda del cuerpo legislativo hicieron cambios a la resolución que modifica el presupuesto y dispone el pago a bonistas y acreedores, que inflan un poco más el barril a disposición de de los legisladores de distrito a $50 millones.
Cuando El Nuevo Día entrevistó a Hernández Montañez ayer en torno al tema, el líder cameral sostuvo, sin aparentemente haber leído la primera versión en español de la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que el monto que había ordenado era de $50 millones. Sin embargo, la cifra colocada fue de $48.7 millones.
Hernández Montañez dijo ayer que el pote de dinero estaría disponible para todos los legisladores, pero en una versión de la legislación circulada esta mañana se limita su acceso a legisladores por distrito y de forma equitativa: $25 millones para la Cámara y $25 millones para el Senado. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, indicó a este diario que el lenguaje será modificado nuevamente para que el pote de dinero esté disponible para todos los legisladores.
El argumento del líder cameral al defender la asignación es que el dinero que estará a disposición de los legisladores, en una sola ocasión, será utilizado para atender necesidades de comunidades desventajadas que supuestamente no han tenido acceso ni a fondos de FEMA ni a otras asignaciones gubernamentales.
La nueva versión de la resolución, a ser llevada a discusión esta mañana en un vista de consideración final de la Comisión de Hacienda, tiene otros cambios que benefician a los gobiernos municipales al incluir, como modificaciones al presupuesto vigente, una asignación adicional de $5.8 millones mediante los parámetros de la Ley del Fondo de Administración Municipal.
Anoche, el representante popular Luis Raúl Torres advirtió que el texto de la resolución colocaba en peligro el Sistema de Retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya que básicamente establece que ese dinero, que no es cuantificado, solo será liberado a favor del sistema de retiro de la corporación pública después de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) proporcione, a satisfacción de la Junta de Supervisión Fiscal, una opinión legal formal por escrito que identifique la base legal sobre la cual los exempleados de la AEE transferidos al gobierno central pueden continuar participando en el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE. Esto, en lugar de estar inscritos en el plan de Contribución Definida de la Ley 106, incluida la capacidad u obligación del gobierno de asumir las contribuciones patronales del SREAEE (Sistema de Retiro de Empleados de la AEE) para los trabajadores movilizados.
Torres indicó esta mañana que ese lenguaje será eliminado.
Otro cambio en la resolución define con más claridad cómo la Asamblea Legislativa repartirá $7.5 millones destinados para mitigar el impacto de los recortes que ha sufrido en los pasados años y que han afectado la nómina. De la cifra global, la Cámara recibirá $4.5 millones y el Senado $3 millones. Otra asignación de $1.5 millones para la creación en la Legislatura de una entidad similar a la Oficina de Presupuesto Congresional, se mantuvo en $1.5 millones.
En la resolución a ser considerada hoy también se incluyó un pago a favor de Oriental Bank por $4 millones. Según el documento, se trata de una deuda de la cual no se brindan muchos detalles, pero en la resolución se establece que el pago se hará si así lo autoriza la Junta de Supervisión Fiscal.
FUENTE: elnuevodia.com