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Al tiempo en que no hay una procuradora de las Mujeres en propiedad y se mantiene vigente el estado de emergencia por violencia de género, desde la Legislatura reclaman más presupuesto para esta oficina para que puedan llenar las 48 plazas vacantes que tiene la agencia.
La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Jocelyne Rodríguez, expresó que en Puerto Rico “se necesita trabajar para erradicar la violencia de género, la violencia doméstica, pero debemos disponer de los recursos necesarios para esta agencia, para que así puedan llevar a cabo sus funciones”.
En la vista pública, Rodríguez afirmó que la Ley 20-2001 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) dispone que el presupuesto de la agencia no puede ser reducido, pero “año tras año hemos visto cómo continúa bajando el presupuesto, tanto así que al momento tienen 48 vacantes”.
Agregó que aunque la Ley 20-2001 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) dispone en el Artículo 23 que “el presupuesto anual asignado a la Oficina nunca podrá ser menor al asignado el año anterior”, en los últimos años ha ocurrido lo opuesto, por lo que urgió acción del gobierno.
Aunque la procuradora interina Madeline Bermúdez no compareció a la vista, envió una ponencia en la que expone que el presupuesto de la OPM está “muy por debajo” del asignado a otras entidades “con funciones y obligaciones significativamente menores en cantidad, complejidad e importancia”.
“No creemos que alguna otra agencia fiscalizadora del Gobierno de Puerto Rico tenga una cantidad y complejidad similar de funciones y obligaciones. Sin embargo, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es una de las agencias que menor presupuesto tiene en todo el Gobierno de Puerto Rico”, aseguró.
En la ponencia, con fecha del 18 de agosto de 2022, Bermúdez detalló que la OPM ejerce un total de 150 funciones “específicas” que debe realizar para cumplir con la política pública promulgada en la Ley 20,como la educación, investigación, fiscalización, reglamentación y adjudicación cuasi judicial.
“Fue a partir del año fiscal 2021-2022, que se revirtió esta tendencia de reducción presupuestaria y se tomó conciencia de necesidad urgente de la OPM de incrementar sus recursos para el cumplimiento cabal de sus múltiples y complejas funciones”, sostiene Bermúdez en el escrito.
Detalló que el presupuesto aprobado para año fiscal 2021-2022 fue de $5.5 millones, para un aumento de 18% con respecto al presupuesto del año anterior.
También subrayó que el presupuesto propuesto para el año fiscal 2022-2023 era de $7 millones, lo que hubiese representado un aumento de 27%.
No obstante, el director de Asuntos Legislativos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Roberto Rivera Báez, informó que el presupuesto vigente de la OPM es de $4.3 millones.
Indicó que la agencia está vigilante al presupuesto que estará sometiendo la OPM para el próximo año fiscal 2023-2024.
“La preparación del presupuesto depende de diversos factores económicos y fiscales como lo son los recaudos, pago de deudas, entre otras obligaciones constitucionales, así como el plan fiscal certificado y el plan de ajuste de la deuda”, detalló Rivera, mientras leía la ponencia.
FUENTE: elvocero.com
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