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Un año y ocho meses después de que LUMA Energy iniciara labores como el operador del sistema de transmisión y distribución de energía, ayer el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) inició las vistas públicas para discutir cuáles deben ser las futuras métricas por desempeño bajo las cuales se evaluará al consorcio.
De las métricas depende cómo se le aplicarán las bonificaciones que se negociaron y que entrarían en vigor una vez la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salga de la quiebra y dé comienzo su contrato base a 15 años.
LUMA propuso que se les aplique un sistema de evaluación que incluiría varios incentivos acordes con su desempeño. Pero de acuerdo con los documentos que sometieron, prácticamente no existen penalidades por incumplimiento, criticaron durante sus respectivas deposiciones el profesor, ingeniero y exrepresentante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Agustín Irizarry y el profesor y economista José Alameda.
Según explicó Irizarry, LUMA propone que se le incentive por lograr cumplimientos en ciertas áreas y en caso de que no alcance esas métricas, no se le paga una bonificación, pero tampoco se afecta la compensación fija establecida.
Ambos deponentes estuvieron de acuerdo con métricas recientes que agregó el Negociado para evaluar el trabajo de LUMA como la eficiencia, la interconectividad de sistemas distribuidos y el manejo de vegetación.
Dijeron que además las métricas deben tener “jerarquías” de manera que se bonifiquen más las áreas críticas y menos las áreas no críticas, y a la vez si hay incumplimiento con áreas críticas no se otorguen bonificaciones en otras áreas. “No todas las métricas tienen la misma importancia porque no conllevan el mismo beneficio hacia la ciudadanía”, expresó Irizarry.
Según Alameda, es importante que las métricas no se limiten a medir cifras de cumplimiento promedio a nivel de toda la Isla, sino que se establezcan por regiones para asegurar que se atiendan de manera puntual áreas que suelen quedar rezagadas como el oeste o pueblos como Maricao.
“Lo que propongo es que se examine el modelo de penalidad–recompensa o de ‘outage compensation’ o cualquier otro y se examinen ejemplos en Nueva York o California en que los errores que han cometido, que los han obligado a tirar para atrás los esquemas para establecer un ‘penalti reward’... LUMA (con el esquema que propuso) busca maximizar ganancias, el valor de la empresa ante sus accionistas y es completamente lógico en sistema capitalista, no criticamos esto, lo que digo es que el regulador busque llegar a la parte social”, señaló Alameda. Dijo que la importancia del Negociado está en tratar de llegar a metas sociales, “de un sistema resiliente, de menos apagones”.
Actualmente, el contrato de LUMA solo especifica que tendrían que pasar tres años consecutivos de “desempeño terrible” para que entonces el gobierno tenga la opción de prescindir del acuerdo. Pero si pasan dos años y medios de incumplimientos, seguidos de algunos meses en que sí cumplen y luego vuelven a caer en no llegar a las métricas, no hay penalidad porque no fue consecutivo, dijo Irizarry.
“Las métricas que sugiere LUMA contrastan significativamente con lo que se hace en otras jurisdicciones… Los umbrales son desempeño mínimo, en muchos casos es lo que tendrías que hacer para no ser penalizado, pero -como está planteado aquí- se consideran logros y que ameritan bono, pero la estructura de sistema de métricas no funciona así en ningún lado”, abundó.
Irizarry presentó el caso de Long Island Power Authority (LIPA) que también deja en manos privadas el manejo del sistema de transmisión y distribución de energía y que luego de iniciada la implementación del contrato se estableció un sistema de métricas y se revisó la compensación.
“Se identificaron áreas de desempeño que son cruciales. Si en esas áreas de desempeño crucial la empresa no alcanza los mínimos, no solo se le penaliza por eso, sino que lo descualifica para recibir bonos por otras áreas que no se consideran críticas. Eso no existe en el contrato de LUMA y LUMA no lo propone como una métrica y me parece que es un mecanismo importante de aprender de lo que está pasando en otras jurisdicciones”, argumentó.
Otra recomendación que hizo Irizarry fue hacer más participativo el proceso de evaluar las métricas, como citar a deponentes fuera del área metropolitana, fuera de horas laborables y sin exigir “más grados que un termómetro”.
Empresa expone sus puntos
Mario Hurtado, vicepresidente de asuntos regulatorios de LUMA, informó que se han creado algunos programas de mejoramiento que tuvieron como punto de partida la información disponible al momento de asumir el control del sistema de transmisión y distribución, que según insistió, no era muy certera.
Aún así, alegó que han logrado mejoras en algunos renglones y reconoció que en otros todavía les falta por alcanzar niveles adecuados de cumplimiento, pero no dio detalles o ejemplos.
Ante la realidad de que todavía no hay un Plan de Ajuste de Deuda de la AEE, Hurtado sugirió esperar para presentar una nueva propuesta de incentivos con datos actualizados.
“En general creo que hemos hecho un progreso sustancial y en algunos casos ha funcionado distinto a lo que esperábamos... En algunas áreas las cosas han sido mejores y hemos tenido progreso más rápido, pero no puedo hacer un ‘statement’ de todos los programas y todas las métricas”, expresó Hurtado.
Por su parte, la abogada de LUMA, la exprocuradora general Margarita Mercado Echegaray, cuestionó insistentemente la experiencia de Irizarry y de Alameda. También cuestionó los documentos que los deponentes citaron y si analizaron cuánto dinero más se tenía que invertir para cumplir con todo lo que propusieron.
Las vistas públicas siguen hoy cuando se discutirán métricas relacionadas con servicio al cliente, el jueves se evaluarán métricas sobre presupuesto y finanzas, y concluyen el viernes con la discusión de las métricas sobre apagones mayores y otros temas.
FUENTE: elvocero.com
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