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El portavoz y abogado de los dueños de las fincas sobre la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla, afirmó el martes que sus clientes “no han evadido” sus responsabilidades en ley con sus proyectos, al tiempo que emplazó a la Policía a “que cumpla con su deber ministerial” e investigue las querellas de daños a la propiedad privada, obstrucción y amenaza atribuidos a manifestantes del denominado Campamento Pelícano.
Asimismo, Miguel Torres Torres –representante del desarrollador Carlos Román González y otros– tronó contra la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con relación a la demolición de un gazebo –”construido para uso personal”– en los predios de Aguadilla Pier, que aún promueve una estación de transbordo de combustible de aviación en el antiguo Muelle de Azúcar.
El otro proyecto en controversia es el complejo residencial-turístico The Cliff Villas Hotel and Country Club, que constaría de 86 unidades, según su diseño.
En una mesa redonda con periodistas, Torres Torres comentó, en primer lugar, que las fincas, aunque “comparten una misma entrada”, pertenecen a dos corporaciones distintas: Aguadilla Pier Corp. y The Cliff Corp. Por lo tanto, dijo, “hay diferencias en permisos”.
“Aguadilla Pier, en estos momentos, no tiene un permiso para llevar a cabo el desarrollo de ninguna obra. (Los dueños) se están dejando llevar por el Reglamento Conjunto 2020 para completar unos trámites ambientales y, luego, obtener el permiso para llevar a cabo la demolición (del gazebo, ordenada por el DRNA el pasado 20 de mayo)”, dijo, al reiterar que sus clientes “no tienen ningún problema en demoler la estructura”.
Acto seguido, repasó que, en noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla emitió una sentencia para que se terminara la construcción del gazebo y se solicitara su legalización, ya que no tenía permiso. Dicha solicitud se hizo y no fue contestada.
Contó que, en verano, para cumplir con la orden de demolición, Aguadilla Pier Corp. sometió una solicitud de exclusión categórica –que permite obviar el trámite ambiental–, pero fue denegada por la OGPE, que requirió, en cambio, una recomendación ambiental o REA. La REA fue entregada el 4 noviembre y las agencias concernidas siguen evaluándola; actualmente, está ante la consideración del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
“La agencia (OGPe) fue selectiva en solicitar los comentarios a las agencias… fraccionó el trámite”, dijo Torres Torres, para interpretar la dilación en la obtención del permiso de demolición.
Junto a la REA, Aguadilla Pier Corp. sometió una solicitud de deslinde de la zona marítimo terrestre, porque el DRNA determinó que el gazebo está en terrenos de dominio público, “pero la agencia no se ha expresado”. “Para hablar de dominio público, hay que tener un deslinde. Está presentado desde julio, pero seguimos esperando que lo certifiquen”, expresó.
En cuanto a The Cliff Villas Hotel and Country Club, Torres Torres indicó que “cuenta con todos los permisos en ley para su desarrollo”, entre estos, de construcción, único incidental, deslinde de la zona marítimo terrestre y certificación para categorización de hábitats naturales.
Expuso que, con el permiso de construcción, las obras que se realizan al momento son “de urbanización”, e incluyen encintado de aceras e infraestructura sanitaria. Previó que, “en las próximas dos semanas”, se obtendría la aprobación –dentro del mismo permiso– para “edificar las estructuras más grandes”.
De otra parte, Torres Torres señaló que la Policía tiene ante su consideración, al menos, tres querellas radicadas desde la semana pasada, “pero desconozco si se han investigado”. “Se radicaron para que la Policía investigue y lleve a cabo los referidos correspondientes para que procesen a estas personas”, dijo.
El martes, la representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana y quien estableció el Campamento Pelícano, denunció “represión” de la Policía en el predio y exigió el retiro de la presencia “excesiva e intimidante” de agentes, así como el “cese de acciones que violan el derecho a la libre expresión”.
FUENTE: elnuevodia.com
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