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Xavier Ramírez, presidente de la Asociación de Dueños de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas.
Mientras que la plataforma Airbnb reclamó la semana pasada una regulación uniforme a nivel isla, varios líderes turísticos dieron un espaldarazo este miércoles al Proyecto de Ordenanza 26, que evalúa la Legislatura Municipal de San Juan para regular los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) en la capital.
Xavier Ramírez, presidente de la Asociación de Dueños de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas, consideró que la medida está “bastante completa”.
Entre otras cosas, la propuesta presentada por el alcalde Miguel Romero impone una licencia de $100 para cada alquiler en estructuras compartidas y de $500 para estructuras o alquileres de estructuras completas o casas rodantes.
Los requisitos para obtener estas licencias incluirían: ser titular o poseedor legal de la propiedad, presentar evidencia del cumplimiento con la reglamentación de la Compañía de Turismo y contar con un permiso de uso.
“Definitivamente, apoyamos la aprobación de esta ordenanza municipal, la cual complementará la reglamentación vigente, mientras atiende las brechas más importantes creadas por estos negocios de STR, y ayudará a controlar el desplazamiento acelerado de viviendas familiares que vivimos en San Juan, al establecer un registro obligatorio, junto a otros requisitos implantados exitosamente en las principales ciudades de Estados Unidos”, añadió Eddie Ramírez, presidente de la Asociación de Bed & Breakfasts.
Los líderes reconocieron que los STR favorecen la economía compartida y colaborativa, pero destacaron que los inversionistas comerciales se han expandido “descontroladamente”.
Según Tomás Ramírez, tesorero de los Paradores, en Puerto Rico hay entre 25,000 y 30,000 unidades de STR, de los cuales un 85% son alojamientos completos dedicados a esta actividad económica. Un 70% es administrado, según el líder turístico, por anfitriones profesionales.
Mencionó, además, que entre 2019 y 2022 los ingresos de los STR sobrepasaron los $1,400 millones, mientras que la pérdida de impuestos y cargos reglamentarios excedió los $300 millones.
FUENTE: elnuevodia.com
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