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Durante el pasado año fiscal, los recaudos por concepto de la propiedad mueble e inmueble, que nutren las frágiles arcas municipales, se redujeron en casi $20.8 millones en comparación con el año 2016-2017, según datos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Sin embargo, aun con esa merma, el CRIM recaudó durante el año fiscal 2017-2018 alrededor de $1,034 millones, y sobrepasó sus estimados por cerca de $12.9 millones, destacó el presidente de la Junta de Gobierno de la entidad pública, Javier Carrasquillo.
“Evidentemente, el huracán (María) tuvo un efecto en muchos de los recaudos. La merma en actividad comercial y esa emigración que ha habido en Puerto Rico tiene unos efectos sobre los recaudos del CRIM”, apuntó el también alcalde de Cidra.
En septiembre, cuando el huracán María azotó la isla, se produjo la baja más significativa en los recaudos del CRIM, con $10.2 millones, en comparación con ese mes el año anterior. Esa tendencia decreciente continuó hasta diciembre, cuando los ingresos por concepto de la propiedad mueble e inmueble disminuyeron en $9.3 millones.
La disminución de $20.8 millones tiene un efecto en cadena, pues no solo agrava las ya atribuladas finanzas de los municipios, sino que el remedio que han identificado algunas administraciones municipales para sobrellevar la merma en ingresos del CRIM ha conllevado, en algunos casos, aumentar las tasas contributivas.
Entre el pasado año fiscal y lo que va del presente (2018-2019), 12 municipios aumentaron las tasas contributivas, ya sea sobre la propiedad mueble o inmueble.
De esos municipios, Cidra, Juncos, Lajas y Ponce impusieron aumentos cada año fiscal. Todos esos ayuntamientos operaban en déficit durante el año fiscal 2016-17, según la Oficina del Contralor.
Al menos desde el año fiscal 2013-14, se observa que un grupo de municipios ha aumentado sus contribuciones sobre la propiedad mueble o inmueble. Ese año, 23 gobiernos municipales incrementaron la tasa de la propiedad mueble o inmueble. Al año siguiente (2014-15), nueve municipios tomaron una medida similar.
“Esa alternativa, llega el momento que no puedes apretarla más”, afirmó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien integra la junta directiva del CRIM.
Carrasquillo, por su parte, reconoció que elevar las tasas contributivas, “sin duda, requiere menos esfuerzo” como estrategia para allegar recursos a las arcas municipales. “Es el único renglón que los municipios pueden aumentar y que no hay una restricción en ley para el aumento”, apuntó.
“Cuando los municipios hacen eso (subir las tasas contributivas) es buscando más recaudos ante la situación de que el gobierno les ha quitado dinero, pues tratan de buscarlo por otro”, comentó por separado el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, exintegrante de la junta directiva del CRIM.
Advirtió que habría que analizar qué ayuntamientos tuvieron alzas o bajas en recaudos como parte de esa merma colectiva de $20.8 millones, ya que los municipios grandes nutren un pote de ingresos (Fondo de Equiparación) que se distribuye entre los municipios pequeños, y estimó que ese mecanismo podría verse afectado.
El alcalde de Bayamón, al igual que el de Cidra, atribuyó la merma en recaudos al paso del huracán por la isla. Pero señaló que, más allá del ciclón, hay un nuevo escenario con la llegada la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la contracción económica que requiere de los “municipios repensar la manera de administrar Puerto Rico, la manera de hacer las cosas y cómo nosotros manejamos nuestras finanzas”.
Rivera Cruz alertó también de otras amenazas sobre las finanzas de los municipios. A modo de ejemplo, mencionó la posibilidad de que se elimine la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), que es la aportación mediante la cual la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) compensa a los gobiernos municipales con servicio eléctrico ante los ingresos que éstos dejan de recibir como resultado de la exención contributiva que la corporación pública goza en las municipalidades.
También se refirió a la posibilidad de que colapse el Sistema de Retiro o que, mediante ley, se elimine la contribución sobre la propiedad mueble.
“Si eso ocurriera, aquí cierran los 78 municipios. No uno, los 78 porque la contribución mueble representa cerca del 38% al 40% (de los recaudos municipales). Son tiempos bien retantes, bien difíciles”, dijo Rivera Cruz.
En tanto, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien regentó la junta del CRIM, sostuvo que el cobro y la tasación de las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble debe recaer en cada municipio.
“Mientras eso no se haga, van a seguir perdiéndose decenas de millones de los municipios con la consecuencia de que muchos no van a poder seguir subiendo sus contribuciones para subsanar las deficiencias administrativas en el cobro”, subrayó
“El CRIM ha dejado de ser efectivo en cobro, tasación y todos los asuntos relacionados con viabilizar los ingresos de la propiedad mueble e inmueble hacia los municipios. Necesita una reconceptualización de sus funciones en todos los aspectos”, abundó.
Carrasquillo reconoció las fallas en el sistema, pero defendió la entidad creada en 1991.
“Estamos hablando de un instrumento que, con sus virtudes y defectos, durante 25 años ha servido a los municipios, que si hay espacio para mejorar, definitivamente, y estamos trabajando para eso”, dijo presidente de la Junta de Gobierno del CRIM.
A preguntas de El Nuevo Día, Carrasquillo dijo que, tras el huracán, hay peticiones de revisión de valores, que es un proceso que inicia el contribuyente para que se tase nuevamente su propiedad inmueble. La expectativa al hacer esta solicitud es que, a raíz del ciclón, baje el pago al CRIM.
“No debe ser sustancial porque la mayoría de estas propiedades afectadas son propiedades exoneradas (que no pagan impuestos al CRIM)”, destacó el alcalde. No proveyó la cantidad de solicitudes recibidas.
Las propiedades inmuebles son maquinaria enclavada o edificios, incluyendo residencias. El valor asignado por el CRIM no equivale al valor de la propiedad en el mercado, sino que se determina con un sistema de medición de 1958.
Pese a reiteradas peticiones de este diario, el CRIM no proveyó información sobre las comparativas respecto a cuentas por cobrar, tasaciones realizadas y ejecuciones. Esos datos resultan significativos para poder establecer si la instrumentalidad pública a cargo de ejecutar y tasar propiedad, y recaudar y cobrar impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble es efectiva en sus funciones.
Un estudio realizado por el alcalde de San Sebastián, en febrero de 2017, estimó en $2,610 millones las cuentas incobrables del CRIM. “El CRIM no cobra. Se debe quedar administrando el sistema de contabilidad y el catastro digital”, dijo Jiménez.
El alcalde de Bayamón, por su parte, señaló que hay municipios que pueden hacer la función del CRIM, pero otros no. Sugirió crear regiones que hagan el trabajo de la agencia, pero que sean administradas por el municipio que tenga la capacidad de desarrollar un sistema de recaudos eficiente.
Los presidentes legislativos han dicho que trabajan en legislación para atender el CRIM. El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que contempla asignarles dinero a los municipios mediante la reforma contributiva. Adelantó que está bajo evaluación la creación de condados (counties), establecer una nueva figura que sea más ágil que el CRIM y eliminar la contribución mueble.
A la situación del CRIM y la merma de $20.8 millones en recaudos, hay que añadir que no se logró vender el año pasado la cuenta de deudas morosas que le hubiese dejado a los municipios este año fiscal ingresos estimados en $300 millones. Esa cartera asciende aproximadamente a $2,300 millones. “Eso no significa que todo eso se pueda cobrar. Eso es precisamente lo que tenemos que determinar”, aclaró Carrasquillo.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal(Aafaf), Christian Sobrino, explicó en declaraciones escritas que, por virtud de la Ley de Venta de Deudas Contributiva (Ley 21-1997), asumieron “el rol” de colaborar con el CRIM. “Según dicho estatuto, el proceso de venta es un esfuerzo en conjunto entre el CRIM y el antiguo Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Además, la Aafaf, en su rol como asesor financiero, está apoyando al CRIM en la estructuración de la transacción de venta de deudas morosas”, destacó Sobrino.
La empresa BCMG, con quien la Junta de Gobierno del CRIM estuvo a punto de pactar para la venta de las deudas morosas, ahora le propone a la entidad pública crear una alianza público privada (APP) para cobrar el impuesto sobre la propiedad inmueble en aras de dar “liquidez inmediata a los municipios”.
FUENTE: elnuevodia.com
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