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El desplome en las contribuciones que recauda el gobierno llevará a que al cierre del año fiscal haya un déficit de unos $1,600 millones, según estimados preliminares del gobierno.
Se presume, además, que las deficiencias continuarán y no podrán subsanarse por completo en los próximos cinco años, a menos que se entre en nuevas negociaciones con los acreedores del gobierno para reducir aún más lo que se paga en préstamos y que se liberen algunos fondos que el Estado mantiene en bancos con usos restrictos, afirmó el principal oficial ejecutivo del gobierno, Omar Marrero.
Los estimados se basan, principalmente, en los efectos que tiene en la economía la pérdida masiva de empleos que se ha registrado desde que la pandemia del COVID-19 comenzó a afectar a Puerto Rico y en el cierre de todos los comercios e industrias no esenciales para el funcionamiento básico del país.
El análisis parte de la premisa de que los cierres forzosos continuarán hasta finales de mayo, momento en que el desempleo alcanzaría el punto pico, según los estimados del gobierno, muchos de los cuales fueron incluidos en la nueva propuesta de plan fiscal. El fin de los cierres y la cuarentena, sin embargo, no necesariamente será en mayo y, según ha dicho la gobernadora Wanda Vázquez Garced, dependerá del nivel de contagios que se registre en la isla.
Estimados independientes han calculado que la tasa de desempleo debía rondar cerca del 23% en la últimas semanas de abril, a juzgar por el nivel de reclamaciones.
“Y esto (el déficit) no incluye a los municipios”, dijo Marrero.
La jefa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, no estuvo disponible para hablar del efecto de la pandemia en el presupuesto.
Marrero indicó que el incremento en gastos a raíz de la emergencia no es el mayor problema puesto que gran parte de estos costos los asume el gobierno federal, específicamente, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias(FEMA).
La pérdida de ingresos
El desajuste se debe a la economía mayormente paralizada por los esfuerzos para contener la propagación de esta nueva cepa de coronavirus altamente contagiosa y muy letal para los humanos, que hasta ayer había provocado 114 muertes y sobre 2,299 contagios. A nivel mundial, han muerto sobre 289,000 personas.
En síntesis, a menor actividad económica, menos recaudos en el gobierno. A todo esto, se le añade la reducción en la tasa de impuesto que se paga por comida preparada y la extensión general que se concedió en las planillas de contribución sobre ingresos, entre otros asuntos.
“Como está cambiando mucho el panorama, hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar”, dijo el también jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
Marrero explicó que los estimados más recientes apuntan a que la economía de achicará en $5,800 millones por la pandemia. La mayor parte de estas pérdidas se cree que se registrarán en el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio.
Específicamente, se estima que la economía -medida por el producto nacional bruto- caerá en 3.6% este año fiscal 2020 y en 7.8% en el 2021.
Esta baja se mitigará, un poco, por el estímulo económico que aprobó el Congreso y que allegaría a la isla unos $12,700 millones, de los que apenas el 44% se quedaría en la economía local. El resto se cree que terminará en las cadenas de tiendas multinacionales, dijo el funcionario.
“Se tiene que renegociar todo de nuevo. Hay que revaluar el plan de ajuste (de deudas)”, dijo Marrero, al hacer referencia al documento que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante el Tribunal Federal para reestructurar las deudas de Puerto Rico como parte del proceso de bancarrota territorial que se vive desde el 2016.
Menos austeridad
Estas deficiencias presupuestarias acompañan a un giro del gobierno en el que, ante el nuevo panorama económico, propone retrasar algunas de las medidas de austeridad fiscal que se habían planificado y promueve aumentar el presupuesto en áreas básicas como salud, educación y seguridad pública.
Parte de este dinero se usaría para fortalecer la red hospitalaria, indicó el funcionario. Ya Puerto Rico había recibido un alivio en sus gastos de salud con la aprobación, a nivel federal, de asignaciones para la isla en el programa Medicaid, que financia una buena parte del modelo Vital.
Dos opciones presupuestarias
Como parte del ejercicio presupuestario, dijo Marrero, en febrero, el gobierno presentó, ante la JSF, dos esquemas de ingresos y gastos, uno siguiendo las limitaciones fiscales anticipadas por el organismo creado por la ley federal Promesa, y otro basado en el estimado de ingresos del gobierno.
En parte, esa segunda versión del presupuesto responde a que en los estimados de gastos iniciales para el próximo año fiscal esbozados por la JSF no se incluyen las elecciones generales y proponen reducciones de gastos en la nómina de las agencias que, en la práctica, implicaría el despido de unas 7,000 personas.
“Ejecutar el nivel planteado como requerido (los ajustes fiscales en las agencias) puede provocar un alto riesgo de ejecución en general en aproximadamente sobre 7,000 jefes de familia”, sostiene la propuesta de plan fiscal entregada recientemente a la Junta.
De ordinario, la estrategia de la JSF era recortar gastos y guardar los sobrantes de presupuesto de estos años en los que se litiga la bancarrota del gobierno para usarlos de aquí a una década, cuando se estimaba que los ingresos gubernamentales no provean el dinero suficiente para cubrir la deuda.
Primero el plan fiscal
Antes de entrar de lleno en las versiones presupuestarias, que están todavía bajo revisión por el efecto del COVID-19 en la isla, se tiene que aprobar un nuevo plan fiscal que incorpore no solo el daño a la economía ocasionado por la pandemia, sino que también tome en consideración los sismos que se registran con intensidad en Puerto Rico desde enero, especialmente en la zona suroeste del país, dijo Marrero.
Todo esto se tendría que hacer en relativamente poco tiempo, puesto que se tiene que aprobar un nuevo presupuesto antes de que termine junio, según dispone la Constitución de Puerto Rico.
Desde el año fiscal 2017, el gobierno y la JSF no han alcanzado consensos, por lo que todos los presupuestos han sido impuestos por el organismo que controla las finanzas de Puerto Rico.
Los daños asociados al terremoto se han estimado en cerca de un billón de dólares. La reconstrucción de Puerto Rico por los huracanes Irma y María, por otro lado, requieren la inversión de más de $82,200 millones, según el nuevo borrador del plan fiscal. Aun así, el documento estima que el COVID-19 provocará daños económicos superiores que estos desastres naturales y que la cantidad de desempleados podría llegar a 350,000 durante la pandemia.
“En cualquier escenario, una cosa es clara: el COVID-19 tendrá ramificaciones económicas más amplias y profundas en la economía de Puerto Rico que los pasados choques exógenos, como los desastres naturales”, sostiene el documento publicado por Aafaf.
FUENTE: elnuevodia.com
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