Puerto Rico 05 marzo 2018

El gobierno alista los planes de traslados de empleados

El Departamento del Trabajo asegura que ya ha recopilado información precisa sobre los trabajadores de cada agencia gubernamental

Transcurrido un año de la aprobación del empleador único, el gobierno no tiene listos los planes de movilidad que le ordena la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el gobierno de Puerto Rico.

En este periodo, el gobierno ha recopilado los datos sobre cuántos empleados públicos hay por cada agencia del gobierno central, sus funciones específicas, su preparación académica o profesional, dónde laboran específicamente, dónde residen y hace cuánto tiempo trabajan como empleados públicos, indicó el secretario el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos J. Saavedra.

Con esa recopilación, comenzará ahora un análisis para identificar las necesidades de personal del gobierno al completo, destacó Saavedra en entrevista con El Nuevo Día junto a la la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Nydza Irizarry.

Pese a múltiples intentos de este diario, no se proveyó la cantidad de empleados que laboran hoy día en el gobierno central y la cifra de excedentes reportada por cada agencia cuando se recopiló la información por agencia.

El Nuevo Día insistió en saber, al menos, qué agencias reportaron más necesidad de empleados y el tipo de empleados que más se necesita, pero la respuesta fue la misma: “Estábamos en un proceso de recopilación. Ahora es que comienza el sentarnos”, dijo Saavedra.

Aun así, los dos funcionarios insistieron en que los planes de movilidad ya estaban listos. A la entrevista, llegaron con 16 carpetas, cada una con la información sobre el personal de una agencia. Se trata de los reportes que preparó la OATRH con los datos recopilados sobre las más de 100 agencias que componen el gobierno.

“Tienes, en un solo lugar, por primera vez en Puerto Rico, la ley orgánica de la agencia, el reglamento de recursos humanos de la agencia, el convenio o los convenios colectivos, si la agencia tiene, y el informe de necesidad y excedentes que la agencia reporta”, dijo Saavedra sobre esas carpetas, y aseguró que ya están listas las de todas las agencias a las que les aplica el empleador único.

Ahora, el gobierno debe analizar esos datos para determinar dónde necesita personal y con qué destrezas.

“Mi expectativa es que, a final de este año, mínimo, todas las necesidades estén evaluadas y eso no quita que comencemos a atacarlas. Es decir, al tener recopiladas las necesidades (de cada agencia gubernamental), tenemos que entrar a evaluarlas. Una vez evaluadas, ejecutar”, destacó Saavedra.

Pero ese análisis, reconoció Saavedra, también está sujeto a cambios debido a la reorganización de agencias que trabajan La Fortaleza y la Legislatura.

La administración de Rosselló se propone reducir el gobierno de 115 agencias a 35, según los datos del más reciente plan fiscal. Para ello, no solo cuenta con el empleador único, sino con la Ley del Nuevo Gobierno (Ley 122-2017), aprobada a finales del año pasado.

Los traslados de empleados irán de la mano del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme, que estará listo para el 30 de junio, reveló Saavedra. Ese plan será implementado cuando comience el año fiscal 2019, el 1 de julio de este año, dijo Saavedra.

Estos cambios también están enlazados con un memorando que emitió el 28 de febrero la Secretaría de la Gobernación para exigir que los reclutamientos del gobierno sean “internos”, es decir, que los puestos se le otorguen a personas que ya trabajen en la administración pública, “so pena de nulidad” del nombramiento. El memorando establece que la contratación externa será una excepción.

“No vamos a contratar empleados nuevos. Se va a atender (la necesidad) con el recurso humano que ya tenemos”, dijo Saavedra.

Ejercicio que no es nuevo

En las carpetas que preparó la OARTH, se incluye la información de todos los empleados, así como la necesidad de trabajadores que le reportó cada agencia.

Esa recopilación de información ya se había hecho en el 2015, recordó el entonces director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis F. Cruz.

El exfuncionario aseguró que, en 30 días, la administración del gobernador Alejandro García Padilla creó el Registro de Empleados Gubernamentales, que se había ordenado mediante la carta circular 2015-125.

Indicó que ese registro contiene básicamente la misma información que recopiló por los pasados meses la OATRH. “El registro se dejó funcionando cuando salimos en el 2016 y (gracias a la información que se recopiló) se trasladaron empleados de Educación a la Policía”, dijo.

Pese a que aún no está listo el análisis, Saavedra indicó que, con la información recopilada, ya pueden darse traslados de empleados a otras dependencias. Pero recalcó que no hay cuotas establecidas sobre cuántos empleados debe trasladar o el número de trabajadores que debe quedar en el gobierno. Tampoco tiene un tiempo límite en el que ejecutar los cambios para los que provee la ley del empleador único, por lo que no existe una fecha específica en la que debe estar reorganizado todo el gobierno.

No obstante, el plan fiscal sometido por el gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal establece cifras certeras del ahorro que tendrá el gobierno como parte de un nuevo modelo gubernamental que, entre otras cosas, usa como herramienta el empleador único.

Bajo este escenario, tanto Saavedra como Irizarry precisaron que -a petición de las agencias- ya se han hecho traslados de empleados del gobierno. El primer movimiento y el que involucró a más personas se dio en agosto del año pasado, cuando se trasladaron aproximadamente 100 trabajadores al Departamento de Hacienda. Posteriormente, otras agencias como la Autoridad de Terrenos, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Recreación y Deportes y la propia OATRH recibieron empleados.

El Nuevo Día procuró los datos específicos sobre cuántos empleados tienen las agencias y demás dependencias del gobierno central, pero los funcionarios solo proveyeron una cifra global y aproximada de 135,000, que incluye las plantillas de las corporaciones públicas.

En las carpetas que El Nuevo Día pudo revisar, se revela el número de empleados que cada agencia informa que necesita.

Por ejemplo, en la Junta de Libertad Bajo Palabra, necesitan empleados de recursos humanos, para presupuesto y oficinistas. Mientras, en DACO, necesitan economistas e inspectores de pesas.

Cuando El Nuevo Día insistió en conocer la cifra de excedente de empleados según estos reportes, Saavedra indicó que no tenía ese número y que “todos los empleados públicos son necesarios”.

“Los planes de movilidad permiten detectar dónde hacen falta sus servicios”, añadió.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí, dijo que, pese a la recopilación de datos del gobierno, siguen latentes las preocupaciones esbozadas desde que se anunció el concepto del empleador único. “Nos preocupa que se vaya a usar la movilidad para perseguir empleados, que se utilice también para perseguir empleados políticamente, que propicie choques entre organizaciones sindicales por quién va a representar a quién, qué convenio colectivo aplica. Esto va a traer mucho taller para los abogados. Se van a inundar de pleitos. Ya veremos”, sentenció.

Saavedra recalcó que, antes de mover a un empleado, se debe verificar dónde reside, antigüedad, convenio y lugar de empleo, y aseguró que no procederán los movimientos arbitrarios o en violación de convenios.

Recordó que el Plan de Clasificación y Retribución Uniforme reducirá los puestos en el gobierno y uniformará la paga.

Irizarry dijo que encontraron poco más de 24,000 clasificaciones gubernamentales y ya las han reducido a 5,000. “Estamos en una segunda revisión para crear las clases y vamos por mil y pico, casi 2,000”, dijo la funcionaria, pero no proporcionó detalles sobre las clasificaciones eliminadas ni cómo se uniformaría la paga.

Saavedra, a modo de ejemplo, sostuvo que, si se tiene la clasificación de abogado 1, 2 y 3, al final se determinará si “es absolutamente necesario que exista el ‘abogado 4’. Van a estar las clasificaciones que sean necesarias para operar el gobierno”.

Agregó que el salario de los empleados actuales del gobierno no se toca. Peroafirmó que, a medida que se reclute empleados, cambiarán las remuneraciones para uniformarlas.

Fuente: elnuevodia.com

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