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Empresas, ciudadanos privados o entidades que gestionaron permisos para algún proyecto de construcción o de negocios en los pasados 27 meses han quedado en un limbo, tras declararse nulo, el Reglamento Conjunto de Permisos (RCP) de 2020.
La decisión del Tribunal Supremo, que se dio a conocer este miércoles, reafirma la nulidad del RCP 2020. Esta es la segunda vez que el alto foro anula dicho reglamento.
A raíz del fallo judicial, al cierre de esta edición, se desconocía qué versión del RCP prevalecerá en el país, pues ningún funcionario relacionado con el área de permisos y desarrollo económico estuvo disponible para entrevista.
Miles de permisos en el aire
Acto sin precedentes
Según fuentes de este diario, la situación podría causar un verdadero caos en el país.
Ello, porque este miércoles, en un acto sin precedentes, el gobierno paralizó los procesos de solicitud de permisos en la plataforma digital, conocida como Single Business Portal.
Aunque la plataforma indicaba que estaba fuera de servicio por mantenimiento, fuentes de El Nuevo Día indicaron que la acción se tomó como resultado de la decisión judicial adversa al gobierno.
Bajo el título “Pronto volveremos”, la plataforma tiene el siguiente mensaje: “Estamos haciendo unos arreglos predeterminados en el sistema para maximizar la eficiencia de los servicios de la plataforma Single Business Portal. Cualquier duda, favor contactarnos a través del chat, localizado en la esquina inferior izquierda de su pantalla. De lo contrario, estaremos de regreso tan pronto el mantenimiento de la plataforma se haya llevado a cabo exitosamente. Disculpe los inconvenientes que le pueda causar”.
Mensaje en el portal de tramitación de permisos. (Captura)La postura del gobierno
La JP y el DDEC habían insistido, por largo tiempo, que el RCP 2020 era estaba vigente. Esto pese a que empresarios, contratistas y entidades financieras habían expresado preocupación ante la actitud asumida por ambas agencias, pues ya en otro caso separado, el alto foro lo había declarado nulo.
Asimismo, residentes de urbanizaciones habían hecho lo propio; pero todo había caído en oídos sordos ante el gobierno.
El Nuevo Día solicitó entrevistas con el presidente de la JP, Julio Lassús y con Manuel Cidre, secretario del DDEC para que explicaran las implicaciones del fallo judicial sobre los miles de permisos que se han otorgado en los pasados dos años y cuáles serán las consecuencias para los ciudadanos y empresarios, y sobre todo para el desarrollo económico del país.
Empero, ninguno estuvo disponible. Cidre está fuera de Puerto Rico, según su directora de Comunicaciones Brenda Vázquez, mientras Lassús emitió declaraciones escritas pasadas las 7:30 p.m.
“En el día de hoy, la Oficina de Gerencia de Permisos del DDEC nos ha indicado que acudirá en reconsideración ante el Tribunal Supremo”, dijo Lassús.
“Aunque la (JP) respeta la determinación del más alto foro, entendemos que, ante un proceso de reconsideración, el derecho vigente es el Reglamento Conjunto 2020 hasta tanto la sentencia del Supremo no advenga final, firme e inapelable. La Junta (de Planificación) sigue enfocada en el proceso de aprobación de un nuevo Reglamento Conjunto”, agregó.
La secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del DDEC, María R. Cintrón Flores, tampoco respondió la petición de entrevista. En su lugar, se envió un comunicado de prensa.
“Como medida cautelar y preventiva inmediata, hemos implantado una ventana de mantenimiento en el Single Business Portal que pone una pausa temporera a los procesos de radicación y adjudicación de casos en el mismo. Esto responde a un deseo de proteger la certeza y transparencia de los procesos ante la ciudadanía y el interés público”, dijo Cintrón Flores. Asimismo, la funcionaria expresó que difiere de la decisión judicial, por lo que está evaluando con sus abogados los próximos pasos y no descarta someter una reconsideración al propio Tribunal Supremo.
Reacciona el líder cameral
Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que Puerto Rico necesita tener certeza en sus procesos de permisos y, de no ser así, corre el riesgo de tener que devolver miles de millones de dólares en fondos para la reconstrucción del país.
Al momento, hay un proyecto sustitutivo en comité de conferencia, que busca resolver muchas de las dudas que existían con el RCP 2020. El Senado creó este proyecto sustitutivo y eliminó varias enmiendas relacionadas con los permisos de construcción que el presidente cameral había incorporado.
Sin embargo, Hernández alegó ayer que revisó el sustitutivo, le reincorporó las enmiendas y lo circuló entre el sector privado y el Senado. Agregó que confía en que esta vez se apruebe.
Nuevo borrador de RCP
Mientras, la JP trabaja en un nuevo RCP, que también ha recibido la oposición de varios gremios del sector privado. Algunos han advertido que la propuesta complica los trámites de permisos, lejos de simplificarlos.
El nuevo borrador de reglamento comenzó a trabajarse el año pasado, después del revés del RCP 2020 en los tribunales.
Lassús había informado a principios de este mes que la JP recibió la cifra récord de 1,676 comentarios sobre el borrador delnuevo RCP, que evalúa implementar la agencia este año.
Cabe recordar que los tribunales han declarado nulo el RCP 2019, así como también el RCP de 2015. Esto, porque la JP incumplió con aspectos procesales de la ley en esas instancias.
Todos los comentarios sobre el reglamento serán evaluados, aseguró Lassús.
Una vez concluida la evaluación, la agencia determinará los comentarios que se incorporarán al Reglamento. Luego debe notificar a las entidades gubernamentales concernidas, emitir un informe único para luego adoptar el Reglamento y referirlo para aprobación del gobernador y su posterior radicación en el Departamento de Estado, explicó el presidente de la JP.
FUENTE: elnuevodia.com
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