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La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Zoé Laboy aseguró ayer que no ha decidido el curso que le dará al proyecto que establece la llamada libertad religiosa. Entre sus opciones figuran rendir un informe negativo, introducirle enmiendas o radicar un proyecto sustituto.
“Si esa era fuera la determinación, yo lo rindo, pero otra cosa es que tenga los votos para llevarlo al pleno”, dijo Laboy ante la posibilidad de rendir un informe negativo, al reconocer que su determinación podría ser derrotada por los miembros de la Comisión de Revitalización Social y Económica. De ocurrir eso, otro senador de mayoría en la comisión podría firmar un informe positivo.
“Donde tengo mucha preocupación es cuando dices que por razones religiosas, si vienes a recibir servicios, yo te puedo decir que no te lo voy a dar”, dijo Laboy al abundar sobre el alcance, según múltiples deponentes, de la medida de administración.
Ayer se celebró otra vista sobre el Proyecto del Senado 1253 en la que los representantes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) respaldaron la medida amparándose en jurisprudencia federal que, entienden, la favorecen.
Laboy trajo el caso hipotético de una oficina donde varios empleados hayan solicitado acomodo razonable para no atender a ciertas personas y quien único no solicitó el acomodo no se presentó a trabajar. Tanto Nahiomy Álamo Rivera, del DTRH, como Josleyn Rivera, de la OATRH, insistieron en las garantías incluidas en la medida para que el servicio se brinde a todo ciudadano “sin dilaciones y con un trato digno”.
Por su parte, el portavoz popular, Eduardo Bhatia, tronó contra el DTRH por favorecer la medida.
“Se le tienen que dar los servicios del gobierno a todo el mundo. No se puede decir que el gobierno se tiene que acomodar a todas las posiciones distintas. Esas personas que no quieren dar el servicio tienen que estar botá’s del gobierno de Puerto Rico”, dijo Bhatia.
“Estamos creando clasificaciones para el discrimen y el Estado lo está avalando. El que va primero es el ciudadano, no es el gobierno”, añadió.
FUENTE: elnuevodia.com
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