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Al vencerse el plazo que dio la Junta de Planificación (JP) para que la ciudadanía emitiera sus comentarios en torno al nuevo borrador del Reglamento Conjunto de Permisos (RCP), diversas voces del sector privado expresaron su oposición a la propuesta.
Banqueros hipotecarios, comerciantes, planificadores y otras figuras del sector privado que conversaron con El Nuevo Día advirtieron a la JP que la propuesta repite varias de las fallas que han impedido la implementación del RCP por casi una década. También denunciaron que el documento poco o nada ayuda a la simplificación de los procesos de permisos en Puerto Rico.
Este es el cuarto intento de la JP para poner en vigor el RCP. Los tres esfuerzos anteriores (2015, 2019 y 2020-21) terminaron en los tribunales por fallos procesales.
El Nuevo Día supo que hasta ayer la JP había recibido cientos de comentarios. Mientras, la agencia declinó hacer expresiones.
“Es un reglamento ilegal porque incumple con muchas leyes existentes”, prosiguió el planificador.
Señaló que, de aprobarse este borrador, se impactarían las áreas residenciales, la zona de El Yunque y la comunidad del caño Martín Peña, entre otros ejemplos.
“Los alquileres a corto plazo se permitirían en todos los distritos residenciales; en el parque de una urbanización podrían construir un hotel o un condominio. Y tiene implicaciones para El Yunque y los distritos de conservación. El problema es que no lo dicen, tienes que ser experto para saber que cambia la zonificación”, aseveró el expresidente de la JP.
“No son honestos porque dicen que las calificaciones que antes existían las han sustituido por otras, pero le añaden usos nuevos”.
Alquileres de corto plazo donde quiera
Opinó que este reglamento podría terminar complicando el problema de permisos porque “hicieron un ejercicio de conversión y cambiaron usos, zonas residenciales, valles, todo, sin haberlos evaluado”, advirtió García Pelatti.
La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), también expresó su oposición al nuevo Reglamento Conjunto. Su presidenta, Luzmarie Vélez, recalcó que el RCP debe enfocarse en resolver la reglamentación excesiva, la duplicidad de trámites y el manejo excesivo de documentación.
Sin embargo, tras evaluar el borrador, la MBA concluyó que “el reglamento propuesto requiere de trabajo”, ya que no atiende los retos del proceso de permisos, no lo agiliza ni lo simplifica.
La conversión del permiso único
Entre las múltiples preocupaciones de la MBA figura la imposición de la renovación del permiso único, que se concibió como una consolidación de ciertas licencias, permisos y certificaciones para la operación del negocio. No se sabe cuánto costaría dicha renovación.
Asimismo, Vélez indicó que se trata al permiso único como un mecanismo de conversión, lo que “no tiene base legal alguna” y hasta podría ser “peligroso”, pues podría “anular un negocio jurídico y convertirlo en otro de distinto tipo”.
Vélez levantó bandera al hecho de que vayan a aplicar los códigos de construcción de manera retroactiva. Pidió que se aclare “de forma precisa” que los Códigos de Construcción y sus posteriores enmiendas, serán de aplicación prospectiva, a la fecha de su adopción y que no perjudicarán derechos adquiridos.
La entidad Empresarios por Puerto Rico (EPR) tampoco apoya la propuesta. “Muchas disposiciones del RCP propuesto resultan contradictorios con los principios promulgados por la Ley 161, que iba dirigido a simplificar los procesos, los requerimientos y todos aquellos aspectos que complicaban el sistema de permisos”, sostuvo Elliot Pacheco, presidente de EPR.
Pacheco enumeró más de 30 preocupaciones relacionadas con el nuevo reglamento.
Por su parte, la abogada Agnes Martínez, quien asesora a una docena de organizaciones de pequeños y medianos negocios, señaló que el borrador dejó fuera la resolución administrativa 1-39-03-2021, en la que el gobierno dejaba claro que el permiso único no es un permiso nuevo y no sustituye al permiso de uso.
Sostuvo Martínez que el reglamento es contrario al plan del gobierno Puerto Rico Promete. Agregó que le preocupa que “la OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos) podrá enmendar el reglamento sin participación ciudadana, según dice el nuevo documento.
En cuanto a la figura del “profesional autorizado”, los entrevistados expresaron reparos. Aunque no se oponen a ella, piden que las agencias concernidas los fiscalicen, algo que el nuevo reglamento no hace. Por el contrario, le da mayores facultades. “El profesional autorizado podrá proponer proyectos, inspeccionarlos y emitir el permiso. Eso es un claro conflicto”, aseveró Martínez.
FUENTE: elnuevodia.com
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