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Las críticas condiciones en que se encuentran muchos residenciales públicos en Puerto Rico, que son el hogar de familias que viven en la pobreza, quedaron al descubierto ayer en la Legislatura luego de que un panel de nueve líderes comunitarios ilustrara cuáles son las situaciones que enfrentan en su día a día y que describen como “un abandono”.
Hongos en techos, filtraciones, falta de higiene, aguas negras, gabinetes con polilla, aceras rotas, limitaciones arquitectónicas y escasa iluminación en áreas comunes son algunas de las principales quejas de los residentes de estos complejos. Sin embargo, la Administración de Vivienda Pública (AVP) atribuye todas estas condiciones de infraestructura a la falta de respuesta de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) y de las aseguradoras en el desembolso de fondos por daños causados tras los huracanes Irma y María.
No obstante, en una vista de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, que preside Miguel Laureano, los líderes comunitarios señalaron que la falta de mantenimiento en los residenciales es culpa de las compañías privadas que tienen a su cargo la administración de los 330 complejos públicos de la Isla. La audiencia surge de una resolución de la autoría del senador Henry Neumann, que busca conocer el uso y manejo de los fondos recibidos para seguridad y planta física en los residenciales.
“Todavía tenemos una señora que duerme en una hamaca y hay un árbol recostado de la cancha un año después del huracán (María). También tenemos un problema de tuberías y aguas negras que la privatizadora y Vivienda Pública sabían que existía desde hace tiempo”, dijo el líder comunitario del residencial Los Lirios en Cupey, Faustino Betancourt.
En tanto, Iris Yolanda Ríos, del residencial Luis Lloréns Torres en Santurce, destacó que el problema de alumbrado y seguridad es grave. “Venimos a que se nos haga respetar y esto (la vista en el Capitolio) nunca lo había hecho nadie. Siempre nos están violando los derechos y hacen en las comunidades lo que les da la gana. El problema que tenemos, de las filtraciones, ha sido después de los huracanes Irma y María”, denunció.
“En mi caso en particular también tengo problemas con aguas negras en el residencial Luis Lloréns Torres y la compañía privatizadora que estaba antes solucionó esto y faltaba solo la mitad de un sector. Luego, cuando entró la segunda empresa, se cayó todo y ya tenemos aguas negras de nuevo”, añadió.
La líder comunitaria abundó que “no hay rondas policiacas para prevenir incidentes y la Policía... no tiene ninguna iniciativa en los proyectos para educar a la población”. Ríos también reclamó mejoras a las áreas deportivas y en los servicios dirigidos a las personas con impedimentos.
Refuerzo en servicios para niños
Mientras, Lucía Santana, líder comunitaria del residencial Manuel A. Pérez, indicó que ha sido testigo de desalojos injustos y actos denigrantes. “Podemos luchar y vivir con afán, pero somos ignorados, maltratados por alguna agencia administradora”, dijo.
Este complejo tiene 850 unidades y, según Santana, requiere que el gobierno no monopolice los servicios de educación y biblioteca que reciben los niños de los residenciales. Indicó, además, que hay terrenos desocupados de los que se “puede sacar provecho” y convertirlos en áreas recreativas para los menores.
“Historial de maltrato”
“Por favor, le pedimos al gobierno que no dé contratos a agencias administradoras que ya cuenten con un historial de maltrato y mal manejo de los fondos que se les asigna a los residenciales... Es necesario que se tomen en cuenta nuestras sugerencias y experiencias vividas con las agencias administradoras, que por muchos años se han lucrado de los fondos de nuestros residenciales”, manifestó Santana.
El senador Laureano anticipó que celebrarían vistas oculares en los residenciales y que citarían al personal de Vivienda Pública como parte de la investigación senatorial.
Por su parte, Neumann comentó que “eso es un reflejo de lo que veo constantemente en los residenciales públicos, donde hay tanta necesidad y abandono de parte de las compañías (administradoras)”.
Imputan a las aseguradoras
De otro lado, el subadministrador de la AVP, William Rodríguez, reconoció que las situaciones planteadas es la realidad de muchos residenciales en la Isla y atribuyó la falta de acción a $3,000 millones que las aseguradoras adeudan a las compañías privatizadoras tras el paso de María.
“Los agentes administradores en este momento no cuentan con la cantidad de dinero para atender de inmediato todas estas situaciones porque todo eso está pendiente de reclamaciones ante FEMA y las aseguradoras que, como sabemos, han sido excesivamente lentas en el trámite para nosotros poder obtener el dinero”, sostuvo el funcionario.
De igual forma, Rodríguez indicó que fiscalizan a las privatizadoras de los residenciales públicos, aunque a la fecha no se han visto obligados a cancelar contratos por incumplimiento.
FUENTE: elvocero.com
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