En el limbo adultos mayores de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico

La administradora del hogar, Ilsa Vargas, expuso que ni el personal ni otros residentes “han opinado en contra de su orientación”. “Somos como ocho o nueve personas; la gran mayoría no le importa y la tratan como tal”, manifestó Vargas.

Wilfred Labiosa, director de la organización Waves Ahead, que ofrece servicios a personas mayores en estas poblaciones, explicó que, en un congreso que lideró con 2015 junto a otras entidades, descubrió la necesidad de un techo en el que estas personas se sientan cómodas.

Las personas LGBTQ+ “buscan espacios donde puedan hacer un poquito de su vida, viviéndola a plenitud”, expresó.

El Censo de 2020 reveló que Puerto Rico es la jurisdicción de Estado Unidos con el menor porcentaje de personas LGBTQ+ (0.5%) o parejas del mismo sexo (0.2%) que registraron tener un hogar. De 1,340,534 hogares en pareja en Puerto Rico registrados en el Censo, solo el 0.7% corresponden a parejas del mismo sexo.

La falta de acceso a una vivienda para las poblaciones LGBTQ+ se complica cuando se envejece, expresaron personas que trabajan con estas comunidades.

Aunque en Puerto Rico existen protecciones dirigidas exclusivamente a personas envejecidas, ninguna menciona de forma directa a los adultos mayores LGBTQ+. Por ejemplo, la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores (Ley 121 de 2019) establece derechos generales de “integridad, dignidad y preferencia”, pero no aborda la identidad de género o preferencia sexual.

Esta ley pone en el DF la responsabilidad de prevenir, identificar, investigar y supervisar maltrato hacia adultos mayores.

No obstante, el cumplimiento de la ley se complica por la falta de estadísticas de las poblaciones LGBTQ+ y la disparidad en la recopilación de querellas entre el DF y la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada (Oppea).

José Acarón, director de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, explicó que “nunca hay cómo cuadrar las querellas, porque (el Departamento de la) Familia tiene unos números y la Procuraduría tiene otros”.

Sobre esa disparidad, la directora interina de la Oficina de Licenciamiento del DF, Bárbara González Nieves, planteó que se había añadido un módulo de querellas al sistema de manejo de expedientes para resolver ese asunto. Después, aclaró que el módulo está “en desarrollo”.

Proyectos sin atenderse

Entre 2021 y 2022, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 427, de la autoría de María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, para declarar la política pública en contra del discrimen hacia los adultos mayores LGBTQ+ en la vivienda.

El proyecto fue enviado al gobernador Pedro Pierluisi para su firma, quien lo devolvió a la Legislatura para enmiendas que no se le han hecho. “Al día de hoy, no tenemos una explicación clara de qué busca Fortaleza”, dijo la senadora Santiago.

Carlos Rivera Justiniano, asesor del gobernador, explicó que se identificó un “contrasentido” relacionado con el período que propone la medida legislativa para adaptar los reglamentos y una instrucción a la Oficina de Licenciamiento del DF para que emitiera una certificación.

Santiago dijo que se enteró de las reservas de La Fortaleza por la respuesta dada a El Nuevo Día y el CPI. “Ahora que conocemos cuál es la enmienda que le interesa a Fortaleza, la estaremos trabajando”, indicó Santiago.

De convertirse en ley, el proyecto establecería como requisito cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan las personas adultas mayores LGBTQ+ para obtener el Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada, que es requerido para trabajar en un establecimiento de cuidado para las personas adultas mayores.

La medida establece que las personas LGBTQ+ son un sector considerable de la creciente población de personas mayores en Puerto Rico “totalmente desatendidas por la política pública”.

Una encuesta del “The National Senior Citizens Law Center”, titulada “LGBT Older Adults in Long-Term Care Facilities: Stories from the Field”, reveló que las personas adultas mayores que se identifican como LGBTQ+ y residen en establecimientos de cuidado enfrentaron discrimen por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida.

En la Legislatura, también está en espera de ser llevada a votación la Carta de Derechos de personas LGBTQ+, de la autoría de la senadora Rivera Lassén.

El proyecto –que espera ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales desde junio de 2021– incluye aspectos como “derecho a una vivienda digna, de poder adquirir, arrendar, enajenar sus propiedades muebles e inmuebles sin ser discriminados(as)”.

Poco acceso a égidas

Labiosa explicó que en los centros de cuidado prolongado y égidas reguladas por los departamentos de la Familia y la Vivienda, respectivamente, se suele disfrazar el discrimen contra personas de las poblaciones LGBTQ+ al alegar que no hay espacios disponibles.

Señaló que, en ocasiones, los elementos de discrimen en estos espacios no ocurren de forma evidente. Ese fue el caso de una mujer lesbiana que residía en la égida Miramar Housing for the Elderly, en San Juan, y que recibió servicios de Waves Ahead. A modo de orgullo, había colocado en la puerta de su apartamento una bandera de las comunidades LGBTQ+, un símbolo que la administración le ordenó remover. Luego de removerla de la puerta, como otras personas residentes tenían banderas de otro tipo en sus ventanas, la mujer decidió colocar la bandera en su ventana.

“Se la mandaron a bajar también”, relató Labiosa.

Waves Ahead cuestionó, además, que la administración del lugar tardara un tiempo irrazonable en mudar a la mujer a un apartamento que, desde su llegada, había solicitado dentro del mismo complejo de apartamentos. Para que esa mudanza se concretara, Waves Ahead tuvo que redactar cartas certificando los servicios que recibió la mujer.

Unos meses después de que ella se mudó al nuevo apartamento, la administración solicitó a Waves Ahead ofrecer su entrenamiento al personal. “Nosotros dimos un entrenamiento que, interesantemente, las personas que tenían más contacto con los clientes no fueron”, relató Labiosa.

La administración de Miramar Housing for the Elderly no respondió dos peticiones de entrevista hechas por teléfono.

¿Qué dice la ley federal?

Además de ser subvencionados por el Programa Estatal de Subsidio de Arrendamiento y de Mejoras para Viviendas a Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos (Ley 173 de 1996), la mayor parte de las égidas son reguladas y reciben fondos de programas federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). “Se supone que todos estos espacios sigan las leyes federales”, destacó el director de Waves Ahead.

Aunque las leyes locales sobre protecciones para los adultos mayores no abordan específicamente a las comunidades LGBTQ+, a nivel federal existe la Ley de Vivienda Justa, que se aplica a instituciones que reciben fondos federales para vivienda como las égidas y que, entre sus disposiciones, prohíbe la discriminación por sexo, identidad de género y orientación sexual.

“Cuando esas personas (que administran égidas) reciben el cheque del gobierno federal y lo están depositando, tienen que recordar que esa regla existe y eso es lo que está faltando. Parte del entrenamiento que nosotros le decimos es que eso está en las regulaciones federales”, sostuvo Labiosa.

La ley provee mecanismos para que las personas LGBTQ+ puedan querellarse ante HUD y la agencia federal está obligada a investigar la denuncia por discriminación “real o percibida”.

El CPI y El Nuevo Día solicitaron a HUD información respecto al número de querellas y sus estatus, pero, al cierre de esta edición ayer, la información provista no precisaba los datos sobre la isla. Desde febrero de 2012, está en vigor, por ejemplo, la regla de “Acceso equitativo a la vivienda en los programas de HUD independientemente de la orientación sexual o la identidad de género”.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el 15 de junio de 2020, en el caso Bostock v. Clayton County, –que sostuvo que el Título VII prohíbe la discriminación sexual en el empleo y se extiende a la orientación sexual y la identidad de género–, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para prevenir y combatir la discriminación por identidad de género u orientación sexual, que se aplicó a la Ley de Vivienda Justa.

Si bien existen las prohibiciones a nivel federal, Acarón Rodríguez señaló que estas disposiciones van dirigidas más bien a los dueños y administradores, por lo que reiteró que son necesarios esfuerzos adicionales de educación para eliminar el discrimen entre los residentes.

Respuesta a la escasez

Ante las escasas posibilidades de viviendas asequibles dirigidas a personas mayores LGBTQ+, Waves Ahead desarrollará complejos de vivienda inclusiva.

Los primeros dos estarán en Cabo Rojo e Isabela, adelantó Labiosa, al tiempo que explicó que estos espacios también estarán disponibles para adultos mayores que no se identifiquen como personas LGBTQ+.

“Nosotros no vamos a discriminar, ese es nuestro enfoque”, puntualizó.

En Isabela, la organización obtuvo el título de propiedad del complejo de vivienda Ciudad Dorada por una solicitud que hiciera el municipio a Vivienda. El secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, resaltó como un paso a proveer vivienda a estas poblaciones el traspaso a la organización de esta propiedad que estaba abandonada.

Labiosa insistió en que, así como la entidad que dirige logró el traspaso de este inmueble, otras organizaciones pueden hacer proyectos de “vivienda justa y digna para toda la comunidad”, si se les da acceso a estructuras en las que se hicieron grandes inversiones de dinero y ahora están sin uso.

Como parte de la remodelación en Ciudad Dorada, se aumentará de 30 unidades de vivienda a 43, explicó.

“Vamos a convertirla en la Ciudad Dorada diversa. Ya tenemos los fondos casi confirmados y vamos a tener un proyecto que no cuesta tanto renovar”, sostuvo Labiosa, quien añadió que Waves Ahead iniciaría el proceso de solicitud de algún tipo de subsidio a través de Vivienda, aunque todavía discuten los detalles administrativos.

“No tenemos ningún problema en otorgar subsidios, tendría que hacer la solicitud. En el caso de sección 8, por ejemplo, son procesos competitivos que se hacen y tendrían que participar del proceso competitivo y entonces solicitar el subsidio correspondiente”, dijo Rodríguez Rodríguez.

El director de la AARP también acogió este tipo de iniciativas, porque crea más alternativas de vivienda para los adultos mayores.

“Lo importante es que debe haber todas las alternativas para que la persona decida qué es lo que quiere y dónde puede vivir cómodo y con dignidad. Ese debe ser el ideal, que la gente pueda tener la decisión final y tener una sociedad donde cada cual decida cómo vivir y dónde vivir”, manifestó.

Por su parte, González Nieves, del DF, afirmó que estos proyectos de vivienda serían una contribución positiva para atender tanto a poblaciones diversas como a la falta de vivienda asequible.

“Va a cubrir quizás una necesidad que tengan los adultos mayores y que elijan vivir en un establecimiento como el que ellos proponen. Así que es cuestión de que cumplan con la ley y reglamentos, y bienvenido, porque cada vez se necesitan más lugares para adultos mayores”, concluyó.

FUENTE: elnuevodia.com