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Seis personas enfrentarán cargos por diversos delitos luego que la jueza María del Pilar Vázquez Muñiz, del Tribunal de Mayagüez, encontrara causa para arresto por hechos que ocurrieron durante una manifestación, escenificada el pasado 9 de julio, en una propiedad de los suegros de la comisionada residente Jenniffer González, en el área de La Parguera, en Lajas.
El Departamento de Justicia detalló a El Nuevo Día que Vázquez Muñiz encontró causa ayer, jueves, contra Iona Fournier Gómez, Imalay Arroyo Surita, Pedro Amengual Gutiérrez, Juan Rodríguez González, Sheila Mejía Luciano y Francheska Vélez Ramírez.
La Fiscalía de Mayagüez radicó un total de 19 cargos contra los imputados. Fournier Gómez enfrenta denuncias de daño agravado (Artículo 199), empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (Artículo 245), hacer justicia por sí mismo (Artículo 274) y por conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares (Artículo 284), todas faltas al Código Penal.
Mientras, Arroyo Surita y Amengual Gutiérrez enfrentan cargos por los Artículos 245, 274 y 284 del Código Penal, al igual que una denuncia de portación y uso de un arma blanca (Artículo 6.06 de la Ley de Armas).
De momento, el Departamento de Justicia no ofreció la fecha señalada para la vista preliminar.
Los presuntos delitos se remontan al 9 de julio de 2023, cuando ciudadanos acudieron a una manifestación que, según el Negociado de la Policía, fue liderada por el excandidato independiente a la gobernación y ambientalista Eliezer Molina Pérez. La Uniformada indicó, el día del incidente, que un agente recibió heridas en la cabeza tras ser golpeado con un objeto contundente lanzado intencionalmente.
Tanto Molina Pérez como los manifestantes argumentaron que esa zona es dominio público y, por tanto, no pueden alegar daños a propiedad privada. No obstante, Torres Torres afirmó que “independientemente que esté en bienes de dominio público, la propiedad es privada, entiéndase la estructura”.
La representación legal de los suegros de González aseguró, al día siguiente de la manifestación, que aguardaban por una denuncia formal por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), previo a contestar las imputaciones de la supuesta ilegalidad de la construcción de un “tablado y terraza” en la propiedad.
Un informe técnico del DRNA, que fue elaborado por el biólogo Joshua Morel Matos, destacó que la construcción de esa estructura aledaña a la propiedad dañó ilegalmente la flora de la reserva natural, localizada en la zona marítimo terrestre. El documento, al que El Nuevo Día tuvo acceso, precisa que Morel Matos acudió a la zona el 7 de junio junto al vigilante Juan C. Banchs Cedeño, en respuesta a una querella presentada previamente.
No obstante, de acuerdo con el abogado Miguel Torres Torres, en esa localidad no se llevó a cabo ninguna construcción y la casa fue comprada con esas estructuras, las cuales son de más de 30 años.
FUENTE: elnuevodia.com
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