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11 de noviembre de 2022

Entidades locales y federales investigan donativo no registrado de contratista en Mayagüez al comité del PPD

El contralor electoral confirma que su oficina y otras "agencias" llevan dos años indagando acerca de asuntos políticos en la Sultana del Oeste

11 de noviembre de 2022 - 08:42

La Oficina del Contralor Electoral (OCE), entidad encargada de combatir la corrupción en el financiamiento de los comités políticos, investiga desde hace dos años las alegaciones de posibles ilegalidades en el manejo financiero de la campaña política y electoral a la alcaldía por Mayagüez, una gestión que involucra también a otras entidades del ámbito penal.

El Nuevo Día corroboró, y la OCE confirmó, que los donativos mensuales que Irizarry Irizarry confesó que le hizo al PPD en Mayagüez, nunca se registraron como ingresos políticos del comité de “amigos José Guillermo Rodríguez Rodríguez” ni al comité municipal “Mayagüez PPD”, lo cual es una obligación de ley.

“Nosotros estamos indagando asuntos político-electorales de Mayagüez por cerca de dos años. Hemos compartido información con otras entidades y otras entidades nos han requerido información. Agencias han cooperado con nosotros y nosotros con otras agencias con relación a Mayagüez”, comentó Vélez, de forma amplia. El contralor rehusó especificar si se trataban de entidades locales y federales.

“Lo importante aquí sería corroborar si se usó para fines políticos o algún gasto personal”, agregó el contralor electoral, quien aclaró que es un delito usar fondos públicos para favorecer a un partido político. Además, el donativo de $2,000 mensuales por un tiempo indeterminado supera, por mucho, el límite de $2,800 anuales que establece la ley -en ese entonces, en 2016, era $2,600 anuales- que se le permite donar a un solo individuo.

La confesión de Irizarry Irizarry se suscitó como parte de su testimonio en el juicio en su contra por participar de un fraude de $9 millones contra el municipio. La razón por lo cual la defensa -representada por el abogado José Álvarez Cobián- trajo el tema en el interrogatorio con su cliente pudo haber sido anticipar la movida de la fiscalía federal, ya que las reglas de evidencia federal le permiten detallar al jurado otros actos no relacionados como prueba de identidad, ausencia de error o ausencia de accidente, según una fuente consultada

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Los hechos narrados por el propio Irizarry Irizarry guardan similitudes con los esquemas que han procesado los federales en casos como el de los exrepresentantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros “Tata” Charbonier, Nelson Del Valle Colón y Néstor Alonso Vega. Se alega que el trío de legisladores subió los salarios de sus empleados a cambio de una aportación obligatoria a su comité de campaña. A esta acción, se le conoce en derecho como concusión (“kickback”, en inglés).

La portavoz de la fiscalía federal, Lymarie Llovet, respondió a este diario que no harán comentarios sobre posibles investigaciones adicionales.

Un jurado federal, compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, encontró culpables, el miércoles, de ser cómplices de fraude a Irizarry Irizarry y al exdirector de la empresa municipal “Mayagüez Economic Development, Inc.” (MEDI) Alejandro Riera Fernández por hacer creer al municipio que sus $9 millones estaban seguros en una cuenta para la compraventa de valores en la bolsa. Según la prueba que desfiló en sala, entre abril de 2016 y mayo de 2017, ambos contratistas cobraron entre $139,400 y $169,600, respectivamente, en cheques “por hacer nada” y que provenían del desvío de fondos de MEDI.

Riera Fernández aportó, por su parte, $15,385 a comités políticos del PPD entre 2011 a 2016, según los registros de la OCE.

Surge referido a Justicia

Tras seguir la cobertura del caso federal, el representante novoprogresista, Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, escribió, este jueves, una carta al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, para que investigue la posible comisión de delito por este asunto.

“De resultar ciertas estas alegaciones, estaríamos ante un escenario más complicado de lo anticipado, por lo que resulta necesaria la intervención del departamento que usted dirige para realizar una investigación completa que, entre otras cosas, pueda evaluar la posible comisión de delitos de corrupción”, lee la misiva en poder de El Nuevo Día.

Meléndez Ortiz solicitó, al titular de Justicia, que realice las gestiones correspondientes con las autoridades federales para obtener una certificación del testimonio que ofreció bajo juramento Irizarry Irizarry en el juicio federal y “solicitar cualquier evidencia pertinente... en poder de las autoridades federales que pueda ser usada como evidencia para probar delitos estatales”.

Durante su testimonio del martes, Irizarry Irizarry informó que “casi a lo último” la administración municipal subió la tarifa que le pagaba por sus servicios legales a $10,000 mensuales. “Cuando me dieron la iguala que ascendió a $10,000, se acercó a mi el señor Osvaldo Rodríguez que era uno de los ayudantes principales del alcalde de Mayagüez y a su vez el hermano... que si le podía donar, por un periodo, $2,000 mensuales de los que yo ganaba”, dijo en referencia al comité municipal del PPD, que estaba teniendo “problemas económicos”.

La fiscal Myriam Fernández aprovechó su contrainterrogatorio para abordar también este asunto.

—Si no lo hacía, perdería su contrato con Mayagüez, pregunto la fiscal

—Eso yo no lo puedo determinar así, contestó Irizarry Irizarry.

—Mientras estuvo pagando los $2,000 cotinuó su contrato con el Municipio de Mayagüez

—Por supuesto que sí

Cuando la fiscal increpó si el alcalde Rodríguez lo sabía, la defensa objetó y la jueza Aida Delgado falló a favor de esa objeción.

Este diario intentó conseguir al alcalde a través de sus abogados en el foro federal y ante el proceso criminal que lleva la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, respectivamente, pero ninguno contestó al cierre de edición.

FUENTE: elnuevodia.com

11 de noviembre de 2022 - 08:42

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