Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
Una nueva incertidumbre permea en el sector laboral en Puerto Rico, pues se supone que hoy miércoles entre en vigor la Ley 41 de 2022 -Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral- o comúnmente denominada reforma laboral para todos aquellos negocios que no sean microempresas ni pymes.
Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó ayer que el gobierno debe suspender la implementación del estatuto hasta que ambas partes intercambien sus puntos de vista sobre el impacto que tendrá esta ley sobre los recaudos del fisco.
Por tanto, pese a que supuestamente este es un país de “ley y orden”, los patronos no tienen claro si deben acatar la ley o esperar a que la JSF y el gobierno se sienten y lleguen a algún acuerdo, o en su defecto, acudan a los tribunales para dirimir este asunto.
El gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer que firmó la ley y defenderá la puesta en vigor de la misma, incluso si la controversia llegara al tribunal.
Estas cinco entidades empresariales le solicitaron al gobernador Pierluisi que cumpla con la petición de la JSF de suspender la entrada en vigor de la ley, para evitar la confusión entre los patronos.
En su reclamo al gobernador, han señalado que en Puerto Rico no existe un problema de falta de beneficios, aun después de la Ley Número 4 de 2017 –que redujo muchos de los beneficios a los empleados-, por lo que se hace innecesario reversar el estatuto.
Resaltaron estas cinco entidades que el país cuenta con mucha más legislación laboral que ningún estado de los Estados Unidos. Sin embargo, los sueldos son mucho más bajos, hay una menor tasa de participación y mayor desempleo.
Señalan que quieren que sus empleados gocen de los mayores beneficios y salarios posibles, pero insisten en que eso lo debe determinar el mercado y las capacidades de cada empresa.
Muchas de estas empresas confrontan problemas para atraer y retener personal –situación que se ha agravado con la pandemia- y algunas han tenido que aumentar los salarios y los beneficios para poder competir en el mercado de empleos.
Agregaron los representantes de estas cinco organizaciones del sector privado que Puerto Rico enfrenta una inflación sin precedentes, y por ello exhortan al gobernador a seguir la directriz de la JSF de detener la puesta en vigor de la reforma laboral.
FUENTE: elnuevodia.com
Suscribite a nuestro Newsletter