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En Puerto Rico, los precios de la vivienda aumentan 23% y la mediana de alquiler sube 7% cuando el porcentaje de alquileres a corto plazo sube 10% en una comunidad. Este es uno de los hallazgos principales del análisis que el Centro para la Nueva Economía (CNE) publicó hoy, con datos que cubren de 2014 a 2020.
“Hoy es mayor, sin duda, porque el análisis muestra el vínculo directo que tiene el número de unidades alquiler a corto plazo. Sabemos que esa cifra aumentó desde el 2020 para acá. Entonces, este estudio lo que muestra es unos estimados conservadores en comparación con lo que hay ahora”, expuso el investigador Raúl Santiago Bartolomei en entrevista con Negocios.
El también profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) indicó que el informe -publicado junto con el director de Investigación del CNE, Deepak Lamba Nieves- “provee el único análisis que se ha realizado sobre los impactos de los alquileres a corto plazo (ACP) sobre el mercado de vivienda en Puerto Rico”.
Además, adelantó que se trata de una primera entrega de una serie. “Durante el primer trimestre del 2023, expandiremos nuestro análisis para incorporar perfiles de algunos de los municipios donde hay una alta concentración de ACP”, mencionó.
Otro hallazgo notable fue que en Puerto Rico solo 39% del total de los anfitriones de Airbnb mercadeaban dos unidades o más. Sin embargo, esa minoría tenía bajo su control 69% de la oferta en esta plataforma. “Más aún, de los más de $700 millones acumulados en ACP entre 2014 y 2020, 79% de estos ingresos han ido a anfitriones con múltiples unidades listadas”, detalló el informe.
“Si el argumento es que los ACP dan una oportunidad económica para dueños de hogares en necesidad, lo que vemos es que, como está ahora mismo esta actividad económica, incentiva a acaparar más propiedades, porque esa es la clave del éxito”, observó Santiago.
El escrito también dejó claro que ya múltiples estudios han demostrado que la actividad de arrendamiento a corto plazo “afecta la asequibilidad de la vivienda en la medida que reduce el inventario de unidades disponibles tanto para alquiler a largo plazo como para la venta”.
“Por lo tanto, el número de anuncios de ACP como porcentaje del total de unidades de vivienda se convierte en un indicador clave para medir cómo estos alquileres afectan el acervo de vivienda”, estableció el documento. Usando este indicador, el informe encontró que en Puerto Rico los municipios costeros fueron más propensos a tener más proporción de ACP. “En Vieques, casi 15% de las unidades de vivienda se anunció en algún momento en una plataforma de ACP, mientras que esa cifra casi alcanzó 30% en Culebra”, destacó la investigación.
Además, determinaron que -respecto al total de unidades disponibles para alquiler- en San Juan, Carolina, Fajardo, Guánica, Lajas y Fajardo, los ACP representaron de 3.7% a 10.1% En Dorado, Loíza, Luquillo, Río Grande, Fajardo, Humacao, Cabo Rojo y Rincón, esta relación fue mayor con 10.1% hasta 35.5%. Este último porcentaje correspondió a Rincón.
El análisis publicado hoy se basó en datos de AirDNA, una firma de investigación del mercado de los ACP localizada en Denver, Colorado. Esto les brindó acceso a información detallada de la actividad diaria, mensual y agregada de este sector por seis años, así como de sus transacciones y la dispersión geográfica de los más de 30,000 anuncios únicos de ACP en Puerto Rico. Esta fuente se suplementó y cruzó con varias otras, como el Censo federal, disertaciones, estudios de otros mercados y artículos en publicaciones académicas.
¿Cómo se busca el balance?
Cuestionado sobre en qué dirección debería encaminarse la política pública para balancear los ACP y sus negocios relacionados con la realidad de que existe una crisis de vivienda asequible, Santiago explicó que siguen examinando qué medidas han tenido algo de éxito en localidades que llevan un tiempo buscando ese equilibrio, como Los Angeles, Tokio, Nueva York, Berlín, Nueva Orleans y Barcelona.
“Hay cosas en común como establecer un sistema de licencia y registro. Establecen topes y cuotas en cuanto al número de días al año que pueden estar disponibles las unidades en las plataformas y topes al número de unidades que pueden estar para alquiler en zonas determinadas”, presentó como ejemplos.
Un factor crítico es “tener capacidad informática para establecer un monitoreo sofisticado y un esquema claro de las multas y medidas punitivas en caso de incumplimiento”, recalcó Santiago.
Compartió que lo que sí ha quedado claro es que la prohibición absoluta no funciona “porque ninguna ciudad ha podido hacerla valer. Costaba demasiado y había demasiado incumplimiento”.
“Aún en los lugares donde hubo éxito, no significa que no hay crisis de vivienda. Hay que tener medidas en paralelo para aumentar el inventario de vivienda asequible, medidas para controlar la especulación de bienes raíces y medidas antidesplazamiento. Una política pública más amplia de vivienda que ahora mismo no tenemos”, concluyó Santiago.
FUENTE: elnuevodia.com
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