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Representantes de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público establecieron ayer lo que entienden deben ser las condiciones con las que debe cumplir toda auditoría que se lleve a cabo sobre la deuda pública de Puerto Rico.
“Ante la cantidad de medidas radicadas para auditar la deuda, hemos decidido presentar cinco principios que debe satisfacer todo esfuerzo para auditar la deuda del País”, señaló el catedrático universitario José González Taboada.
“Su elaboración es resultado de las experiencias de quienes participamos en la antigua comisión pública, creada en 2017, junto a la reflexión de quienes integran actualmente la comisión ciudadana”, agregó.
Aunque el grupo reconoce como positivas las iniciativas legislativas que hasta la fecha se han presentado —la Resolución de la Cámara 63, el Proyecto de la Cámara 457 y el Proyecto del Senado 159—, considera que para que cualquiera de ellas sea exitosa y cuente con la credibilidad que demandan los ciudadanos debe contener y asumir “principios básicos”.
Las cinco condiciones presentadas por la comisión ciudadana son que la auditoría sea integral; que el nombramiento de los integrantes del ente auditor sea mediante proceso participativo y estos tengan independencia de criterio; que el ente auditor reciba recursos económicos adecuados; que tenga suficiente poder investigativo, y, por último, que los procesos sean transparentes y se garantice el acceso a la información.
El primero de los principios de auditoría recomendado —que la auditoría sea integral— conlleva la inclusión de cuatro tipos diferentes de auditorías a saber financiera —determina a cuánto asciende la deuda, cuánto se ha pagado y cuánto se debe—, de cumplimiento —determina si se cumple con los requisitos aplicables, incluyendo la autoridad para emitir la deuda—, de rendimiento —determina si el dinero generado fue usado para un fin público de manera eficiente— y forense, la cual determina si se cometió algún delito o se causó daño en el proceso de emisión de la deuda.
“Tenemos que hablar del impacto social de esa acumulación de deuda. Fíjense que se están recortando los beneficios de pensiones, se le están recortando una serie de beneficios al pueblo, se redujo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico… ¿Por qué? Porque se emitió deuda sin control”, señaló González Taboada para justificar “la necesidad de una auditoría integral”.
Sobre el carácter participativo al momento de elegir a los integrantes del ente auditor, la excandidata a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, recalcó que “deben estar libres de cualquier conflicto de intereses y eso incluye a las personas que puedan representar al sector privado y a los recursos que puedan contratarse”.
“Entendemos que el proceso de nombramientos debe ser participativo y que vincule a todos los sectores sociales”, señaló Prados.
En términos de los recursos económicos disponibles para la auditoría, Pagán recordó que en la experiencia de la comisión gubernamental creada por ley el gobierno no destinó los recursos necesarios para poder desempeñar la gestión de auditoría.
“Por la falta de recursos económicos no pudimos llegar al fondo para determinar que aseguradoras y otras entidades que utilizaba el gobierno para las emisiones de bonos hubiesen estado cometiendo delito”, explicó Pagán.
Las características restantes que debe tener el organismo auditor que se cree deben incluir suficiente poder investigativo para que se garantice el requerimiento y entrega de la información que resulte relevante a la auditoría y la garantía de transparencia y acceso a la información que se genere por el ente auditor, según se va recibiendo.
FUENTE: elvocero.com
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