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Miguel Romero Lugo negó que hubiera mediado un acuerdo con la compañía para beneficiarla con contratos municipales en caso de que llegara a la alcaldía.
Expertos en administración pública y una conocedora sobre política pública anticorrupción cuestionaron ayer, jueves, la versión del alcalde de San Juan, Miguel Romero, en torno a las labores de pavimentación que coordinó con J.R. Asphalt, entre 2019 y 2020, y advirtieron que ese tipo de expresiones podría promover el clientelismo político que los funcionarios deben prevenir.
Romero admitió el miércoles que, como senador del distrito de la capital, coordinó trabajos de pavimentación con la compañía involucrada en un esquema de corrupción por sobornar a alcaldes, que las autoridades federales dieron a conocer en diciembre de 2021. El alcalde alegó que fueron trabajos gratuitos que la empresa quiso donar a las comunidades sanjuaneras.
Estos trabajos se hicieron luego de que Romero había registrado su comité de campaña por la candidatura a la alcaldía de San Juan en abril de 2021. El entonces candidato a la alcaldía compartió fotos de estas labores en sus redes sociales, entre octubre de 2019 y mayo de 2020, e incluso incluyó una toma en la que supervisaba la reparación de las vías municipales en su vídeo de lanzamiento de campaña.
Tres fuentes de este diario informaron que las acciones son investigadas por las autoridades federales. A nivel estatal, el contralor electoral, Walter Vélez, confirmó que hay una auditoría activa en su oficina encargada de fiscalizar el financiamiento de las campañas electorales.
“Esa es una función del gobierno municipal. Como senador, debió haber referido eso al gobierno municipal. No son acciones que hace un ente privado por su cuenta. Ninguna de las explicaciones que he escuchado durante los últimos dos días me hace sentido. Esta empresa privada no podía estar echando asfalto sin la autorización del gobierno municipal”, enfatizó.
La directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, criticó que la promoción que hizo Romero de los trabajos de J.R. Asphalt durante la campaña electoral son la base misma del clientelismo político, que se debe evitar a toda costa. La entidad que dirige, de hecho, ha preparado propuestas, junto a Somos Más, a los efectos de prohibir todo donativo de los ejecutivos u oficiales de empresas que contraten con el gobierno.
La profesora Ríos coincidió con la apreciación. “La duda es, ¿en qué momento esta empresa se beneficia de este tipo de acción? No tengo duda de que, a medida que pase el tiempo, seguirá surgiendo información sobre la relación entre J.R. Asphalt y el alcalde”.
Masses, también consultora de gobernanza del Banco Mundial, indicó que, salvo a que haya mediado un soborno, fraude o comisión ilegal a cambio de ese donativo, el clientelismo político es completamente legal en Puerto Rico.
Legisladores municipales piden rendición de cuentas
De otra parte, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal, Manuel Calderón, también reaccionó, en comunicación escrita, tildando como “poco creíble” la justificación del alcalde.
“No estamos hablando de una entidad sin fines de lucro que se dedica a realizar ayuda benéfica, estamos hablando de una compañía corrupta que realizó un esquema de fraude y soborno a varios alcaldes”, puntualizó.
Calderón anticipó que radicará una resolución para que se investiguen los contratos de asfalto otorgados por el municipio, así como una moción para que la presidenta de la Legislatura Municipal, Gloria Escudero, convoque una comisión total para interrogar al alcalde.
Los legisladores municipales por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mari Laura Rohena y Michael Taulé Pulido, dirigieron, por su parte, una misiva al director de la Oficina de Asuntos Legales, Israel Alicea Luciano, para que certifique si ha recibido solicitudes de información por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Al cierre de esta edición, Romero rechazó cualquier irregularidad en los procesos de selección y contratación para la repavimentación de las calles de la capital. “Las personas o entidades que, al momento, han sido señaladas en la comisión de posibles actos de corrupción en otros municipios de nuestra isla, no tienen contratos con el municipio de San Juan, ni le rinden servicios ni directa, ni indirectamente a nuestra ciudad”, agregó.
FUENTE: elnuevodia.com
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