Exsecretaria en Doral declara que ejecutivos tuvieron consultas religiosas con acusado por el asesinato de Spagnoletti

Durante su testimonio, causó sorpresa en la sala judicial cuando Vélez admitió que se le “hace difícil recordar” porque “estoy tomando medicamentos”.

Fue necesario que la fiscal le mostrara a Velez las declaraciones que había hecho al Gran Jurado para que recordara parte de su testimonio, particularmente cuando le preguntaron sobre si el expresidente de Doral había tenido “consultas” con Rivera Solís. Después de repasarlas, dijo que las “consultas” eran “para ciertas cosas que tienen que ver con qué hacer para que el banco volviera a flote”.

“(El jefe de la División Legal de Doral, Enrique) Ubarri fue una vez... no sé cuántas veces y Lesbia Blanco (directora de Recursos Humanos de Doral) también fue”, dijo Vélez, en relación a las “consultas” con Rivera Solís, ante las preguntabas de la fiscal Zenón.

Ante la pregunta de la fiscal sobre si cómo era la relación de Rivera Solís con la vicepresidenta de facilidades, Annelise Figueroa, la testigo dijo que “él era uno de los suplidores y ella tenía tenía una relación cercana con todos los suplidores”.

Figueroa y Rivera Solís fueron acusados por un gran jurado en el 2015 por supuestamente malversar unos $2,350,000 de la institución bancaria. Sus cargos también fueron retirados en el 2016, cuando tomaba forma la pesquisa federal por el asesinato de Spagnoletti.

En el 2018, a preguntas de El Nuevo Día, la entonces jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez indicó que “durante el curso de ese caso (el de Figueroa), llegamos a tener conocimiento adicional de unos hechos que nos llevaron a desestimar ese caso y seguir investigando hasta las acusaciones que anunciamos hoy (en ese entonces)”.

En su testimonio, Vélez no pudo recordar si Figueroa asistió a alguna de las “consultas” de Rivera Solís.

Vélez reconoció que, en alguna ocasión, también fue a alguna de las “consultas” y dijo que fue “solamente por curiosidad”.

Luego, en el interrogatorio, Vélez dijo que Rivera Solís llevó a cabo actividades en su residencia, donde recibía a empleados del banco y aseguró que en una ocasión vio armas de fuego.

“Sí. Es cuando decidí (que) no quería ir más a los eventos que me invitaban. Cuando entrabas a la casa, tenían un armario grande. Tenían que dejar sus armas en el tope”, expresó. “Ahí fue cuando dije que no quiero estar aquí”, abundó, estirando algunas sílabas.

Desde el banquillo de los testigos, Vélez recordó que Rivera Solís era el suplidor de los servicios de mantenimiento del banco, con la compañía SJ Tropical. En la sala identificó a Rivera Solís.

Vélez añadió que en el noveno piso del edificio central de Doral, en San Juan, donde estaban las oficinas de los principales ejecutivos, trabajaba un empleado que identificó como “Motombo”, que es el apodo de uno de los acusados en el caso, Yadier Serrano Canales.

Sin embargo, Vélez no pudo reconocer a Serrano Canales en la sala judicial. Fue necesario que le enseñaran la misma foto que le mostraron los agentes federales cuando la entrevistaron en el 2016.

“Sí”, dijo cuando vio la foto y añadió en tono pausado y riéndose: “Pero no se parece en nada a lo que veo ahora”. Cuando la fiscal intentó que precisara a quién no se parecía, contestó que “a ninguna de las personas que está aquí”.

La acusación alega que Rivera Solís ordenó el asesinato de Spagnoletti porque el banquero había mandó que se eliminara el contrato de SJ Tropical, por lo que afectaba las operaciones de una alegada organización criminal y que usó su posición de líder religioso para ejercer control sobre los coacusados.

“El ultimo día que lo vi con vida”

Previo al testimonio de Vélez, el vigésimo testigo del caso fue Federico Haussler, gerente de la división de propiedades reposeídas, también conocida como Other Real Estate Owned (OREO).

Haussler indicó que para el 2011 trabajó con el área de Facilidades de Doral, que previamente era administrada por Figueroa. Aseguró que así se percataron que el contrato de SJ Tropical había aumentado año tras año, de $420,002 en el 2008 a $1.1 millones en el 2010.

En su interrogatorio, la fiscal Zenón mostró varios correos electrónicos sobre las instrucciones de Spagnoletti para cancelar el contrato y encontrar otra compañía.

“Sácalo de inmediato”, leía un correo electrónico que recibió de Spagnoletti. Al día siguiente, tras ser informado de que ya estaba lista la carta para terminar el contrato, Spagnoletti le indicó: “Tiene que salir no más tarde de mañana”.

Ese correo fue recibido por Haussler a las 12:58 de la tarde del 15 de junio de 2011.

“¿Qué pasó después?”, preguntó Zenón.

“Lo mataron”, declaró Haussler. “Ese fue el ultimo día que lo vi con vida”

El testigo dijo que Spagnoletti saldría más temprano de lo común de la oficina porque era el cumpleaños de la esposa del banquero y porque llegaba su cuñada desde Estados Unidos.

Pero esa noche, Haussler recibió una llamada de Marissa Spagnoletti porque no había llegado su esposo. Relató que entonces salió en la misma dirección hacia su hogar en el Condado, con la misma ruta que hubiera seguido el banquero y se encontró con la escena policiaca en el expreso Las Américas, en dirección al Túnel Minillas en San Juan.

“No entendía lo que estaba pasando, pero mi mejor recuerdo es que me comunique con el banco para informar lo que había visto”, afirmó Haussler.

Durante el contrainterrogatorio, Haussler -en repetidas ocasiones- indicó que no recordaba muchos de los detalles, mayormente por el tiempo transcurrido desde el caso.

Por ejemplo, contestó que no sabía si iban a despedir a sobre 200 empleados y si había problemas internos por la venta de propiedades a bajo precio. Ante una objeción de la fiscalía federal, no pudo contestar la pregunta sobre si sabía si “había problemas entre Ubarri y Spagnoletti”.

El licenciado Leonardo Aldridge, abogado de Rivera Solís, intentó, en varias ocasiones, que contestara si hubo pocas o incluso una sola compañía que presentó interés por el contrato de mantenimiento.

Aldridge sí logró que Haussler reconociera que Doral también tenía problemas con otros suplidores de servicio, no solamente SJ Tropical. Con sus preguntas, Aldridge también logró que Haussler indicara en repetidas ocasiones que no recordaba si SJ Tropical había recibido más tareas, como justificación para el aumento en la facturación.

También llevó al testigo a indicar que no había detectado alguna irregularidad con el contrato. Haussler indicó que la situación se debía al “manejo” del contrato desde adentro de Doral, que incluía un pago semanal y automático.

“Mi recuerdo es que (la carta de cancelación) se envió el mismo día 15 (a SJ Tropical), pero no tengo la fecha exacta en la mente si es la pregunta”, dijo Haussler.

Los abogados de la defensa, además, trataron de presentar dudas al jurado, a través de sus preguntas, sobre si alguien más dentro del banco podía haber sabido que el contrato iba a ser cancelado antes del asesinato.

Haussler dijo que los correos electrónicos estaban copiados a José Rivero, quien era el jefe de seguridad de Doral, y a Ubarri, director de la División Legal.

El juicio continúa mañana con la continuación del interrogatorio de Vélez.

FUENTE: elnuevodia.com