FBI arresta exempleado y contratista de Toa Baja por corrupción

"Seguimos comprometidos con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos financieros y el fraude y mantendremos a los que se aprovechan de sus puestos, responsables de sus acciones", añadió.

Los demandados presentaron documentación falsa al personal de Toa Baja para obtener fraudulentamente contratos municipales y pagos monetarios.

Los acusados utilizaron una empresa ficticia, Professional Sales & Service, utilizando el nombre y la firma de una persona real con iniciales JM a pesar de que JM no estaba al tanto de las cotizaciones o el uso de su nombre y firma para enviar cotizaciones para el trabajo por contrato de la municipio. También utilizaron un número de seguridad social ficticio y una cuenta de correo electrónico para que los pagos se procesaran.

Arroyo Amezquita y Serrano Perdigón acordaron un precio por el trabajo que se realizaría y luego acordaron aumentar el monto de la oferta presentada.

Los acusados también presentaron presupuestos inflados bajo el nombre de una compañía controlada por Serrano Perdigón, A.L.S. Servicio Electrónico (ALS), para que las cotizaciones tuvieran costos más bajos.

Arroyo Amezquita utilizó su posición para entregar cotizaciones al comprador municipal con instrucciones de procesar inmediatamente la documentación del contrato, evitando que el comprador obtuviera otras cotizaciones.

Los contratos otorgados a Professional Sales & Service fueron completados por Serrano Perdigón o por un empleado o subcontratista designado por Serrano Perdigón.

Después de que se adjudicaran los contratos y los pagos fueran realizados por el municipio a Professional Sales & Service, Serrano Perdigón depositaría los cheques en una cuenta bancaria que él controlaba a nombre de ALS. Serrano Perdigón hizo pagos en efectivo a Arroyo Amezquita con la intención de influir y recompensar a Arroyo Amezquita.

De 2011 a 2013, más de $140,000 en contratos fueron otorgados y pagados por Toa Baja a Professional Sales & Service.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima de cinco años de prisión por la conspiración para obtener propiedad mediante fraude del programa que recibe fondos federales, una sentencia máxima de diez años de prisión por soborno en relación con programas que reciben fondos federales, dos a cuatro años de prisión obligatoria por los cargos de robo de identidad agravados, y una sentencia máxima de cinco años de prisión por mentir a las autoridades federales.

El fiscal, Seth Erbe, está procesando el caso.

FUENTE: elvocero.com