SAN JUAN (CyberNews) – El fiscal federal W. Stephen Muldrow, anunció el miércoles, la acusación formal de 11 mujeres y 8 hombres por su supuesta participación en un esquema para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo el Programa de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES Act).
“Esta es la quinta ronda de acusados acusados desde abril de 2023 en relación con este plan de fraude. La investigación sigue en curso y esperamos más cargos”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.
“Hoy hago la misma recomendación que hice en el pasado: si está involucrado en una actividad delictiva, comuníquese con las autoridades y coopere. Será mejor para usted si se presenta y no espera a que los federales llamen a su puerta”, añadió.
El Gran Jurado acusó de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los documentos de acusación alegan que desde abril de 2020 hasta febrero de 2024, los acusados y sus co-conspiradores provocaron la presentación de al menos 30 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que buscaban el desembolso ilegal de al menos 587,442 dólares en fondos federales de recuperación de las Pequeñas Empresas de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), y Banco 1.
“Es inaceptable planear obtener de manera fraudulenta fondos federales destinados a brindar asistencia a las pequeñas empresas del país”, dijo la agente especial a cargo de la Región Este de la OIG de la SBA, Amaleka McCall-Braithwaite.
“La OIG eliminará agresivamente las redes de fraude organizadas que buscan aprovecharse indebidamente de los fondos del programa de ayuda para la pandemia. Los arrestos de hoy sirven como recordatorio de que cada acción fraudulenta es como huellas en el concreto y que los malhechores serán llevados ante la justicia. Quiero agradecer a la oficina del Fiscal Federal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su apoyo y dedicación para buscar justicia en este caso”, añadió.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y el Servicio de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas llevaron a cabo la investigación con la colaboración del Departamento del Tesoro de Puerto Rico, el Negociado de Asuntos Especiales de Puerto Rico Investigaciones, Negociado de la Policía de Puerto Rico y Policía Municipal de Guaynabo.
Según documentos judiciales, los imputados José Carmona Morales, alias “Cheka” y Cecy Casiano Santiago, junto con Manfred Pentzke Lemus, alias “Man/Contable/El Gestor”, Rodolpho R. Pagesy Roussel, alias “El Banquero”, Augusto A. Lemus Berrios, alias “Primo”, Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, alias “Johnny Millones”, Ligia María Lemus De Pentzke y otros, a sabiendas, idearon un plan para defraudar a la SBA y al Banco 1 para obtener dinero y propiedades federales mediante mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles a través de la Ley CARES para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia. Pentzke Lemus, Pagesy Roussel, Lemus Berrios, Prieto Ruiz De Val y Lemus De Pentzke fueron acusados previamente en abril de 2023 en una acusación separada.
Los acusados son: José Carmona Morales, alias “Cheka”; Cecy Casiano Santiago; Arnaldo Dávila Rivera; Cruz Sheila Pérez Guzmán; Emmanuel Maysonet Cruz; Janelle Irene Fe Cooney Delgado; Jesús Rodríguez Maysonet; Julia Cecilia Santiago Salgado; Nelson Noriega Sotomayor; Héctor Martínez Ortiz; Carolyn González Marrero; Edyel León Rivera; Ángel Febus Muñoz; Verónica Vázquez Molina; Karishna Ayala Otero; Lilliam Collazo Pérez; Rebeca Serrano Martínez; Rosa Casanova Salgado; y Tatiana Lebrón
La Ley CARES autorizó asistencia federal mediante la emisión de préstamos de la SBA a pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro que experimentaron pérdida de ingresos debido a la pandemia mundial de COVID-19. El programa EIDL fue uno de esos programas de asistencia crediticia para pequeñas empresas. Para obtener el préstamo, los solicitantes debían completar una solicitud en línea que detallaba información operativa durante el período de 12 meses anterior a la pandemia de COVID-19, como la cantidad de empleados en el negocio, los ingresos brutos del negocio obtenidos y el costo de bienes vendidos. Otra forma de asistencia proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de Estados Unidos fondos de los contribuyentes en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y ciertos otros gastos, como intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
La acusación formal alega que los acusados presentaron al menos 30 solicitudes de préstamos PPP fraudulentas que contenían información materialmente falsa y fraudulenta y documentos falsos, incluidos documentos fiscales, registros de nómina, registros bancarios y documentos de identificación falsos y ficticios, para obtener el desembolso de préstamos de asistencia PPP por parte de Banco 1. La acusación formal alega además que los acusados y sus cómplices ordenaron a los destinatarios de los préstamos PPP obtenidos de manera fraudulenta que remitieran una parte de los ingresos de los préstamos a los demandados y sus cómplices y utilizaron los ingresos del préstamo para beneficiarse ellos mismos, y otros, y para pagar gastos prohibidos bajo los requisitos de los programas PPP.
Los acusados José Carmona Morales, alias “Cheka” y Cecy Casiano Santiago enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por realizar a sabiendas transacciones financieras que involucran el producto de fraude electrónico, junto con otras personas previamente acusadas. También se alega que los acusados, incluido José Carmona Morales, también conocido como “Cheka”, reclutaron a otros cómplices no acusados no solo para obtener préstamos EIDL y PPP adicionales con falsos pretextos, sino también para reclutar a otros para presentar solicitudes fraudulentas.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por cargos de fraude electrónico. José Carmona Morales, alias “Cheka” y Cecy Casiano Santiago también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
El Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) Timothy Henwood, Jefe de la División Penal, y el AUSA Daniel Olinghouse están a cargo del procesamiento del caso.
Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
FUENTE: cybernews