Fiscal asegura que el FBI concluyó que Kevin Fret no extorsionó a Ozuna

Sagardía agregó que Ozuna fue entrevistado por Quiñones, “no como sospechoso, porque ella (Quiñones) se lo aclaró”.

De forma similar, en una entrevista en noviembre pasado con el programa Día a Día de Telemundo, el licenciado Edgar Sánchez, abogado de Vicente Saavedra, quien era manejador de Ozuna, contestó que “no” cuando le preguntaron si su cliente había “mandado a matar a Kevin Fret”.

“Es una cosa increíble que eso sea así”, dijo el letrado, quien también rechazó que Saavedra hubiera amenazado a Fret. “No. La respuesta es no”.

Entre la docena de personas entrevistadas en el pasado como parte del caso, la fiscalía interrogó en febrero de 2019 al cantante de música urbana Ozuna, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado. También entrevistó a Saavedra, en abril de 2019 .

Al salir de sus interrogatorios, ambos dijeron que las preguntas que recibieron de parte de Quiñones fueron sobre las alegaciones de extorsión.

Sin embargo, Quiñones sostuvo ayer que “decir que cuando entrevisto al cantante, lo entrevisto para verificar lo de la extorsión, es incorrecto”.

“En la única vez que he podido entrevistarlo (a Ozuna), yo no entro para verificar una extorsión. Eso es incorrecto, porque ya yo tenía información del FBI en Miami de que eso (la extorsión) no se había llevado a cabo”, dijo la fiscal.

Señaló que el FBI en Miami “se encargó de la investigación, la concluyeron, la cerraron, y en el cierre de esa investigación indican que no hubo ninguna extorsión, que el dinero se daba de forma voluntaria, que no había habido ningún tipo de presión en términos de entregar el dinero, que se entregaba de manera voluntaria”.

Cuando se le insistió en la pregunta sobre si los pagos de Ozuna a Fret eran frecuentes, sin extorsión o presión alguna, Quiñones dijo que “esa es la conclusión a la que llega el FBI, que no hubo tal extorsión”.

“Se daba de manera voluntaria el dinero”, reciteró.

En entrevista con El Nuevo Día en noviembre pasado, Quiñones aseguró que, mediante memorandos internos en el Departamento de Justicia, en abril de 2019 denunció que ese mismo mes recibió instrucciones para detener las entrevistas, después de haber interrogado a Saavedra.

“Una vez culmino la entrevista de Vicente Saavedra, surge la llamada telefónica de parte de (la entonces jefa de fiscales de Justicia) Olga Castellón diciéndome: ‘no puedes seguir entrevistando’”, dijo ayer Quinones.

Agregó que durante la entrevista en abril de 2019, Saavedra aludió a que tenía acceso al entonces gobernador Ricardo Rosselló, así como a personas influyentes cercanas al funcionario en aquel momento.

“En más de tres ocasiones durante la entrevista lo estuvo diciendo”, apuntó Quiñones. “Y que ‘le llegaba’ (a Rosselló), como él lo manifestaba... que ‘le podía llegar directamente’.

“Mencionó a varias personas que en ese momento estaban relacionadas con el gobernador, pero no me intimidé en ese momento”, añadió la fiscal, quien aseguró que tras hacer pública sus denuncias “he recibido la presión de haber dicho lo que para mí es correcto”.

Ante la pregunta sobre esas expresiones de Saavedra durante la entrevista constan por escrito, Quiñones contestó que “sí”.

La funcionaria ha indicado que desde Justicia nunca ha recibido una contestación por escrito sobre las denuncias que hizo en relación a la alegada petición de que detuviera las gestiones investigativas en este caso.

“Yo no creo en las coincidencias”, dijo Quiñones. “Justo después de la entrevista de Vicente Saavedra me llama por teléfono la jefa de fiscales, el día después, diciendo que ‘se paralizan todas las entrevistas que tengas hasta nuevo aviso’”.

En noviembre pasado, las alegaciones de Quiñones fueron referidas por el actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli,a la Oficina sobre el Panel de Fiscal Especial Independiente (Opfei).

Luego, la exjueza Crisanta González Seda fue asignada por la Opfei para investigar las denuncias y rendir un informe con una recomendación a los miembros del Panel, sobre si procede o no la asignación de un fiscal especial independiente.

Mientras, la pesquisa por el crimen sigue en curso. En agosto pasado, el caso fue transferido a la División de Crímenes Mayores de la Policía.

Fret fue asesinado con dos disparos en la madrugada del 10 de enero de 2019, en la avenida Eduardo Conde, de Barrio Obrero, en San Juan.

Al ser entrevistada por El Nuevo Día en noviembre pasado, Quiñones expuso que “tenía una lista de sospechosos y la tengo todavía. Y los sospechosos siguen siendo los mismos ”.

Quiñones expresó ayer que, hasta el momento, todas las personas “se han entrevistado como posibles testigos, pero pueden cambiar de categoría”.

“Yo los puedo cambiar de categoría en términos de que los entrevisté como testigos y, posteriormente, los puedo declarar como sospechosos, en el término de tiempo de que consiga la evidencia suficiente para demostrarlo en un tribunal”, dijo la fiscal.

“Sí, entiendo que entre las personas que entrevisté están los sospechosos”, añadió Quiñones.

La funcionaria abundó que su investigación la ha llevado a dividir a los sospechosos entre “autores intelectuales y autores materiales”.

“Desde el principio que se me asignó el caso, siempre he tenido los autores intelectuales bien presente y entiendo que ellos dieron las instrucciones para que se ejecutara el asesinato de Kevin”, comentó.

Antes de que la alegada paralización de la pesquisa criminal, en abril de 2019, la entonces directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Mayda Ortiz, dijo a El Nuevo Día que “tenemos dos personas de interés, ambos varones, que no han sido localizados, pero estamos realizando todas las gestiones para dar con estos individuos”.

Dos años después, en abril de 2021, la Policía informó a ese medio que “una persona de interés” en relación al asesinato era un hombre identificado como Christian Joshua Castro González, alias Pu, murió baleado seis meses después de Fret, en julio de 2019.

A su vez, la entonces sargento de la División de Homicidios, la Omayra Arnaldi Vélez, detalló en aquel momento que “la investigación es amplia, pero como persona que haya disparado, solo tenemos a Castro González, hasta el momento”. La teoría era que Castro González, supuestamente, fue uno de dos gatilleros que dispararon contra Fret.

El mes pasado, la madre de Fret, Hilda Rodríguez, dijo a El Nuevo Día que, en la noche del asesinato, su hijo recibió una llamada de parte de Castro González, quien también era buscado por las autoridades porque supuestamente pertenecía a la organización narcotraficante conocida como Las FARC, según la Policía.

“A él (Fret), quien lo sacó (de la casa) fue el que le llamaban Cristian Pu, que casualmente lo matan después a los par de meses”, dijo Rodríguez.

Rodríguez también relató a este medio que Fret había recibido una llamada amenazante de parte de Waldemar Febres y Edison Merced Olivera, quienes fueron arrestados en República Dominicana y extraditados a Puerto Rico, donde el mes pasado fueron sentenciados a prisión como miembros de la organización narcotraficante Las FARC.

Quiñones dijo ayer que, según su investigación, hubo unos autores intelectuales “que le piden a una organización criminal, que en este caso es Las FARC de Santurce, que cometan los hechos por los que mataron a Kevin”.

La fiscal insistió en que esos “autores intelectuales” son distintos a los que balearon a Fret, porque “tramaron, conspiraron, dieron las instrucciones, solicitaron la ayuda de una organización criminal de allí mismo de Santurce, para que fuera desde la organización criminal que se efectuará el asesinato”, afirmó Quiñones, quien aseguró que “he recibido amenazas personales”.

FUENTE: elnuevodia.com