Fiscalía federal solicita 30 meses de prisión para exdirector de Obras Públicas de Cataño

Según la denuncia, en 2019, 2020 y 2021 conspiró para recibir dinero a cambio de proyectos de asfalto en el municipio de Cataño. El cargo alega que recibió al menos $1 por cada metro cuadrado de asfalto removido por la Compañía A, que no fue identificada, pero se sabe que se trata de la empresa JR Asphalt, involucrada en el caso de Delgado Montalvo y con otros funcionarios acusados otros municipios.

En su moción, la fiscalía indicó que coincidía con la defensa del acusado de que no le aplicaba una consideración de las guías de sentencia que lo podían llevar a la cárcel por un máximo de 57 meses, debido a que su nivel de responsabilidad era menor dentro del esquema.

“Mientras el señor Marrero fue ascendido a director de Obras Públicas y participó directamente en el esquema de soborno al aceptar las comisiones ilegales, no fue responsable por el acuerdo original para conceder los contratos a la Compañía A y fue instruido por un oficial electo para otorgar los contratos a la Compañía A”, explicó la fiscalía federal.

No obstante, la fiscalía planteó que “la naturaleza y circunstancias de la conducta del señor Marrero requieren un castigo serio y significativo”.

Recordó que, además de negociar el esquema, recibió los pagos en efectivo que no reportó al Departamento de Hacienda, por lo que “defraudó a la comunidad que fue contratado para apoyar”.

Al citar jurisprudencia de casos en Estados Unidos, el Ministerio Público argumentó que “un término de encarcelamiento significativo se requiere para promover el respeto para nuestras leyes de anticorrupción y restablecer la fe en la integridad de nuestras agencias de ley y orden”.

Agregó que la sentencia debe dejar claro que “el soborno es un crimen serio que conlleva los castigos serios correspondientes”.

“Además de promover el respeto por las leyes anticorrupción y disuadir a las personas de participar en este tipo de comportamiento corrupto, las sentencias estrictas también sirven para proteger al público de daños mayores”, expuso la Fiscalía federal.

Añadió que “a medida que la cobertura noticiosa del esquema en Cataño y la conducta ilegal de otros funcionarios gubernamentales y contratistas han atraído la atención local y nacional (de Estados Unidos), es claro que los ciudadanos de Puerto Rico se sienten frustrados por la corrupción generalizada que existe en la Isla”.

“El señor Marrero, residente de Puerto Rico y funcionario del gobierno durante mucho tiempo, optó por traicionar a sus conciudadanos y actuar de manera corrupta para aceptar pagos en efectivo para su propio beneficio financiero”, afrimó.

La vista de sentencia, que fue pautada para el 7 de septiembre, en la sala 7 del Tribunal Federal en Hato Rey.

FUENTE: elnuevodia.com