Para el gobernador Pedro Pierluisi, las leyes que existen actualmente para evitar la corrupción tienen garras suficientes y funcionan, por lo que se requiere de un cambio de “cultura” para que casos de soborno a cambio de beneficios en contratos, como el que se ventila en el Tribunal federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, no sigan ocurriendo.
Según el mandatario, los servidores públicos y los empresarios deberían tomar como ejemplo este y otros casos como un “disuasivo” para no cometer los mismos errores.
“Aquí lo positivo dentro de lo negativo de la controversia es que todo esto está saliendo a la luz pública y espero que eso sirva de disuasivo para otros alcaldes u otras alcaldesas que no caigan en ese tipo de conducta. De igual manera, que también sirva de disuasivo para que contratistas que tiene el gobierno, tanto a nivel central como municipal, no caigan en este tipo de esquema que es obviamente ilegal”, señaló en un aparte con los medios después de la entrega de equipo a agencias de seguridad pública.
El gobernador mencionó que el caso lo que demuestra es que “no hay impunidad” y que es importante que se imparta justicia para que los acusados “aprendan su lección” y otros aprendan “por cabeza ajena”.
Sin embargo, durante el juicio contra Pérez se escuchó el testimonio de otro exalcalde, el de Cataño Félix “Cano” Delgado, quien aseguró que los alcaldes tienen poder sobre a quién se entregan contratos, incluso aunque haya un proceso de subasta, porque solo basta tener a alguien de confianza en esa junta.
Por esa razón, el gobernador agregó que las autoridades “están llamadas” a investigar a toda persona involucrada en el esquema descrito por Delgado, así como cualquier denuncia que llegue de irregularidades.
Aunque aún no se ha dictado sentencia contra Delgado, quien coopera con las autoridades, ni contra otras personas que han admitido la comisión de delitos de corrupción gubernamental como Anaudi Hernández, a quien tampoco se le ha impuesto tiempo de cárcel, Pierluisi sostuvo que ya “tenemos penalidades bien serias”.
“Se pierde la libertad cuando se incurre en este tipo de conducta, se inhabilita la persona prácticamente de por vida para poder laborar en el gobierno o rendirle servicios al gobierno. Esto es una cuestión más de compromiso social colectivo para actuar como la ley lo requiere, hay que cambiar conductas, cultura, hay que propiciar que el gobierno sea totalmente limpio y que se respete al pueblo de Puerto Rico”, señaló.
FUENTE: elvocero.com