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Luego que un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) revelara que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) pagó “ilegalmente” la cantidad de $27,237,370 en fondos federales a dos contratistas por concepto de servicios profesionales tras el azote del huracán María, sin que mediara un contrato y con vigencia retroactiva, el gobierno desconoce cómo se efectuará un proceso de recobro del dinero, si alguno.
El comisionado del Nmead, Nino Correa, precisó que el asunto sería atendido por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), que es desde su creación, en 2017, el representante autorizado del gobernador (GAR, en inglés) ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“A quien le compete esto es bajo la oficina del GAR, que ellos son los que deben aclarar el proceso. Ya es de conocimiento de ellos”, dijo Correa.
Pero el período auditado por la OCPR y en el que se encontró la presunta irregularidad fue del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2019. Para ese entonces, el GAR era la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), dirigida por José Marrero.
La OCPR recomienda en su informe que en el Nmead “evalúen las acciones de recobro”, pero Correa refirió al COR3, agregando que no ha recibido directriz alguna de la oficina. “Les compete a ellos. Me dan conocimiento por ser el incumbente ahora (en el Nmead)”, sostuvo Correa, quien es comisionado desde el 9 de julio de 2020.
Destacó que en el Nmead se han tomado medidas en el “procedimiento de manejo de contratos”.
Los pagos cuestionados se hicieron mientras estaba en vigor un decreto de Rosselló Nevares que declaró una emergencia sobre la isla y “eximió a los contratistas y a cualquier agencia, entidad o corporación pública adscrita a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de cumplir con cualquier requisito impuesto por ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicables que regule el proceso de contratación gubernamental”, dice la auditoría.
A preguntas de El Nuevo Día sobre por qué el hallazgo no fue referido a Justicia, la contralora Yesmín Valdivieso respondió que “el problema estuvo en el revolú de pasarle la administración del contrato del Negociado a OGP y luego a COR3… Lo de crear el COR3 tomó un tiempo, pero el trabajo se hizo”. Explicó que corresponde al Nmead hacer el recobro con los contratistas y, si se niegan, se acude a Justicia.
El COR3 no respondió ayer a una petición de información o entrevista.
Entretanto, el director actual de la OGP, Juan Carlos Blanco, dijo en declaraciones escritas que advino en conocimiento del pago ilegal tras la reseña periodística de la auditoria. “No podemos brindarles información inmediata. Al momento, la OGP no ha recibido petición de información o consulta de parte de la Oficina del Contralor sobre dicho particular. Por lo que, para compartir la información se necesita hacer una búsqueda en los archivos y evaluar documentos, entre otras gestiones”.
Por su parte, FEMA indicó que “no ofrecerá declaraciones de este tema”.
Los contratos con las dos empresas a las que se le hicieron pagos ilegales, según la OCPR, se originaron mientras Abner Gómez era comisionado del Nmead y Héctor M. Pesquera era secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Gómez fue sucedido en el Nmead por Carlos Acevedo tras ser relevado como GAR por Pesquera.
“Todo lo que iba a decir se lo dije al contralor. Yo establecí cuándo yo me fui y quién es responsable de esa fecha en adelante. Le dije que dejaran saber cuándo yo tenía autoridad ahí (Nmead). Esto (auditoría) es algo que yo sabía que iba a salir en algún momento”, dijo Gómez a El Nuevo Día.
FUENTE: elnuevodia.com
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