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En aras de implementar las medidas expuestas en la declaración de emergencia por la crisis de erosión costera, el gobierno se prepara para realizar un inventario de las propiedades no habitadas, abandonadas o en ruinas en la zona costanera, aunque todavía no hay fecha para el inicio de esta encomienda.
El gobernador Pedro Pierluisi emitió ayer la Orden Ejecutiva 2023-009, disponiendo que, conforme a los recursos fiscales asignados y “hasta donde estos sean suficientes”, se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a elaborar el inventario de propiedades.
La orden dispone que esta función no solo recaerá en el DRNA, sino que se trabajará en colaboración con los municipios, la Junta de Planificación y otras entidades públicas, privadas y sin fines de lucro, así como la academia. Ayer, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, dijo que contará con dichas entidades, pues tiene “personal limitado”.
A través de la orden ejecutiva de unas nueve páginas, el gobernador da paso a la creación del Comité de Acción para la Adaptación y resiliencia ante la erosión costera, que estará a cargo de evaluar el listado del inventario de las propiedades y tendrá la encomienda de determinar las medidas de mitigación a seguir.
Mientras, Rodríguez indicó que la orden “evidencia una vez más el compromiso y proactividad de esta administración para mitigar las consecuencias del calentamiento global”. La titular del DRNA planteó que, para cumplir con las nuevas encomiendas, se trabajará en conjunto con distintas entidades.
Para enfrentar la erosión, la orden dispone una multiplicidad de responsabilidades al DRNA, entre ellas el deslinde de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre, la demolición y remoción de estructuras en ruina, la restauración de arrecifes de coral y de ciénagas y humedales y hasta la siembra de manglares.
La orden, además, plantea que el gobierno se compromete a no desarrollar más instalaciones públicas en la zona costera. De igual manera, ordena la asignación de $5 millones provenientes de fondos ARPA y $100 millones del Programa CDBG-MIT, para cumplir con las encomiendas dispuestas en la nueva orden.
Como parte del plan, el gobernador mencionó que se intentará convencer a los residentes de zonas cercanas a la costa e inundables a reubicarse. Incluso, el gobernador estimó que hay 50,000 personas en zonas susceptibles a marejada ciclónica, datos provenientes de un informe del Servicio Geológico federal.
“A menos que haya menores o personas con discapacidades que básicamente obliga al Estado a actuar para reubicarlos, hay libertades en Puerto Rico y la gente escoge donde vive si ese es su hogar. No es que puedes reubicarlos así porque sí”, manifestó Pierluisi, a preguntas de una periodista.
Empero, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, planteó que los programas del CDBG-MIT sirven de ayuda para poder relocalizarlos.
De otro lado, Pierluisi afirmó que la alegación de culpabilidad que harán sus primos Walter y Eduardo Pierluisi Isern en la esfera federal, imputados de haber ejecutado un esquema para lucrarse en casi $4 millones, no tendrá “ningún” impacto en sus aspiraciones políticas para la reelección en 2024.
“Me apena la situación, pero me molesta de igual manera porque toda corrupción es reprochable. Todo acto de corrupción es repudiable, venga de donde venga, incluyendo de mis familiares. Me apena porque estamos hablando de familia, pero aquí no hay excepciones”, puntualizó el mandatario.
FUENTE: elvocero.com
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