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Dentro del acuerdo final sobre el proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) James M. Inhofe para el año fiscal 2023 (H.R. 7776), que se prevé se apruebe en la Cámara de Representantes federal, se logró incluir importantes beneficios, obras de construcción, medidas de seguridad, atención a veteranos, respuesta a desastres y conservación de ecosistemas para Puerto Rico, informó ayer la comisionada residente, Jenniffer González.
La medida, que es el resultado final de las negociaciones entre ambos cuerpos del Congreso, combina la autorización de proyectos militares y proyectos de agua. Estos últimos estaban incluidos regularmente en un proyecto aparte conocido como el proyecto de ley de desarrollo de proyectos de agua, o WRDA en inglés. Una vez autorizadas las propuestas de construcción militar incluidas en NDAA, quedaría pendiente la aprobación de otro proyecto de ley de asignaciones generales para el año fiscal 2023 para financiarlas.
En específico, la legislación autoriza dos proyectos de construcción militar en Puerto Rico. Estos incluyen $14.5 millones para Talleres de Mantenimiento e Ingeniería en Camp Santiago, y $24 millones para el Centro de Reserva del Army en el Fuerte Buchanan.
Además, se extiende la autorización para llevar a cabo el proyecto de Reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey, originalmente autorizado en $61 millones para el año fiscal 2018, hasta el 1 de octubre de 2023 o la fecha de promulgación del NDAA para el año fiscal 2024, lo que ocurra más tarde. Igualmente, se reautorizan proyectos de construcción militar para la Guardia Nacional por $46 millones para el Centro de Preparación militar en Arroyo y $122 millones para Camp Santiago.
Por otro lado, reconociendo que el trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace, en inglés) es crucial para la seguridad en Puerto Rico, se logró intensificar el trabajo de USACE en la isla con la mayor asignación de fondos en su historia: $2.6 billones.
De acuerdo con un comunicado, entre ellos se le pide a Usace que agilice la finalización de los estudios de viabilidad para los proyectos de control de inundaciones para río Grande de Loíza en Gurabo y Caguas y río Nigua en Salinas. Si se determina que los proyectos están justificados en un informe completo, Usace puede proceder directamente a la fase de planificación, ingeniería y diseño previo a la construcción.
También se autoriza a Usace a mantener el canal de navegación en el puerto de Yabucoa, si se cumplen ciertas condiciones. Estas incluyen una petición de la parte interesada no federal y una determinación por la agencia que dicho mantenimiento está económicamente justificado y ambientalmente aceptable, y que el canal fuera construido de acuerdo con los permisos aplicables y los estándares de diseño e ingeniería apropiados.
Se le requiere a USACE que, en la mayor medida posible, acelere la finalización del proyecto de control de inundaciones del río Guayanilla que ya había sido autorizado por la sección 401(2) de WRDA 2020. Además, que acelere la finalización de los proyectos y estudios de control de inundaciones del Programa de Autoridades Continuas para el rio Aibonito y sus alrededores: río Canóvanas; Municipio de Orocovis; Municipio de San Sebastián; Municipio de Villalba; río Inabón en Ponce; río Yauco y la quebrada Berrenchin.
Protección de corales
De otra parte, se incluye lenguaje que reautoriza la Ley de Conservación de Arrecifes de Coral de 2000, que expiró hace 18 años (año fiscal 2004). Entre otras disposiciones, la NDAA actualiza el Programa de Conservación de Arrecifes de Coral de la NOAA y aumenta su nivel de financiación autorizado a $45 millones para cada uno de los años fiscales 2023 a 2027; proporciona nuevas herramientas y recursos para apoyar los esfuerzos estatales y territoriales para restaurar y administrar los ecosistemas de arrecifes de coral.
Seguridad Nacional
En aspectos de seguridad nacional, se requiere que el secretario de Defensa dé un informe, a más tardar un año después de la promulgación del NDAA para el año fiscal 2023, sobre la postura y las capacidades militares de Estados Unidos en la cuenca del Caribe, particularmente en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y sus alrededores.
El NDAA igualmente incluye la Ley de Autorización de la Guardia Costera Don Young de 2022, que reautoriza las actividades de la Guardia Costera para los años fiscales 2022 y 2023. Entre otras disposiciones, hay requisitos de informes y recursos adicionales para ayudar a la Guardia Costera a realizar las misiones para garantizar la seguridad marítima y el comercio, combatir el narcotráfico, proteger las fronteras marítimas de la nación, y hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos en el mar.
La Ley de Autorización de la Guardia Costera autoriza el financiamiento para la adquisición de embarcaciones adicionales, como $300 millones para un duodécimo escampavía “cutter” de seguridad nacional y $420 millones para seis escampavías de respuesta rápida adicionales.
FUENTE: elvocero.com
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