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El grupo Adhoc de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) advirtió a la jueza Laura Taylor Swain que el Plan de Ajuste de la Deuda de la corporación pública sometido por la Junta de Control Fiscal (JCF) es “inconfirmable” en una moción presentada en oposición al calendario propuesto con relación al documento.
Entre los elementos esbozados por estos acreedores para sustentar el argumento figura el hecho de que, según el grupo, el ente fiscal ofreció una declaración de divulgación que no brinda información suficiente y precisa que permita tomar decisiones informadas a la hora de votar a favor o en contra del plan.
De igual manera, el grupo Adhoc señaló que el PAD propone el pago de manera arbitraria a bonistas y otros acreedores no más de $5.4 mil millones, lo que es una cantidad mucho menor que la que la propia junta fiscal estableció públicamente que la AEE puede pagar el 8 de noviembre de 2022, cuando indicó que dicha suma totalizaba cerca de $7.8 mil millones.
“La junta fiscal no explica cómo $2.4 mil millones en ingresos disponibles para el pago de acreedores simplemente desaparecieron en cuestión de unas semanas. Tampoco explica por qué la AEE era capaz de ofrecer a los acreedores una mayor capacidad de generar ingresos en la negociación para luego reclamar en litigación que esos ingresos no existen. La declaración de divulgación no provee información -literalmente ninguna- sobre las bases en las que la junta fiscal llegó a su nueva (y aún más pesimista) visión de lo que la AEE puede pagar”, reza la moción.
Precisamente ayer, la jueza Swain concedió más tiempo a las partes para presentar ante la corte un reporte de estatus, ya que todavía se encuentran a la espera de una determinación del segundo contrato de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
Limitado el tiempo para el descubrimiento de prueba
Por otro lado, el grupo de bonistas también criticó el espacio de tiempo propuesto por la junta para el descubrimiento de prueba en caso de que inicie el proceso de confirmación del PAD, ya que plantearon el 29 de marzo de 2023 como la fecha final para presentar documentos de intención del participar en el proceso, dejando meses para evaluar la evidencia de cara a la vista de confirmación en julio del mismo año.
A pesar de los señalamientos, la jueza Swain optó por mantener el proceso en curso basado en lo mejor para los intereses del deudor (la AEE) y sus acreedores, al tiempo que catalogó como adecuado y apropiado el tiempo otorgado para presentar cualquier objeción a la celebración de una vista para discutir la declaración de divulgación.
La magistrada además adelantó a las partes en el proceso de Quiebra que pretende calendarizar dicha vista para el 28 de febrero de 2023, por lo que tendrían hasta el 3 de febrero para objetar la fecha.
Las partes tenían hasta ayer para contestar cualquier otra objeción con relación a las fechas relacionadas a la discusión de la declaración de divulgación. Además del grupo Adhoc de bonistas, también expresó sus reservas la Asociación Nacional de Bancos de Estados Unidos, que presentó una objeción cautelar y se reservó el derecho para solicitar una vista con carácter de urgencia para discutir cuán adecuada es la información contenida en la declaración.
En cambio, la JCF anticipó que, debido a que muchos de los bonistas no participaron en el proceso de mediación que comenzó en abril de 2022, pretende enviar ofertas de acuerdos que incluyan reestructuraciones y términos para o cerca del 28 de diciembre y que espera las respuestas a estas misivas no más tardar el 15 de febrero de 2023.
Además de la JCF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), participaron en el proceso de mediación el grupo Ad-Hoc; las aseguradoras de bonos National Public Finance Guarantee Corporation, Assured Guaranty Corp. y Syncora Guarantee Inc.; la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier); el Sistema de Retiro de la AEE; el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados y los prestamistas de línea de combustible de la AEE. Estos últimos llegaron a un acuerdo que reduce su reclamo de sobre $700 millones en un 16%.
FUENTE: elvocero.com
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