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En momentos en que los operadores de máquinas de juegos de azar en ruta exigen la fiscalización contra negocios que operan máquinas de manera ilegal, sin contar con la certificación de operador emitida por la Comisión de Juegos, la agencia aseguró que comenzarán los operativos y el procesamiento criminal de los negocios que operen máquinas no autorizadas.
Así lo expuso el director ejecutivo del organismo, Orlando Rivera, tras el Tribunal de Apelaciones de San Juan ratificarles la facultad concedida a la Comisión para reglamentar e imponer sanciones administrativas y criminales contra los negocios que operen tragamonedas de forma ilegal.
“Exhortamos a los negocios a que legalicen las operaciones de sus equipos a través de un operador de máquinas de juegos de azar debidamente certificado por la Comisión. La decisión del Tribunal de Apelaciones dejó claramente establecido que la Comisión puede vender y cobrar derechos por las licencias para la operación de los equipos, según dispone la ley, y eso es lo que estamos haciendo”, declaró el director ejecutivo reconociendo lo difícil de calcular la cantidad de máquinas no autorizadas. Preliminarmente estima que podrían llegar a 85,000.
Agregó que los que operen máquinas sin marbete serán citados por la Policía, para acudir ante los tribunales, por violación a la Ley de Máquinas de Juegos de Azar. Estos comerciantes se exponen a ser procesados criminalmente por la comisión de delitos menos graves, y graves de ser reincidente, lo cual conlleva penas de seis meses a un año de cárcel; al pago de multas -que van de $5,000 a $20,000- y a la confiscación de las máquinas.
Por su parte, Rafael Hernández, portavoz de la Asociación de Dueños y Operadores de Máquinas de Juegos de Azar, exigió la fiscalización contra aquellos negocios que poseen máquinas de juegos de azar sin contar con un operador certificado por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, tras asegurar que a casi tres años de aprobada la ley, no ha sido posible sacar del mercado la maquinaria ilegal que se mantiene fuera del radar del gobierno.
“Estamos dando pasos agigantados para que esta industria se posicione ante las nuevas tendencias de juegos, pero aún más importante, como una fuente de actividad económica creando empleos directos en la manufactura, programación, mantenimiento de máquinas, así como indirectos en las panaderías, colmados y otros pequeños comercios donde estas operan”, agregó.
Acorde con el portavoz, la industria representa una manera adicional de allegar nuevos recursos al fisco para el retiro de policías y otros servicios esenciales. “Queremos continuar entreteniendo a la ciudadanía y, al mismo tiempo, operar bajo la ley como lo estamos haciendo”, acotó.
Operadores solicitan mantener las máquinas actuales
Hernández planteó que el obstáculo principal para la implementación de la ley que protege la industria y los operadores locales ha sido el requisito de una conexión a un sistema central de computadoras, que no existe actualmente y que para ser implementada requiere sustituir las máquinas fabricadas en la Isla por equipo importado.
Ante dicha situación los operadores acordaron solicitar a la Rama Legislativa y al gobierno para que se les permita la operación de las máquinas sin estar conectadas al sistema central de computadoras.
En torno a este tema, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, explicó a este medio que los marbetes serán otorgados una vez los operadores cumplan con la adquisición de las nuevas máquinas que serán compatibles con el nuevo sistema de conexión con las agencias gubernamentales, el cual aseguró prontamente entrará en vigor.
Enfatizó, que finalizada esta etapa de los marbetes, procederán a solicitar propuestas para la conexión de estas máquinas con los sistemas de Hacienda y la Comisión de Juegos, de manera que se le de visibilidad a las ganancias generadas por cada máquina.
Proyecciones de recaudos
El pasado mes de febrero la Comisión emitió las primeras 100 licencias a los operadores que se sometieron al proceso de licenciamiento y fueron declarados dueños mayoristas.
El costo mínimo de una licencia asciende $150,000, ya que por ley el dueño mayorista debe poseer un mínimo de 100 máquinas, y cada uno de los marbetes que deben ser adosados a las máquinas cuesta $1,500. Un operador puede tener un máximo de 250 máquinas.
El pago de los derechos de marbete a los operadores de las máquinas de juego de azar representa ser una operación lucrativa para el fisco tras proyectarse les podría allegar unos $40 millones una vez culmine el plan de pago vigente.
Estiman que, con la conectividad, -a través de la tributación del 33% de las ganancias generadas- le allegue al fisco otros $100 millones.
La distribución de las ganancias de las máquinas se divide en un 67% para los dueños y un 33% para el gobierno, y de este porcentaje se saca el 50% para el retiro de la Policía, 45% para los municipios y 5% para la Comisión, que cuenta con 260 empleados y que incluye al hipódromo y los casinos.
FUENTE: elvocero.com
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