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Según el presidente de la junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE), José Rivera Rivera, el déficit actuarial de ese plan de pensiones superaba $3,026 millones a junio de 2021. El sistema se quedará sin dinero para pagar a los jubilados a partir abril próximo.
El Plan de Ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) propone cerrar el plan de pensiones de esa corporación pública, pero no establece con claridad si, a futuro, el pago de esa obligación saldrá de otro cargo especial en la factura de electricidad de los abonados y tampoco bajo qué condiciones los jubilados cobrarán su retiro, ha denunciado el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE).
Esa falta de claridad y ambigüedad en la propuesta de la JSF, así como la falta de justificación para eliminar los beneficios de pensión definida a los empleados de la AEE es la razón principal para que ese plan de retiro se haya opuesto a la Declaración Informativa, cuyos méritos se analizarán este martes, en una vista encabezada por la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain.
A pesar de los reclamos del grupo organizado de Bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE), de las advertencias del banco custodio de la deuda de la AEE, US Bank, de las observaciones de las aseguradoras municipales Assured Guaranty y Syncora y de los señalamientos del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), Swain dará paso a la audiencia que representa el primer paso en el proceso de reestructuración de la AEE.
En esa vista argumentativa, el SRAEE, al igual que la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), se unirá al coro de opositores a la Declaración Informativa del PDA-AEE con la expectativa de que Swain ordene a la JSF actualizar el documento. Ello con el objetivo de que quienes se vean afectados por los recortes propuestos, puedan aquilatar si en efecto la propuesta de la JSF es razonable.
El cargo para las pensiones, empero, se agregaría al cargo híbrido para pagar a los bonistas de la AEE, que en el mejor de los casos tendría una partida fija mensual de $13 para ciertos abonados residenciales de la corporación pública -y de hasta $1,800 para clientes comerciales e industriales de gran escala, más un cargo variable por consumo eléctrico.
“El SRAEE objeta la aprobación de la Declaración Informativa sobre las bases de que esta no contiene información adecuada para que el SRAEE y otras partes puedan considerar el PDA-AEE de manera apropiada”, reza la objeción suscrita por los abogados Rolando Emmanuelli, Jessica Méndez Colberg, Zoé Negrón Comas, del despacho Bufete Emmanuelli, y Rafael Ortiz Mendoza, del bufete Ortiz Mendoza & Farinacci Fernós.
En rojo la caja de la AEE y sin dinero el plan de pensiones
La objeción del SRAEE y la Utier tiene como telón de fondo la insolvencia del plan de pensiones de la corporación pública que, en esencia, ha colapsado mientras la AEE confronta problemas de liquidez y en ese cuadro negativo, todavía no se incluye la reanudación de los pagos a bonistas, una vez se modifiquen tales acreencias, si el tribunal así lo confirma.
Hasta el pasado 11 de febrero, lo que ingresaba la AEE para cubrir sus gastos no era suficiente. Excluyendo las cuentas operacionales y de reserva, como aquella que la AEE debe mantener para imprevistos según el contrato de operación de LUMA Energy, en esa semana, la operación de la AEE mostraba un déficit de efectivo de casi $37 millones, según el reporte más reciente de la corporación pública y que ofrece una mirada al movimiento de dinero en la AEE en períodos de 13 semanas.
Si la tendencia continúa, en poco más de un mes, es decir hacia el próximo 8 de abril, el déficit de efectivo de la AEE alcanzaría unos $188 millones. Pero a su vez, en ese mismo mes, el SRAEE quedará sin dinero para pagar las pensiones.
De acuerdo con una carta dirigida a los jubilados, el plan de pensiones de la AEE enfrentaba a junio de 2021, un déficit actuarial de $3,026 millones y hasta diciembre pasado, la AEE adeudaba a dicho plan unos $896 millones correspondientes a las aportaciones patronales que debe hacer la corporación pública.
Según la carta suscrita por el presidente de los síndicos del SRAEE, José R. Rivera Rivera, a la falta de pagos de la AEE, se suma el efecto que han tenido las alianzas público privadas al interior de la corporación pública.
En síntesis, escribió Rivera Rivera, la privatización provocó “el desplazamiento de cientos de trabajadores de la (AEE) y propició una ola de jubilaciones, el retiro de las aportaciones de los miembros que renunciaron y la consecuente reducción en los ingresos del SRAEE”.
“Por tanto, les comunicamos que el SRAEE estaría imposibilitado de pagar beneficios de jubilación y otras obligaciones desde abril de 2023 en adelante”, reza la carta de Rivera Rivera en la que se alega que el plan de pensiones ha solicitado reunirse con la JSF para atender la situación sin recibir respuesta alguna.
Ante las denuncias de Rivera Rivera, el secretario de Estado y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, aseguró que no importa la condición del SRAEE, la administración procurará dar “estabilidad mental y emocional” a las 12,000 familias que dependen de sus pensiones en la corporación pública.
“Este gobierno no permitirá recortes en las pensiones de nuestros empleados. Ese siempre seguirá siendo nuestro norte”, indicó Marrero en una declaración escrita.
La solución que provee la JSF
De acuerdo con la objeción del SRAEE ante la jueza Swain, el problema de fondo con la propuesta de la JSF para atender la insolvencia de ese plan de pensiones es que no existen justificaciones para las decisiones que impulsa el organismo fiscal y tampoco precisión en torno a cómo se pagarán las obligaciones por concepto de jubilación.
El PDA-AEE propone, básicamente, lo mismo que se hizo con el Sistema de Retiro para Maestros y los planes que cobijaban a los empleados públicos del gobierno central, municipios y otras corporaciones públicas, al igual que los jueces. Aquellos que reciben una pensión en la actualidad, no verán cambios en sus beneficios, pero los empleados todavía activos en el servicio público, sí verían cambios en lo que sería su pensión a futuro.
Cerrar y congelar los beneficios de pensión de los trabajadores de la AEE ahorraría unos $200 millones.
Según la propuesta de la JSF, el SRAEE cerraría y las pensiones de los jubilados se pagarían a medida que vencen, bajo el llamado sistema “Pay Go”. La nómina aproximada de los jubilados de la AEE ronda $29 millones al mes.
Como parte de esa reorganización, se crearía un fideicomiso que contaría con una aportación inicial de $1 millón para gastos operacionales, pero según la objeción del SRAEE, el dinero provendría del “flujo de efectivo disponible” en las arcas de la AEE.
El PDA-AEE plantea además que, si la JSF prevalece en su litigio para invalidar parte de la deuda pública de la corporación pública, entonces, se transferiría al fideicomiso de las pensiones de la AEE un 20% de la deuda reestructurada de la corporación pública, pero solo después de que se pague a los demás acreedores.
Sin embargo, en el PDA-AEE, el operador LUMA Energy sugiere que si la JSF adoptara un cargo para el pago de las pensiones, este debe detallarse como otro “cargo legado” separado en la factura eléctrica. Pero a juicio del SRAEE, detallar el cargo para pagar las pensiones no implica necesariamente que lo que se recaude a través de dicho cargo estaría dedicado al pago de pensiones.
“Esto crea dudas en cuanto a la fuente de esos fondos, y si esto es sostenible o si acaso estaría disponible”, advierte el SRAEE.
En palabras simples, desde la perspectiva del SRAEE, la solución propuesta por la JSF es discriminatoria, pero también arbitraria. Ello, porque según el plan de pensiones, la propuesta sería contraria a lo dispuesto en la escritura de fideicomiso de la deuda pública de la AEE y que ha sido regla desde 1974. Dicha escritura establece que el pago del retiro de los trabajadores de la AEE es parte de los gastos operacionales de la corporación pública y por ello, tendría prioridad de pago antes de lo que puedan cobrar los bonistas u otros acreedores no asegurados.
“Mientras otros acreedores como los prestamistas de líneas de combustible reciben información detallada de la fuente de pago de sus reclamaciones, el SRAEE aparece en una categoría de gastos generales entre los gastos operacionales de la AEE. Este tratamiento discriminatorio no se justifica o se explica en la Declaración Informativa enmendada”, advirtió el plan de pensiones.
FUENTE: elnuevodia.com
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