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Tras descartarse el plan fiscal recomendado por el gobierno —el cual no contemplaba cambios significativos que pudieran haber empeorado la situación que atraviesan los empleados públicos—, la Junta Federal de Control Fiscal aprobó sin titubeos su propio plan, que amenaza con afectar el bolsillo de más de 80,000 trabajadores al implementar más medidas de austeridad que inciden directamente en sus bolsillos y que también buscan reducir la nómina gubernamental.
Ante la presunta falta de voluntad de la administración del gobernador Ricardo Rosselló para tomar decisiones que pongan la economía en terreno positivo, el ente federal avaló unánimemente poner acción a su palabra e implementar los recortes a las pensiones que generarían ahorros de $694 millones, la reducción de la aportación patronal al plan médico de los empleados públicos y la eliminación del bono de Navidad.
Acordó, además, ampliar su campo de acción al designar los 78 municipios como entidades cubiertas bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
La directora ejecutiva del organismo regulador, Natalie Jaresko, explicó que el plan fiscal sometido por el gobierno no cumple con las disposiciones de Promesa y que, por tanto, tienen que intervenir para mantener la disciplina fiscal.
“El nuevo plan fiscal solo incluye gastos en áreas que han sido justificadas por el gobierno. La implementación completa y a tiempo del mismo marca el camino para que Puerto Rico pueda lograr los objetivos contemplados en Promesa. El mejor tiempo es ahora…”, indicó la directora del ente federal.
Las reformas contempladas por la junta —que el gobernador había declinado implementar— incluyen la reducción promedio de 10% en los pagos de pensiones a un 64% de los jubilados, “de una manera progresiva que proteja a los retirados de caer en niveles de pobreza”. Un 36% de los retirados —quienes ya se encuentran bajo pobreza— no experimentarán recortes en sus pensiones. Esto supone un ahorro de $694 millones hasta 2024.
Igualmente, estandarizará la aportación patronal que reciben los empleados públicos para el plan médico a $125 por mes o $1,500 por año, lo que se traducirá en un ahorro de $47.2 millones para 2024. Asimismo, vislumbra la reducción de compensaciones adicionales no salariales y el ahorro de $70.2 millones con la eliminación del bono de Navidad. El ahorro total en los ajustes de compensación asciende a $163.9 millones para 2020 y $360.8 millones por año a partir de 2024.
En cuanto a la reducción de nómina, el plan estipula que para 2020 la Oficina de Administración de los Tribunales debe reducir $21.6 millones, el Departamento de Corrección y Rehabilitación $55 millones y el Departamento de Educación $192 millones. Para este último, el plan fiscal certificado también sugiere el cierre de más escuelas, ya que con los cierres previos no se lograron los ahorros proyectados.
El plan fiscal reitera propuestas como la reducción presupuestaria a la Universidad de Puerto Rico (UPR), manteniendo solamente las becas para estudiantes con necesidades.
Levanta bandera el jefe de Hacienda
Ante esto, el principal oficial financiero del gobierno (CFO) y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, anticipó que habrá medidas y reformas que aunque estén incluidas en el plan fiscal no serán aceptadas. Aseguró que el gobierno se opone a las reformas a las pensiones y los recortes en el área de salud.
“El gobierno no puede seguir adoptando medidas de austeridad que solo profundizan el sufrimiento de la gente… Los invitamos (a la junta) a que trabajen en conjunto con el gobierno y que no alarmen al pueblo”, indicó.
No obstante, el plan de la junta sienta las bases para otorgar aumentos salariales a policías, bomberos y maestros, así como $4.5 millones adicionales para la nómina del Negociado de Ciencias Forenses (NCF). En dos años, el salario de los policías incrementará en un 30%, mientras que los educadores y directores escolares verán un alza de $500 por un año.
A pesar del aumento que recibirán estos funcionarios, la eliminación del bono navideño representa unos $600 menos, lo que se traduce en un saldo neto de $100 menos al año.
A tomar control de los municipios
Asimismo, la junta designó los 78 municipios de la Isla como entidades cubiertas bajo Promesa para asegurar su viabilidad fiscal. Con este paso, podría complicarse la situación para los ayuntamientos que tendrán que rendir cuentas al organismo federal. Empero, el presidente del organismo regulador, José Carrión, aseguró que no buscan irse por encima de la Ley de Municipios Autónomos, sino crear lazos de colaboración.
La junta iniciará un plan piloto con 10 municipios geográficamente cercanos, cuyos planes fiscales y presupuestos deberán ser certificados por el ente federal. El ente federal recalcó que los pueblos elegidos —Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Quebradillas, Orocovis, San Sebastián y Villalba— no enfrentan retos de solvencia.
FUENTE: elvocero.com
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