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La fiscalía federal entregó los primeros paquetes de descubrimiento de prueba en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, y el exagente federal Mark Rossini, consisten principalmente de 24 grabaciones de audio.
En una moción de estado de los procedimientos, el ministerio público notificó que tienen 16 ‘gigabytes’ de grabaciones y anticiparon que próximamente sumarán más contenido de descubrimiento de prueba.
La fiscalía informó que en unas dos semanas producirán las transcripciones de los testigos que no eran agentes de ley y orden recopiladas por el gran jurado, y también los acuerdos de cambio de alegación de otros potenciales testigos del caso.
A juicio del abogado federal, Miguel Oppenheimer, la decisión de fiscalía de divulgar las transcripciones de testigos que comparecieron al gran jurado es inusual, debido a que esta información se entrega poco antes de que comience la etapa de juicio.
“No sabemos qué dicen las grabaciones, pero se las están proveyendo a la defensa por su obligación de darlas. Lo que buscan es decir que vienen con más y motivarlos a declararse culpable”, expuso Quilichini. “Lo próximo que verás es una segunda ola de divulgaciones. Puede que sean documentos o más grabaciones, y con eso lo que buscan es que el imputado se declare culpable para poder ir a juicio como testigo. Así que esto es parte de un proceso, un baile”, añadió el abogado.
Además, el ministerio público indicó que producirán copia de dos investigaciones paralelas realizadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI). El contenido o la naturaleza de estas investigaciones no se divulga en el escrito de estatus.
Dado el tamaño del descubrimiento, las partes solicitaron al juez Raúl Arias Marxuach que cite la próxima vista de estatus en 70 días, para evaluar la prueba y radicar cualquier moción dispositiva que la defensa entienda apropiada. De autorizarse la solicitud, esa vista sería a mediados de noviembre.
Información confidencial
Por conducto del fiscal del caso, Nicholas Cannon, el ministerio público notificó además que radicarán una moción por separado bajo la ley federal de Procedimientos sobre Información Clasificada (CIPA, en inglés).
La defensa no tendrá derecho a objetar esta solicitud porque es un remedio que aplica solamente a la fiscalía y al tribunal, para proteger la información confidencial utilizada en otras investigaciones.
Según se informó, la ley CIPA es una herramienta de la fiscalía federal para evitar la divulgación de información confidencial y para asesorar al tribunal sobre las implicaciones a la seguridad nacional que tendría dar a conocer esta información protegida.
Tanto Oppenheimer como Quilichini destacaron que no se acostumbra invocar la ley CIPA en casos como el que atienden, porque el estatuto suele invocarse en los casos de seguridad nacional.
“Usualmente se invoca CIPA porque hay información que sea de interés nacional. Esa información puede ser la identidad de un informante”, sostuvo Quilichini.
El vicepresidente de los Abogados y Abogadas, abundó en que la ley CIPA permite que el ministerio público celebre una vista con el juez y sin la defensa, para presentar la evidencia que podría estar protegida bajo el estatuto federal.
Durante esta vista, el juez también puede decidir si permitirá que la defensa acceda a la divulgación del resumen de los documentos confidenciales que no contengan mucho detalle.
“De hecho, CIPA se ha utilizado en varios casos —especialmente con terroristas y con lavado de dinero— y los tribunales han dicho que el juez puede tener estas reuniones ‘exparte’ con fiscalía”, sostuvo Quilichini.
Reitera obligación de entregar la prueba
La moción informativa del ministerio público fue presentada el martes, pero tan temprano como el miércoles el juez Arias Marxuach le recordó al ministerio público su obligación de producir la prueba exculpatoria que haya recopilado como parte de la investigación federal.
“La supresión de ‘evidencia favorable a un acusado’ viola el debido proceso, sin importar de la buena o mala fe de la fiscalía. Más aún, el incumplir con estas divulgaciones podría resultar en sanciones, procedimientos disciplinarios, la exclusión de evidencia y hasta la revocación de una convicción”, establece la orden del juez Arias Marxuach, emitida ayer.
Según han informado las autoridades federales, el esquema imputado a la exgobernadora se extiende desde 2019 hasta 2021. Se indicó que Herrera Velutini operaba en la Isla el Bancrédito International Bank, que estaba bajo investigación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
De acuerdo con el pliego, la pesquisa se centraba en que el banco no estaba llenando los informes de transacciones sospechosas (SAR, en inglés). Se asegura que Herrera Velutini insistió en que la entonces gobernadora destituyera al comisionado de la OCIF George Joyner y nombrara una persona que no continuara la investigación contra el banco. A cambio de sustituir al comisionado de la OCIF, Velutini daría dinero para la campaña a la gobernación.
FUENTE: elvocero.com
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