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La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain mantiene inalterada la suspensión automática de litigios en los procesos de ajuste de deudas bajo el Título III de PROMESA cuando se trata de atender reclamos de acreedores, mientras le otorgó nuevamente cierto aire al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En dos decisiones separadas, Taylor Swain propinó un nuevo revés a las aseguradoras municipales Assured Guaranty, Syncora Guarantee y National Public Finance Guarantee y al grupo organizado de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica(Ad Hoc-AEE), quienes pedían una oportunidad para designar un síndico en esa corporación pública. Además, Swain concedió tiempo adicional a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para presentar sus recursos, luego de que la agencia le indicara que no podía cumplir con estos como secuela del paso del huracán Irma por Puerto Rico.
En el caso de la AEE, la decisión de Taylor Swain se produjo ayer, cuando la jueza concluyó que en la coyuntura actual, y a pesar de que temporalmente los bonistas “sufrirán” el peso de no recibir el pago de sus acreencias, el balance de intereses se inclina hacia la corporación pública, debido al “estatus protegido” que tiene una entidad de gobierno bajo las amplias protecciones otorgadas bajo PROMESA.
Según Swain, quien citó la jurisprudencia en otras controversias similares como aquella de las ciudades de Detroit, Michigan y Stockton, California, los remedios dirigidos a proteger los derechos de los acreedores, como sería levantar la protección contra litigios, no pueden tener el efecto de “interferir” con las operaciones del gobierno.
“El pedido de los demandantes para levantar la suspensión automática de litigios para comenzar una demanda para designar un síndico que administre la AEE es, como resultado, inconsistente no solo con la sección 305 sino con la estructura de PROMESA, que no confiere poder judicial para designar un administrador judicial, síndico, otro gerente u oficial responsable en lugar de la JSF, y prohíbe la interferencia del tribunal que atiende los casos de Título III con los poderes gubernamentales, recaudos y propiedad”, escribió Swain en su fallo.
El fallo de Swain constituye un revés para los aseguradores y bonistas de la AEE. En julio pasado, los bonistas y aseguradores que intentaron por espacio de tres años llegar a un acuerdo voluntario, acudieron a Swain, una vez la AEE se acogió al remedio similar al bancarrota que ofrece el Título III. Entonces, solicitaron a la corte que levantara la suspensión automática de litigios, alegando entre otras cosas, el desmadre administrativo en que se encuentra la utilidad pública, el cambio impuesto en la junta de directores por motivaciones políticas por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la incapacidad de la AEE para cumplir con sus acuerdos contractuales con los bonistas. Esto, al no aumentar las tarifas en más de dos décadas para así honrar el pago de la deuda.
Además la decisión de la jueza se produce una semana después de la jueza de distrito también propinara otro revés a Peaje Investments, bonista de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), quien pedía levantar la suspensión automática de litigios para obligar a esa corporación pública a reanudar el envío de los recaudos de peaje a las cuentas separadas para el pago de la deuda pública.
No pueden “imponerse” cambios a los derechos de los bonistas
Si bien el fallo de Swain parece otorgar a la JSF y al gobierno un respiro, la decisión y aquella de Peaje, solo tienen el efecto de mantener el estado de protección temporal que disfruta el gobierno puertorriqueño a través de PROMESA y así mantener el curso del proceso de ajuste de deudas y que se encuentra en una etapa de mediación por dictamen de la propia jueza.
En ese sentido, Swain dejó establecido que aunque una entidad de gobierno bajo PROMESA posee un “estatus protegido”, la agencia también tiene “la responsabilidad de proponer un plan de ajuste de deudas que pueda ser confirmado” por el tribunal para cumplir con el objetivo ulterior de recuperar “la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, cosa que la AEE ni el gobierno y por ende, la JSF podrá hacer si no llega a un entendido con los bonistas.
De hecho, en su fallo, Swain estableció que “ningún cambio permanente en los derechos de los bonistas de la AEE puede imponerse en ausencia de un plan confirmado o un acuerdo voluntario entre las partes”.
La AAFAF se queda incomunicada
De otra parte, Swain recibió una moción urgente que le presentó la AAFAF para pedir una extensión de un día en los plazos conferidos por la corte para presentar sus argumentos antes de la audiencia del próximo 4 de octubre.
“El huracán Irma resultó en apagones masivos en la isla de Puerto Rico e hizo extremadamente difícil para la AAFAF comunicarse con sus asesores y otras partes en los casos de Título III”, reza la moción en la que la AAFAF indicó que no podía cumplir con los escritos que debieron presentarse el pasado 12 de septiembre.
Swain concedió la moción de la AAFAF, extendiendo así también el plazo de objeción a las partes hasta el próximo 20 de septiembre.
FUENTE: endi.com
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