La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebró este lunes el fallo del Primer Circuito de Apelaciones que le reconoció como la autoridad “exclusiva” de certificar los planes fiscales y los presupuestos del gobierno o sus instrumentalidades cubiertas bajo la ley federal Promesa.
En declaraciones escritas, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, indicó que “la junta continúa operando bajo su mandato legal y dentro de su autoridad fiscal, a pesar de las acusaciones incorrectas” que alegaron los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz cuando demandaron al ente federal por la aprobación del presupuesto vigente.
“Estamos determinados a ejercer nuestra parte para ayudar a que Puerto Rico se recupere de su crisis fiscal y que pueda establecer las bases para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad de todos los puertorriqueños”, agregó Jaresko, al tiempo que se mostró esperanzada en que el fallo a favor de la JSF ponga fin a litigios “innecesarios” y “motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de Promesa”.
El revés propinado por el Primer Circuito de Apelaciones a la rama Legislativa de Puerto Rico reafirma que la estructura de gobernanza que representa la figura de la JSF, creada bajo Promesa, es válida legalmente hablando, aunque una semana antes, otro panel de jueces de ese mismo foro concluyera que el proceso que se siguió para nombrar a sus actuales integrantes fue contrario a la Constitución de Puerto Rico.
El fallo del Primer Circuito de Apelaciones se produce, además, en medio de una disputa entre la JSF y el presidente del Senado, quien según alega el ente federal, se ha negado a proveer acceso a las cuentas bancarias de esa rama de gobierno.
Rivera Schatz y senadores del partido de mayoría han alegado repetidamente que el Senado ha cumplido con los requerimientos de información de la JSF y que la información presupuestaria de esa rama de gobierno es pública.
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El Nuevo Día reseñó la semana pasada que el Senado ha sido una de las pocas dependencias del gobierno en haber publicado sus estados financieros más recientes y que el presupuesto de esa rama legislativa ni siquiera representa el 1% de todo el presupuesto del gobierno.
Empero, la controversia con la JSF no se relaciona con tales divulgaciones sino con la necesidad del ente federal de lograr acceso a las cuentas bancarias de esa rama legislativa. Ante la negativa de Rivera Schatz, la JSF demandó hace poco más de semana al líder senatorial, a fin de obtener la información bancaria y completar una auditoría forense acerca de la posición de liquidez del gobierno.
FUENTE: elnuevodia.com