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La Junta de Control Fiscal presentó anoche una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi y las agencias gubernamentales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el fin de impedir que el gobierno implemente cuatro leyes que supondrían nuevos beneficios de retiro para los empleados gubernamentales.
Específicamente, la junta busca detener la entrada en vigor de la Resolución Conjunta 33-2021 y las Leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020.
Esto, según explicaron, porque se promulgaron sin analizar cuánto costarían los nuevos beneficios de retiro y cómo se pagarían los costos adicionales.
El ente argumentó que las administraciones del gobernador Pierluisi y de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced acordaron explícitamente no implementar las tres leyes hasta tanto el gobierno y la junta no acordaran un plan de implementación asequible.
"La acción legal es necesaria porque el gobierno promulgó la Resolución Conjunta 33-2021, la cual pretende requerir la implementación parcial de la Ley 80 en un plazo de 30 días. La junta está decepcionada porque el gobierno no ha cumplido su palabra de no implementar estas leyes de pensiones que prometen lo que el Gobierno no puede pagar", declaró el presidente de la junta, David Skeel.
Igualmente, Skeel mencionó que la junta habría preferido trabajar con el gobierno para encontrar una alternativa viable de retiro para maestros, policías y otros empleados gubernamentales.
"La junta continuará intentando colaborar con el gobierno para crear una solución asequible", afirmó Skeel.
Basándose en la información proporcionada por el gobierno y en el propio análisis de la junta, el ente determinó que la combinación de las Leyes 80, 81 y 82 podría añadir hasta $8,300 millones a los gastos del gobierno en los próximos 30 años, en incumplimiento con el Plan Fiscal Certificado y con el Plan de Ajuste propuesto, los cuales reducirían la reclamación de los acreedores en un 80% y pagarían las pensiones del gobierno en su totalidad.
Según los propios datos del gobierno, hasta la implementación parcial de la Ley 80, tal y como se contempla en la Resolución Conjunta 33, aumentará los costos más allá de las asignaciones de los Planes Fiscales Certificados para los gastos de pensiones. La mera implementación parcial de la Ley 80 podría suponer para el gobierno unos costos adicionales cercanos a los $61 millones tan solo en el primer año. A menos que el gobierno elimine permanentemente los puestos de los empleados que se retiran de manera anticipada en virtud de la Ley 80, el costo sería mucho mayor.
"Llevamos cinco años trabajando para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles. El Plan de Ajuste se encuentra actualmente en proceso de confirmación. Sin embargo, las tres leyes de pensiones crean nuevas obligaciones de deuda de pensiones vinculadas a un sistema de pensiones ya en quiebra", dijo Skeel.
"Tanto el gobierno como la junta esperan que el tribunal confirme el plan. Lo último que necesita Puerto Rico es que continúe la mala administración fiscal, justo cuando está a punto de salir de la quiebra para recuperar la prosperidad", agregó.
FUENTE: elvocero.com
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