Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
JUNTA DE CONTROL FISCAL

La Junta Fiscal advierte que tomará acción para evitar implementación de ley que viabiliza el regreso de empleados jubilados

La Ley 53 de 2022, aprobada el 11 de junio, permitió que los pensionados del gobierno pudiesen regresar a trabajar a tiempo parcial

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobierno de Pedro Pierluisi que la ley que viabilizó el regreso de jubilados a trabajar en el gobierno (Ley 53-2022) no es cónsona con el plan fiscal y, al igual que con otros estatutos, anticipó que pudiesen “tomar las acciones que consideren necesarias” para evitar su implementación.

“La Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias, de conformidad con las secciones 104(k), 108(a) y 204 de (la ley) Promesa, incluida la búsqueda de remedios para evitar más implementación de la Ley 53. Esperamos que tales acciones sean innecesarias”, advirtió el ente fiscal en una carta de tres páginas con fecha del 18 de noviembre.

La Ley 53 de 2022, aprobada el 11 de junio, permitió que los pensionados del gobierno pudiesen regresar a trabajar a tiempo parcial, al igual que exempleados públicos que se acogieron a un programa de transición voluntaria (PTV). Esos exfuncionarios no reciben una pensión, pues se fueron del gobierno mediante un incentivo sin contar con la edad y los años de servicio para jubilarse.

Además, los empleados que se habían jubilado recibirían, en su regreso, otros beneficios y compensaciones, como el reembolso por concepto de millaje, y podrían aportar a un plan de retiro de contribución definida (PayGo) mientras reciben los beneficios de su retiro original.

“La Junta de Supervisión observa que estas declaraciones malinterpretan ampliamente el plan fiscal certificado. Por ejemplo, el plan fiscal dedica un capítulo completo a la reforma del capital humano y el bienestar, que en gran parte es dedicada al desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación de nuevos empleados”, indica la carta.

Menciona, para sustentar su punto, que la Parte V del plan fiscal que aborda la transformación del gobierno alude a “eficiencias operativas para permitir una mejor prestación de servicios de manera rentable y reduciendo la dotación de personal en los organismos gubernamentales, no aumentándola”.

Acto seguido, la JSF indica que tiene “preocupaciones” con el estatuto porque permite que exempleados del gobierno que se fueron mediante incentivos regresen y puedan añadir más gastos al llamado PayGo. Igualmente, le preocupa la implementación de la Ley 53 respecto a la Ley 80 de 2020, que creó el programa de retiro incentivado, pues podría beneficiar doblemente a los trabajadores.

“Para atender preocupaciones levantadas por la Junta, hemos aclarado a ese organismo que el gobierno no estará reempleando servidores públicos que se retiren bajo la Ley 80 para regresar al gobierno bajo Ley 53″, dijo Pierluisi.

La Ley 80 de 2020 proveía para un retiro temprano a ciertos empleados públicos. La JSF se opuso a la misma y finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno para viabilizar su implantación de forma parcial. El acuerdo entre ambas partes, sometido ante el Tribunal Federal, establece que las agencias e instrumentalidades gubernamentales pertinentes certificaron que eliminar de manera permanente los puestos propuestos de los empleados elegibles para el retiro temprano no tendría un impacto adverso en la capacidad del gobierno de brindar servicios esenciales.

FUENTE: elnuevodia.com

Deja tu comentario

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter