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Puerto Rico necesita derogar la Ley 80 porque la reforma laboral que aprobó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hace un año fue insuficiente, y porque adoptar el empleo a voluntad junto con el crédito por ingreso devengado (EITC, en inglés), entre otras medidas, ha servido para que otros países y jurisdicciones puedan ser más competitivos y crecer.
Eso, en esencia, ha planteado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en un memorando explicativo acerca de la reforma laboral con el que busca –utilizando literatura científica en el tema– evidenciar que en lugar de afectar a los trabajadores, “flexibilizar” las reglas que aplican en las relaciones obrero-patronales se traducirá en más inversión y mejores empleos.
La JSF divulgó el memorando el pasado lunes y lo envió a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, justo el día antes de que Rosselló Nevares enviara a la Legislatura el proyecto de administración A-77 y que, de aprobarse, pondría fin al marco legal que ha prevalecido en la contratación de empleados en el sector privado desde 1976.
El cabildeo en la Legislatura
Fuentes aseguraron que el apoyo se conseguiría a pesar de la férrea oposición a eliminar la ley de los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, José “Quiquito” Meléndez y Urayoán Hernández.
El escenario en el Senado es otro. Allí, dos fuerzas mayores mueven fichas para ambos extremos: el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, y el gobernador.
Rivera Schatz, por ejemplo, se opone tenazmente a la medida. En la Cámara alta, se necesitan 16 votos a favor.
Las delegaciones del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista Puertorriqueño han expresado que votarán en contra.
La visión de la junta
“A menos que Puerto Rico aumente sustancialmente la participación de su fuerza laboral y el empleo, los ingresos continuarán cayendo por debajo de aquellos en los estados continentales y la migración continuará alejando a los puertorriqueños de su lugar de nacimiento”, reza el memorando explicativo de unas 35 páginas más sobre 2,000 páginas de anejos que incluyen estudios en el tema.
Para la JSF, establecer el empleo a voluntad o requerir que quienes reciben asistencia social a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) trabajen no es un asunto de escoger, sino de quebrar los paradigmas que hasta ahora han regido la forma en que funcionan el gobierno y la sociedad puertorriqueña.
Se trata, por ejemplo, de lograr que la tasa de participación laboral aumente lo suficiente como para que más personas paguen impuestos. Además, según la JSF, hay que reducir los costos operativos de las empresas para que estas expandan operaciones y creen más empleos.
A su vez, según el memorando de la JSF, urge incentivar a quienes hoy trabajan, pero no lo reportan, que lo hagan, y para lograrlo, la evidencia apunta a la efectividad del crédito por ingreso devengado (EITC).
Esas medidas, según el economista de la JSF, Andrew Wolfe, deben ayudar a que el producto bruto de Puerto Rico crezca en casi 1% y allegarían unos $319 millones al fisco al cabo de seis años. Ese crecimiento, empero, sería menor a raíz del acuerdo con Rosselló Nevares en el que se excluyó el bono de Navidad y las licencias pagadas.
El memorando de la JSF aclara que los estimados se ajustarán cuando se certifique el plan fiscal.
Reformas aguadas
De acuerdo con el documento de la JSF, Puerto Rico ya hizo una reforma a las leyes del trabajo cuando, el año pasado, Rosselló Nevares aprobó la Ley 4, estatuto que entre otras cosas menguó el alcance de la Ley 80.
Asimismo, según el informe, Puerto Rico también adoptó antes un EITC.
Pero en ambos casos, aunque la la JSF subraya que tales estrategias no funcionan por sí solas, lo hecho por Rosselló Nevares y antes por los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño no sirvió.
Para la JSF, hay una historia de casos exitosos cuando se modifican las leyes que protegen a los trabajadores, como los ejemplos de España, Portugal, India, Eslovenia, México.
Y también hay historias como Perú, donde aumentar en 10% los costos asociados al despido de un empleado contribuyó a reducir las tasas de empleo por 11% para finales de la década de 1980.
La JSF incluso envió a la Legislatura un reporte que refuta que las economías anden “en una carrera hacia el fondo”, uno de los supuestos saldos de la globalización. Según dicho reporte, las economías no compiten con otras eliminando protecciones a los trabajadores, pero las economías que reducen sus protecciones sobre el empleo atraen más inversión directa extranjera (FDI, en inglés) que aquellas que no lo han hecho.
Miradas encontradas
El memorando publicado por la JSF, sin embargo, no convenció al economista José Alameda.
“Se plantea que la Ley 80 tiene un costo significativo, pero no se indica una cantidad”, dijo el catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
Según Alameda, partiendo de las cifras vertidas por el gobierno, el número de reclamaciones por Ley 80 en Puerto Rico apenas rondaría una en cada 300 trabajadores. “No creo que eso sea significativo”, dijo Alameda, quien agregó que no queda claro si eliminar el estatuto abrirá la puerta a otros litigios bajo el Código Civil, neutralizando el efecto positivo que interesa ajustarse.
De acuerdo con Alameda, uno de los retos principales para alcanzar crecimiento económico es que los costes laborales no afectan a todas las actividades industriales de la misma forma.
A manera de ejemplo, dijo el economista, en medio de la crisis, multinacionales como Walgreens y Costco aumentaron significativamente su presencia en la isla, aun con la existencia de la Ley 80.
Alameda tomó con escepticismo la premisa de que Puerto Rico debe derogar la Ley 80 y adoptar el empleo a voluntad para equipararse a los estados donde se trasladan los puertorriqueños. Su argumento es que, aunque en otros estados no exista una ley similar a la Ley 80, cada gobierno estatal tiene requisitos de salario mínimo distintos y posee leyes de diverso alcance para atender diferencias obrero-patronales.
En contraste, para el economista Antonio Rosado, derogar estatutos como la Ley 80 y el salario mínimo es lo que necesita Puerto Rico.
“Por fin, la Junta está en el camino correcto”, dijo Rosado al señalar que se propone la derogación de la Ley 80, pero se incorporan en el presupuesto cifras de inversión pública que no se habían visto en años.
En síntesis, según Rosado, las empresas están dispuestas a invertir y, por ende, a crear más empleos, a cambio de obtener más productividad.
“Se habla de que se quiere proteger a los trabajadores, pero cuando metes salarios y beneficios que no son comparables a la complejidad de las tareas, eso no es productivo”, dijo Rosado al señalar que ello disminuye el interés de la empresa por invertir.
Para Rosado, en Puerto Rico, los salarios continúan bajos con relación a los estados continentales por el reto de la movilidad.
De acuerdo con Rosado, el reclutamiento y adiestramiento de empleados constituye una de las inversiones más importantes y costosas y debido a esto, contrario a la percepción sobre la derogación de la Ley 80, la empresa no está en modo de despedir empleados.
“Las empresas no interesan despedir a la gente que es productiva, interesan despedir al que no lo es”, acotó Rosado.
FUENTE: elnuevodia.com
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