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En momentos en que se ha registrado un incremento en la actividad de construcción cerca de las costas del país, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) no cuentan con un protocolo establecido para la evaluación de proyectos que requieren el aval de ambas dependencias, lo que ocurre particularmente en las obras que implican un riesgo de producir sedimentos que alcancen los cuerpos de agua.
“Quien sea que vaya a construir, sea el proyectista o el dueño del terreno, tiene que entender que, si va a mover terreno de más de cinco acres, bajo la nueva reglamentación, necesita un permiso de la EPA para reducir la sedimentación y erosión que pueda ocurrir en un proyecto de construcción. Esto (surge de) la Ley federal de Agua Limpia. Si va a rellenar un humedal, necesita un permiso también del Cuerpo de Ingenieros. Hemos estado trabajando en Aguadilla, en el área de Salinas, Rincón, Cabo Rojo, porque sin duda hay un ‘boom’ de construcción en el área costanera en todo Puerto Rico”, sostuvo Carmen Guerrero, directora de la División del Caribe de la EPA.
En una entrevista junto a la administradora de la Región 2 de la EPA, Lisa García, quien estuvo en Puerto Rico recientemente, Guerrero destacó que se han topado con proyectos que cuentan con los permisos correspondientes emitidos por el gobierno central o los municipios autónomos, pero no con la autorización federal.
“El factor común es que estas personas no tienen los permisos federales necesarios para controlar los problemas de erosión y sedimentación. Entonces, estamos matando nuestro principal recurso”, puntualizó Guerrero. “El permiso de OGPe dice que no te exime de (obtener) los permisos federales”.
“Esto lo que regula es que, si usted tiene un proyecto y está haciendo movimientos de tierra, toda esa sedimentación se tiene que quedar dentro del proyecto, con las medidas que proponga el proponente y mitigar que cualquier sedimento o material de la construcción salga y vaya a terminar en una alcantarilla o cuerpo de agua”, indicó Cintrón. “Siempre lo notificábamos. Ahora, recapitulando sobre eso, entendemos que podría ser una buena práctica nosotros incorporarlo cuando se emite un permiso acá en la OGPe”.
En junio, la EPA ordenó la paralización del proyecto The Cliff, en Aguadilla, precisamente porque encontró que estaba descargando aguas de escorrentía desde la obra hasta el mar. En aquel entonces, la empresa propietaria de The Cliff, del desarrollador Carlos Román González –quien también es titular de la polémica construcción de un gazebo sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla–, rechazó haber incumplido con los controles de erosión y sedimentación requeridos.
Cintrón Flores reconoció que la OGPe tampoco tiene la obligación de notificar a entidades como la EPA cuando emite un permiso autorizando un proyecto que también precisa de aval federal, por lo que no acostumbra a entablar comunicación por iniciativa propia.
“La comunicación, una vez sale el proyecto, podría mejorar, y me parece que es una superbuena idea que podemos incorporar. Esa comunicación sí puede mejorar, siempre y cuando se mantenga claro que es responsabilidad del contratista o dueño de la obra radicar lo que tiene que ver con esos permisos federales”, recalcó la jefa de la OGPe.
“Me parece que nos podemos reunir con (EPA) y ver cuáles son las alternativas más viables para poder implementar cualquier tipo de memorando de entendimiento o saber cuáles son los proyectos que requieren ese tipo de permiso (federal). Tocar detalles con ellos que nos puedan ayudar a nosotros a ser un poco más claros y efectivos en lo que hagamos o con las notas que pongamos en algún permiso”, agregó Cintrón Flores.
Guerrero, por otra parte, comentó que, en los últimos años, la EPA ha registrado un incremento “significativo” en la cantidad de querellas ciudadanas recibidas en respuesta a presuntos incumplimientos en proyectos de construcción.
“Lo vemos a través de todo Puerto Rico, Vieques y Culebra incluido. En el oeste y noroeste, ha sido bien significativo, y el factor común es que (las obras) no tienen los permisos requeridos por la Ley federal de Agua Limpia”, dijo la exsecretaria de Recursos Naturales y Ambientales.
A pedidos de este diario, la EPA no pudo precisar la cantidad de querellas o denuncias que ha recibido en el archipiélago los últimos años. Sin embargo, en entrevista por separado, el ingeniero José Rivera, quien lidera la Unidad de la Ley de Agua Limpia de la EPA en Puerto Rico, confirmó que ha habido “un incremento en las asignaciones de investigaciones”.
Rivera, asimismo, explicó que la cantidad de permisos de construcción emitidos ha aumentado entre 5% y 10% desde inicios de 2022, con una concentración de proyectos en las costas.
FUENTE: elnuevodia.com
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