Puerto Rico 26 mayo 2017

La probatoria le saldrá cara a la Universidad de Puerto Rico

La institución académica tendrá que costear las visitas de comisionados de la Middle States y otras gestiones

La Universidad de Puerto Rico (UPR) tendrá que identificar y destinar partidas económicas para sacar a ocho de sus recintos de la probatoria impuesta por la Middle States Comission on Higher Education (MSCHE) ante cuestionamientos sobre su estabilidad financiera y la paralización de sus operaciones.

Esta semana, trascendió que la agencia acreditadora colocó las unidades de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Río Piedras y Utuado en probatoria como consecuencia de las dudas surgidas en torno al cumplimiento de estos campus con el requisito de afiliación, sobre la continuidad de las labores académicas; el requisito sobre estabilidad económica y el estándar referente a la disponibilidad de recursos institucionales para apoyar sus funciones educativas.

En su notificación, la MSCHE concedió a los ocho recintos hasta el 1 de septiembre de 2017 para someter un informe sobre las gestiones realizadas dirigidas a retomar su cumplimiento con los requerimientos de acreditación.

El proceso para salir de la probatoria, que podría extenderse por dos años, conllevará varias visitas de comisionados de la MSCHE a los campus y la elaboración y sometimiento de informes, para lo cual se requerirá personal con el peritaje necesario.

Pero, ¿quién correrá con los gastos inherentes a este trámite? La propia UPR, confirmaron en entrevistas separadas el rector del recinto de Humacao, José M. Encarnación González, y el ex procurador y ex síndico estudiantil Rene Vargas Martínez.

De acuerdo con Encarnación González, quien dirige una de las unidades en probatoria, la institución tendrá que sufragar el traslado a Puerto Rico, transportación local y alimentación de los comisionados de la agencia acreditadora que visiten, por varios días y en varias ocasiones, los ocho campus para dar seguimiento a las gestiones de cumplimiento.

A eso se suma el hecho de que “hay personas que se sacan de sus oficinas y salones y tienen que manejar esos asuntos”, como preparar los informes de seguimiento y atender las visitas de la MSCHE, dijo el académico. Afirmó que los gastos que tendrá que realizar la UPR en este contexto no serán “exorbitantes”, aunque no pudo dar un estimado.

“Las acreditaciones son importantes para la universidad y la razón es sencilla. Las acreditaciones permiten que la universidad tome un sitial de integridad institucional”, manifestó el rector de Humacao.

“Lograr salir de la probatoria es una señal constatada por pares de que la universidad tiene un reconocimiento, respeto como institución y que es suficientemente competitiva para que el Estado le garantice operar”, explicó al recordar que de la acreditación de la Middle States también depende la certificación del Departamento de Educación Federal que le permite a la UPR ser recipiente de fondos federales a través de la Ley federal de Educación Superior.

Las becas Pell, los préstamos estudiantiles y el Programa de Estudio y Trabajo caen bajo el Título IV del citado estatuto federal.

Según Encarnación Martínez, un sinnúmero de programas graduados requiere, a quienes interesen ingresar, un diploma de una institución acreditada, lo que ejemplifica la importancia de este aval para la UPR.

“Si nosotros no tenemos la acreditación, ponemos en riesgo toda la confianza pública en la institución. Aunque los estudiantes sean talentosos y competentes, van a perder oportunidades”, agregó.

Entretanto, a juicio de Vargas, de los señalamientos realizados por la MSCHE, el que más preocupa es el de incertidumbre financiera.

“La huelga es temporal. Cuando se abra el recinto, se va a cumplir con el requisito de afiliación”, afirmó el también abogado.

“Pero la universidad que ahora mismo no tiene administración y está inmersa en una huelga tiene que evidenciar cómo va a sobrevivir con un recorte de 60% de su presupuesto”, apuntó en referencia a los recortes ascendentes a $512 millones, al año 2025-2026, previstos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para la UPR.

Asimismo, Vargas, quien fungió como síndico estudiantil durante la huelga en la UPR de 2010, se expresó alarmado por la ausencia de liderato en la institución tras las renuncias de la presidenta interina, Nivia Fernández, y tres miembros de la Junta de Gobierno: Carlos Pérez Díaz, Carlos del Río y Frank Catalá.

“El 1 de septiembre debe ser presentado el primer informe… Estamos a junio y todavía a la universidad no sabe cómo va a lidiar con eso (recortes fiscales)”, señaló.

Como consecuencia de la huelga de 2010, la MSCHE colocó 10 recintos de la UPR en probatoria. Sin embargo, todos lograron salir del escollo antes de los dos años.

La determinación de la agencia acreditadora en aquel momento respondió, sin embargo, al incumplimiento de la UPR con el estándar de gobernanza, recordó Vargas.

Fuente: endi.com

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