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Desde que Félix “el Cano” Delgado Montalvo se asentó en la alcaldía de Cataño, en 2017, las carteras de negocios de Waste Collection Corp. y de J.R. Asphalt Inc. fueron abasteciéndose hasta convertirse en dos contratistas principales del ayuntamiento.
Cataño, que tiene una extensión territorial de apenas cinco millas, otorgó a J.R. Asphalt Inc. $10 millones en contratos de los $13.1 millones que, entre 2017 y 2021, invirtió la municipalidad en acuerdos con compañías de asfaltado.
La empresa cuyo vicepresidente, Mario Villegas Vargas, fue arrestado ayer por las autoridades federales, recibió 51 contratos en cinco años. Villega Vargas hizo alegación de no culpabilidad.
Actualmente, dos de esos contratos, que suman más de $3.5 millones, siguen vigentes porque el alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó, no los ha cancelado, aunque dio a entender que lo hará en algún momento.
Ayer, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, canceló sus contratos con Waste Collection Corp. y J.R. Asphalt Inc., mientras que su homólogo en Caguas, William Miranda Torres, tomó igual acción con la empresa de asfalto, pero al momento de la publicación de esta historia, el portal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico no mostraba que el contrato entre Caguas y J.R. Asphalt Inc., valorado en $3 millones, se había cancelado. Los contratos entre Vega Alta y las dos empresas sí aparecieron en el portal como cancelados.
El contrato de Vega Alta con J.R. Asphalt Inc. tenía un valor de $300,000, mientras que el contrato con Waste Collection Corp. era de $1,275,500.
A medida que los negocios de J.R. Asphalt Inc. y Waste Collection Corp. prosperaban en Cataño, el alcalde Delgado Montalvo también se beneficiaba, pero a título personal con el recibo de dinero en efectivo y regalos.
El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, indicó ayer, durante una conferencia de prensa, que el renunciante alcalde de Cataño aceptó un acuerdo para declararse culpable por un cargo por conspiración para recibir sobornos y comisiones ilegales.
Contratista de la Cámara
Los millonarios contratos que obtuvo Santamaría Torres no se limitaron a los que mantenía con el Municipio de Cataño a través de Waste Collection Corp. Más de una decena de municipios con alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) utilizan los servicios de esa empresa para el recogido de basura.
Además, Santamaría Torres, quien ha sido abogado del PNP y representante legal del comisionado electoral de ese partido en 2008, consiguió millonarios acuerdos con agencias y corporaciones públicas, así como con la Cámara de Representantes.
El Municipio de Cataño y ese cuerpo legislativo han tenido varias conexiones controvertibles.
Una de ellas fue que la esposa de Delgado Montalvo, Roxanna Sifre Maldonado, laboraba mediante destaque en la oficina legislativa de María Milagros Charbonier cuando la residencia de la entonces representante fue allanada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Posteriormente la legisladora fue acusada.
Por otro lado, la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día reveló que dos de los principales contratistas de Cataño el cuatrienio pasado dieron servicios a la legisladora Yashira Lebrón Rodríguez a través de una corporación de nombre LBA Consulting.
Lebrón Rodríguez, sin embargo, dijo que los servicios se los prestaba una tercera persona de nombre Roberto Guerrios, quien no aparece registrado como proveedor de servicios de la Cámara y a quien tampoco le proveyó tarjeta de identificación para acceder al Capitolio, según datos provistos por el cuerpo.
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó que no ha pedido una auditoría sobre los servicios prestados por LBA Consulting y tampoco ha solicitado a la Oficina del Contralor que lo audite.
Hernández Montañez dijo que transacciones como esa no tienen oportunidad bajo su administración, pero que no dispone de dinero ahora para contratar un auditor externo que realice esa tarea. Afirmó que, si se modifica el presupuesto, realizará auditorías forenses, no solo en la oficina de Lebrón, sino en todas.
Por otro lado, actualmente, el consultor Obed Rojas Hoffmann tiene contratos con el Municipio de Cataño, a la vez que es asesor legislativo en la Cámara. Como consultor del exalcalde, contestó, incluso, comunicaciones oficiales que una comisión legislativa le hizo al ex ejecutivo municipal.
Sin embargo, Rojas Hoffman señaló que ese doble rol no lo colocó en una situación conflictiva porque solo solicitó a la comisión cameral una extensión de un término para cumplir con un requerimiento de información.
FUENTE: elnuevodia.com
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