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Con el inicio del nuevo año fiscal, los municipios ya vieron en blanco y negro el nuevo recorte a sus presupuestos y algunos comenzaron a hacer cambios en las finanzas municipales en previsión al próximo año fiscal, cuando se eliminará por completo el Fondo de Equiparación.
El alcalde novoprogresista de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, relató que ayer mismo se reunió con el equipo de finanzas, para identificar de dónde pueden recortar ante la reducción de más de $1 millón a los fondos asignados a este pueblo.
“Hemos aumentado los recaudos con el cobro de patentes y arbitrios, pero cuando sumamos y restamos, el municipio tuvo una reducción de más de $1 millón. El Fondo de Equiparación se ha ido reduciendo todos los años”, indicó.
“Tuve una reunión con mis asesores financieros (ayer) y estábamos contemplando hacer ajustes para el próximo año. Consideramos la reducción de jornada, seguir congelando las plazas de personas que se jubilan, reducir los gastos y estamos siendo agresivos en los proyectos del municipio. Eso ha hecho que los recaudos aumenten, pero no es suficiente”, abundó Rivera Rodríguez.
“Estamos trabajando para no tener que cerrar. Tenemos 70 proyectos de reconstrucción obligados (con fondos asignados). Sería una pena que tantos fondos federales se pierdan porque no podamos operar”, sostuvo el ejecutivo municipal.
El plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal ha ido recortando el Fondo de Equiparación a los municipios hasta eliminarlo en 2023. El año fiscal que comenzó el 1ro de julio representó la reducción de este fondo a la mitad, y del pote de $88 millones quedaron $44 millones.
Ayuda temporal por la inflación
Ayer los municipios comenzaron a recibir el dinero del fondo de $40 millones aprobado por la junta fiscal para paliar los efectos de la inflación, pero solo estará disponible este año fiscal.
El Fondo de Equiparación sale de los impuestos a la propiedad mueble e inmueble y se distribuye entre los municipios, principalmente para ayudar a los más pequeños, que son los que cuentan con menos propiedades y, por consiguiente, reciben menos impuestos. Según se indicó, este fondo llegó a tener más de $300 millones.
A principios de julio, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que pediría enmendar el plan fiscal para salvar este dinero, pero no se ha concretado. Sheila Angleró, secretaria de prensa de La Fortaleza, informó ayer que las enmiendas que propondrán a la junta serán evaluadas por el primer ejecutivo en los próximos días antes de enviarlas al organismo fiscal.
El alcalde popular de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, advirtió por su parte que los $40 millones para manejar la inflación son un parcho temporal al abismo presupuestario, que se complicará más a partir del próximo año fiscal.
Urgió a que se libere a los municipios de las aportaciones que están obligados a hacer, como es el pago de Vital, el plan de salud del gobierno.
“Esa es la lucha de los próximos meses. Hoy (ayer) le voy a cursar una carta al gobernador para que nos deje saber cuándo convocará el comité que prometió crear en las pasadas reuniones entre la Asociación y la Federación de Alcaldes. El gobernador se comprometió a hacer un planteamiento real de enmiendas al plan fiscal”, afirmó Hernández.
“Todo el mundo dice que los municipios tienen que ponerse en cintura, pero no logran entender que los municipios han hecho sus ajustes. Lo que estamos pidiendo es que se mantenga parte del Fondo de Equiparación porque los ajustes subsiguientes no nos van a permitir ofrecer servicios esenciales”, puntualizó.
Explicó que la consolidación de funciones municipales —como sería una oficina de recursos humanos que atienda varios municipios— sería una economía procesal, pero no tendría un efecto real en las finanzas del gobierno. Como ejemplo señaló su oficina de recursos humanos, que representa un gasto de $60,000 al año.
“Eso no haría una gran diferencia en los servicios. Mis remesas (del Fondo de Equiparación) en 2012 eran de $700,000 mensuales. Ahora son $43,000 mensuales”, detalló.
“Las transferencias anuales de los municipios al gobierno son de $400 millones. El gobierno exime del pago de patentes, de contribución inmueble y mueble y eso es un ingreso que dejamos de recibir, pero tenemos que seguir enviando las aportaciones al gobierno. La aportación municipal al plan de salud (Vital) es de $170 millones. Nuestra aportación al retiro de empleados del gobierno es de $150 millones”, explicó el líder de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD).
¿Cómo se sostienen?
Sobre por qué no ha cerrado ningún municipio a pesar de los múltiples recortes presupuestarios, Hernández contestó que lo que mantiene abierto los ayuntamientos son los fondos federales que asignados tras el huracán María en 2017, de los terremotos de 2020 y para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19.
“El huracán María hizo que se detuvieran las reducciones al Fondo de Equiparación y tuvimos dos años de congelación del fondo. Después de María, la junta paralizó los recortes... recibimos un préstamo federal para subsanar nuestra merma en ingresos. Ahora llegó ARPA, que nos subsidió dos años”, desglosó.
“Pero eso se acaba este año. La situación es crítica. Si no cierran este año es porque hay municipios con remanente de ARPA y del préstamo”, añadió el alcalde villalbeño.
Reinaldo Paniagua, director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), sostuvo que muchos municipios tendrán que tomar medidas —como la reducción de jornada— para mitigar los recortes.
“Sí puedo decir que muchos municipios se van a ver obligados a revisar sus jornadas laborales. En algunos va a provocar cesantías y a lo mejor algunos cierran programas que ya no les sean rentables”, alertó.
“Los municipios tienen muchas responsabilidades. Mantenimiento y seguridad en las escuelas, embellecimiento, ornato en las carreteras. Muchas son responsabilidades del Estado, pero no están los recursos y los municipios tienen que hacerlo”, indicó Paniagua.
“Eliminarlo es discriminatorio”
El alcalde popular de Cayey, Rolando Ortiz, puntualizó que el Fondo de Equiparación fue creado para garantizar que todos los puertorriqueños pudieran recibir servicios municipales, sin importar dónde residieran.
“Eliminarlo es discriminatorio y va en contra de los ciudadanos. Pone a los alcaldes en precario y hay municipios que no van a tener recursos para operar”, advirtió. “En los municipios ya no podemos recortar más. Lo que nos queda es eliminar puestos de trabajo”, sentenció.
Por su parte, el alcalde novoprogresista de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, señaló que desde 2017 el municipio comenzó a hacer recortes presupuestarios en previsión de lo que se avecinaba con la llegada de la junta fiscal.
“En ese momento recortamos jornada, privatizamos el recogido de la basura, privatizamos la transportación escolar, eliminamos actividades de pueblo donde el municipio tuviese que invertir dinero. Se siguen celebrando, pero logramos conseguir auspiciadores”, expresó.
“Poco a poco fuimos haciendo ajustes y estamos un poco más cómodos. Comoquiera el dinero que hemos perdido nos hace falta, pero lo hemos ido subsanando con las medidas que tomamos”, aseguró Colón.
FUENTE: elvocero.com
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