No descartan más "trullas" del FBI

No es la primera vez que las autoridades federales realizan comentarios de este tipo, pues el exjefe del FBI en la Isla, Douglas Leff, hablaba de “darle pon” a los políticos corruptos.

Pérez Otero y Benítez Cardona están acusados de conspiración para recibir sobornos o “kickbacks”, soborno con programas federales y extorsión. De ser encontrados culpables, se exponen a una pena posible de hasta 35 años de cárcel cada uno.

Hace una semana, en relación a Delgado Montalvo y Villegas Vargas, tanto Muldrow como el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Joseph González, hicieron hincapié en que las pesquisas y los arrestos por corrupción que se habían visto hasta el momento eran solo el comienzo.

En ese entonces, repitieron que “si el FBI toca a su puerta, ya es muy tarde”. Sin embargo, ayer recurrieron a la importancia de la colaboración y de los informantes.

“Esperamos que la cooperación siga. Mientras la información siga entrando, nosotros seguimos limpiando la casa. La semana pasada estuvimos aquí y pensamos que el mensaje estaba claro. Esto solo comienza. Our work is not done (Nuestro trabajo no ha terminado)”, subrayó, por su parte, González.

En sus escuetas palabras, González afirmó que “ustedes me van conociendo poco a poco y se dan cuenta que cumplo mi palabra. Los casos de corrupción son una prioridad en mi oficina”.

Como parte de la investigación, que lleva varios meses en curso, agentes del FBI allanaron la vivienda de Pérez Otero.

El ejecutivo municipal tiene hasta el 23 de diciembre para informarle al Tribunal Federal si se declararía culpable o no de los tres cargos en su contra. Entretanto, se le impuso una fianza de $10,000 asegurados.

Más tarde, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) suspendió de forma sumaria a Pérez Otero quien, al cierre de esta edición, todavía no había renunciado al puesto electivo y las posiciones que ocupa dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Federación de Alcaldes.

Redefinir a los “chotas”

Los arrestos de ayer se dieron en el marco del Día internacional contra la Corrupción, según designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero no fue a propósito, según Muldrow.

“No quiero confesar que yo no sabía que hoy era el día. Yo sabía (ríe). Es un punto importante, eso pone en perspectiva que eso no es un problema de Puerto Rico. Es internacional, que existe en todos lugares”, destacó Muldrow.

El jefe de la Fiscalía federal reiteró que la colaboración por parte de los testigos en el caso y la información de referencia fue importante para dar con el esquema de corrupción, por lo que hizo un llamado a cambiar la mentalidad de condenar a quienes acuden al FBI cuando notan ilegalidades, tradicionalmente apodados “chotas”.

“Si el pueblo quiere cambiar su país, tiene que cambiar esa mentalidad. Como nosotros decimos, ‘a lo hecho pecho’. Si una persona está cometiendo errores, el pueblo debe cambiar. Esa persona no es un chota, esa persona está tratando de mejorar lo que pasa en ese pueblo o país”, expresó Muldrow.

Miedo duró poco

El pliego acusatorio contra Pérez Otero estipula que el alcalde habría recibido $5,000 mensuales en sobornos y “kickbacks” por parte de un individuo no identificado en el documento, a cambio de mantener vigentes ciertos contratos con el municipio.

Muldrow indicó que, “para ocultar su plan corrupto, se reunían en lugares secretos, se comunicaban con mensajes de texto codificados”.

De acuerdo con el funcionario, el esquema habría ocurrido desde 2019 hasta mayo de este año, pero se detuvo al menos una vez por el “temor” sentido por Pérez Otero tras los arrestos en 2020 de los exrepresentantes María Milagros Charbonier, Nelson del Valle y Néstor Alonso —todos del PNP—, también por sobornos y “kickbacks” en el Capitolio.

“Cuando ocurrió una acusación contra una persona que trabaja en la Cámara de Representantes, eso causó una pausa para pensar que tenía que ser más cauteloso con sus acciones, pero ese temor no duró mucho”, aseguró Muldrow.

El titular de la Fiscalía federal no precisó cuál de los tres arrestos fue el motivo de preocupación para Pérez Otero.

Niegan entrampamiento

Entre la evidencia que forma parte de la investigación, figuran fotografías y videos en los que se ve a Pérez Otero en el asiento del pasajero de un vehículo, desde donde recibe un sobre abultado, que se presume que es parte del dinero de los sobornos.

Las dos fotografías divulgadas parecen ser tomadas desde la puerta del lado del pasajero y desde el lado del conductor. La cara de Pérez Otero no es distinguible porque porta una mascarilla quirúrgica, mientras que la cara de la persona en el asiento del conductor está clara, pero Muldrow se negó a revelar su identidad.

“Estos no son casos de entrampamiento. Punto. ‘Full stop’. It’s not a valid argument in these cases (No es un argumento válido en estos casos)”, manifestó el funcionario en un tono serio.

El entrampamiento es un delito que se comete por una persona debido estrictamente a la planificación de dicho crimen por parte de un agente del Estado.

Los actos criminales por los cuales un gran jurado federal acusó tanto a Pérez Otero como al ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto presuntamente constan en grabaciones de llamadas, vídeos de soborno, vídeos de vigilancia, contratos gubernamentales y sus modificaciones, facturas de pago, fotografías de dinero utilizado para los sobornos, testimonio de testigos y cheques emitidos por el municipio de Guaynabo que se encuentran en posesión de la Fiscalía federal.

En el caso de Benítez Cardona, el empleado municipal habría negociado con un individuo la contratación de una empresa de recogido de desperdicios sólidos a cambio de recibir comisiones ilegales de 75 centavos por el servicio ofrecido a 23,000 casas, para una comisión ilegal que totalizaba $17,250 mensuales.

Como pago inicial para asegurar la contratación, el pliego indica que Benítez Cardona recibió $200,000. Los pagos comenzaron desde junio de 2017 hasta julio de 2021.

FUENTE: elvocero.com