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No ha lugar para los dueños de máquinas de juego de azar

Ahora tendrán que pagar el marbete que le allegará al fisco sobre $12 millones

El juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que la acción de la Comisión de Juegos del gobierno de requerir el pago de los derechos de marbete a los operadores de las máquinas de juego de azar es correcto en derecho, lo que desestima la demanda incoada por Pablo Javier Rivera, LLC y Spin & Win LLC.

El fallo representa para el fisco, en esta etapa inicial —por concepto del pago de marbete de las máquinas de juego de azar— alrededor de $12.5 millones. Debido a la pandemia de covid-19 y su impacto al sector, la Comisión les concedió a los operadores un plan de pago de $500 por máquina cada cuatro meses, comenzando el 1ro de octubre y finalizando el 15 de abril de 2022.

En la fase de renovación de licencia en 2022, el fisco ingresará $37.5 millones por concepto del pago total de los $1,500 de marbete por cada una de las 25,000 máquinas existentes. De este dinero, la Comisión de Juegos obtendrá $7.5 millones, los cuales van dirigidos a la operación de la agencia y fiscalización del cumplimiento de la ley, y otra parte se destina a la Policía de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico (UPR). El dinero restante pasaría al fondo general.

En la Comisión de Juegos confían que al 1ro de octubre cada operador cumpla con el deber legal de pagar los primeros $500 del plan de pago concedido del total de $1,500 por licencia de máquina.

Acorde con Rivera, el objetivo de la Comisión de Juegos es trabajar para organizar y legalizar una práctica que por décadas ha sido ilegal y ha estado “por la libre”. “Hay algunos operadores de máquinas que se resisten a cumplir con la ley, empleando todo tipo de esfuerzo en contra de la implementación de la ley. A estos, les recordamos que operar una máquina de juegos de azar evadiendo la ley conlleva multa, la confiscación de las máquinas y la presentación de cargos criminales. La operación de estas máquinas es un negocio y todos los negocios en Puerto Rico tiene que cumplir con la ley sin distinción alguna”, apuntó.

Por su parte, Pablo Javier Rivera, presidente de Emprecom y uno de los demandantes, se allanó a la determinación del tribunal. “El tribunal es quien tiene el mandato y hay que acatar lo que determine el tribunal”, sostuvo.

FUENTE: elvocero.com

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