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Al tiempo que el Departamento de Salud y la Guardia Nacional desistieron de hacer obligatorias las pruebas rápidas para detectar el coronavirus en todo pasajero que ingrese a la isla, se anunció ayer que una compañía privada se encargará del rastreo posterior de las personas que llegan al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.
De esa forma, el gobierno busca cumplir con la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced (OE-2020-030) que estableció que todo pasajero que llegue a la isla debe permanecer 14 días en cuarentena.
Salud informó que la empresa contratada para el rastreo es Telemedik, que ya inició sus labores. No se precisó el monto a pagarle a la compañía.
Sobre los pasajeros, precisó que efectivos de la Guardia Nacional, con la ayuda de estudiantes de Medicina de tercer y cuarto año de estudios, recopilan -en un sistema computadorizado- toda la información personal y luego la envían a Salud.
Salud, entonces, maneja toda la información de los pasajeros, los casos sospechosos y los positivos al coronavirus, pero solo se encarga del rastreo de los casos positivos. Reyes adelantó que no se descarta en un futuro cercano que los militares acudan a las casas de las personas con resultados positivos al COVID-19 para verificar que cumplen con la cuarentena.
Ahora, esperan por la respuesta de la Agencia Federal de Aviación para que suspenda todos los vuelos a la isla desde estados con grandes cifras de contagios.
Desde mediados de marzo, cuando se decretó una emergencia a causa de la pandemia, los alcaldes y el general Reyes han alertado que la llegada de pasajeros de estados con niveles altos de contagio resulta ser una brecha o burla al toque de queda y las medidas de aislamiento establecidas por el gobierno.
Y, aunque Justicia avaló con una opinión legal que Salud o personal autorizado por la agencia hiciera pruebas diagnósticas a los pasajeros que arribasen a la isla, se optó por no recurrir a esa práctica, precisó Reyes.
La decisión, según dijo, se tomó luego de hacer un análisis ponderado en el que se determinó que obligar a todo pasajero a someterse a la prueba traería “serias complicaciones” para el Estado, incluyendo la posible violación de derechos.
“Es un gran reto. Si usted se pone brava, ¿qué vamos a hacer? Son muchos retos y muchas interrogantes, y creo que el común denominador de esta situación es responsabilidad social”, apuntó el militar.
“A veces, los remedios, hay que pensar que no vayan a ser peor que la enfermedad. Vivimos en una democracia, no en una dictadura”, agregó.
Precisó que se pensó qué se haría con las personas que se rehúsen a hacerse la prueba, si se arrestarían, cómo impactarían estos arrestos a la Policía de Puerto Rico que permanece bajo monitoreo del gobierno federal y cómo segregar, si se contaba con el recurso humano necesario para hacer las miles de pruebas y procesarlas, y quién pagaría los gastos de las personas que se determine que deben permanecer en cuarentena por 14 días.
“Mi recomendación es una (prueba de) manera voluntaria y que el pueblo entienda la importancia de la responsabilidad social de todos nosotros. Es juntos, como pueblo, que vamos a ganar esta guerra. No es una responsabilidad de unos pocos”, apuntó el general Reyes.
Lo que se seguirá haciendo en el aeropuerto es obtener el nombre, la dirección y teléfonos contacto del pasajero. Esa información, precisó Reyes, se coloca en un sistema computadorizado. Se les hacen las preguntas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se les pide firmar un relevo para someterse a la prueba rápida.
FUENTE: elnuevodia.com
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